Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Los escandalosos casos de corrupción que involucran a dos ministros de Obras Públicas en distintos gobiernos —Rafael Sabonge, bajo la administración de Juan Carlos Varela, y Luis Andrade, en el actual gobierno de José Raúl Mulino— confirman una vergonzosa realidad: Panamá se ha convertido en una sistemática productora de sujetos corruptos y grupos delictivos.
Los delitos de corrupción no sólo golpean la economía nacional, sino que han sido perpetrados frente a una ciudadanía que observa con asombro, mansedumbre o indiferencia los atropellos que la perjudican en el diseño de su propio futuro.
El exministro Rafael José Sabonge Vilar enfrenta medidas precautorias de la Contraloría General de la República, que ordenó el secuestro de bienes, fondos, vehículos y otros activos por un monto preliminar de 704.452 dólares, como parte de auditorías forenses.
Por su parte, el actual ministro Luis Andrade es señalado por haber otorgado contratos directos por más de 36 millones de dólares, para favorecer a empresas de allegados que incluso enfrentan intrincados procesos judiciales.
Esos escándalos se han repetido y escenificado en las más altas esferas del poder: presidentes, ministros, diputados, alcaldes y funcionarios de alto nivel han tratado el patrimonio nacional como botín personal, a través de contratos amañados, sobrecostos millonarios y coimas que afectan directamente los bolsillos de la población humilde.
Lo más indignante no es sólo el saqueo económico, sino la actitud de mansedumbre con que gran parte de la población observa esos abusos. Se asume la corrupción como un mal inevitable, reforzado por el pregón popular de “¿qué hay pa’ mí?”, mientras se guarda silencio, indiferencia y acomodo.
Muchos panameños ignoran que cada dólar robado significa una escuela menos, un hospital sin insumos, y lo que es peor: dinero que podría destinarse al aumento de las pensiones de los jubilados de la Caja de Seguro Social (CSS).
La Estrella de Panamá contabilizó que, entre julio de 2024 y junio de 2026, el MOP contrató cerca de 363 millones de dólares, a través de procedimientos directos, ya fuera por vía excepcional o por emergencia ambiental.
Únicamente, ocho empresas concentran más del 64% del monto total contratado en ese período, tanto por licitaciones como por la contratación directa con el gobierno. Pero, la opacidad no se puede ocultar.
Durante las administraciones de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y José Raúl Mulino, los escándalos de corrupción han sumado cientos de millones de dólares en perjuicio del bienestar nacional. Estos datos oficiales sirven para reforzar el argumento esgrimido:
• Martinelli (2009–2014): Caso New Business (19,2 millones de dólares, condena firme de 128 meses de prisión); Caso Odebrecht (+80 millones de dólares en sobornos, juicio en curso); otros procesos como Cobranzas del Istmo, Finmeccanica y el PAN.
• Varela (2014–2019): Continuación del caso Odebrecht; Fraude en Juntas Comunales (51 millones de dólares, 151 imputados); Operación Pandora (40 millones de dólares en créditos fiscales ilegítimos); Tribunal de Cuentas con 284 expedientes por 222,4 millones de dólares. Las cifras son impactantes.
• Mulino (2024–presente): Operación Pandora (16 aprehendidos, 40 millones de dólares); Juntas Comunales con sobrecostos y planillas “cashback”; Tribunal de Cuentas con 63 llamados a juicio en 2026. Sin duda, es un hecho vergonzoso.
Los administradores de la denominada ”cosa pública” han demostrado que, sin sanciones ejemplares y sin un pueblo vigilante, el poder se transforma en licencia para el abuso. La corrupción es más que un delito. En realidad, es un obstáculo para el desarrollo humano y social en este país.
La mansedumbre ciudadana, esa actitud de “poco importa”, que se repite cada cinco años, es el terreno fértil en el que germina la impunidad. Allí florecen mafias y corruptos que se enriquecen sin pudor frente a un pueblo resignado. Y esa resignación es tan dañina como el saqueo mismo, porque perpetúa el ciclo del fraude y del atraso.
El neoliberalismo y la imposición de agendas políticas violatorias de la soberanía explican la pérdida del sentido de la honestidad patriótica, que es necesario recuperar. Lamentablemente, se pasó del concepto del uso más colectivo de los recursos canaleros al despojo, al latrocinio y la impunidad que convierten a Panamá dn un país de malditos.
Sabonge creo que fue ministro en la administración de Nito Cortizo o estoy equivocado??
[9:00 p. m., 17/9/2026] Mariadel Carmen Dorado: Buenas noche Sr. Toty.
Tiene usted mi comentario.
[9:01 p. m., 17/9/2026] Mariadel Carmen Dorado: Este es un artículo para que el Panameño que lee y escudriñe el contenido debe cuestionarse en lo siguiente:
Por qué esa actitud pasiva e indiferente ante los hechos probados, cifras y proyectos comprobados y mal ejecutados como los mencionados o inflados me dicen claramente esto no es correcto . Por lo tanto debo como ciudadana o ciudadano pronunciarme, arriesgando mi vida y el entorno; decir basta ya y no debo ni quiero ser cómplice por el silencio que guardamos ante semejante situación que estamos viviendo en carne propia las injusticias; que en vez de hacer un bien retrocedemos hacia un mal proyectado por sistemas y corruptos como los gobernantes y funcionarios de nuestra nación( no serán todos); que cada vez hunden en el lodo más sucio que jamás se había visto en nuestro País. Solo piensan en ellos por el vil metal $$ que los tienen como una coraza duros y malos sin siquiera pensar que están de paso en esta vida y ante la Justicia Divina sus almas rendirán cuentas.
Es lo que pienso y siento no les importa con sus familias y mucho menos con futuras generaciones de nuestro PANAMÁ de mis Amores. 🇵🇦🇵🇦🇵🇦
El costo de la corrupción
La diputada independiente Janine Prado, quien fue comisionada en la Comisión de Gobierno cuando se rechazaron los dos proyectos del procurador, calificó de “lamentable” la decisión del procurador. “Recordemos que la corrupción nos roba entre $1,500 millones y $2,000 millones por año que dejan de llegar a donde se necesitan: agua, calles, salud y muchísimo más”, sustentó.
Prado recordó que en ese periodo los diputados de partidos tradicionales no respaldaron los dos proyectos del procurador. Recordó que desde la bancada Vamos han impulsado otras iniciativas contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado y la protección de denunciantes, además de un proyecto de ley presentado recientemente para recuperar bienes producto de actos ilícitos contra el Estado.