Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
Una tensión constante entre las instituciones del Estado ha caracterizado la política panameña en tiempos recientes. Cada gobierno, desde 2004 hasta hoy, ha lidiado con conflictos que tienen un trasfondo similar: falta de claridad en las competencias, corrupción y debilidad institucional. La gobernabilidad se ha visto afectada por estos choques, y la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político ha ido en aumento.
Gobierno de Martín Torrijos (2004–2009)
La época de Torrijos se distinguió más por crisis administrativas que por conflictos políticos directos. El caso más serio fue el de las medicinas contaminadas con dietilenglicol, que la Caja de Seguro Social (CSS) distribuyó. Ello causó el envenenamiento de centenares de personas y decenas de muertes. Ese acontecimiento puso de manifiesto la negligencia institucional y causó tensiones entre el Órgano Ejecutivo, la CSS y el Ministerio de Salud.
La crisis del transporte público después del siniestro del bus 8B-06 en 2006, que causó la muerte de 18 personas y reveló deficiencias en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), fue otro acontecimiento crítico. Asimismo, se produjeron manifestaciones de campesinos e indígenas en contra de proyectos mineros e hidroeléctricos que evidencian la escasez de transparencia y consulta en la administración del medio ambiente.
Gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014)
Por cuestiones de nombramientos y contratos públicos, Martinelli tuvo confrontaciones directas con la Contraloría y la Corte Suprema. Su tendencia centralizadora provocó conflictos con otras entidades estatales y numerosas acusaciones de corrupción. Esos conflictos institucionales mostraron una confrontación política más que de carácter administrativo, lo cual tuvo efectos en la percepción ciudadana sobre el abuso de poder y el debilitamiento de la separación de funciones.
Gobierno de Juan Carlos Varela (2014–2019)
El escándalo de Odebrecht, que causó conflictos con el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, marcó el gobierno de Varela. Un clima de enfrentamiento permanente se generó debido a la ausencia de progresos en las indagaciones y a las denuncias de corrupción. Asimismo, se produjeron enfrentamientos con sectores legislativos debido a reformas constitucionales y proyectos de transparencia, circunstancias que deterioraron la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea e incrementaron la sensación de ineficacia institucional.
Gobierno de Laurentino Cortizo (2019–2024)
Cortizo afrontó una disputa importante entre la Asamblea Nacional de Diputados y el Ministerio de Seguridad en relación con la Ley de Extinción de Dominio. La Asamblea criticaba las garantías procesales y los peligros de abuso, mientras el Ejecutivo defendía la regulación como un instrumento para combatir la delincuencia organizada. Este conflicto provocó desconfianza entre la ciudadanía y aplazó la sanción de la ley. Asimismo, su administración fue criticada por conservar ministros con cuestionamientos y por anomalías en la gestión de fondos públicos, lo que aumentó la idea de corrupción.
Gobierno de José Raúl Mulino (2024–presente)
El gobierno actual ha comenzado con conflictos entre el procurador y el contralor general de la República, sobre todo debido a las auditorías y a la persecución penal de irregularidades provenientes del gobierno anterior. Las tensiones institucionales se han intensificado debido a que Mulino recibió un panorama de adquisiciones en disputa por encima de los 800 millones de dólares. Este conflicto muestra la pugna por competencias entre los órganos de control y justicia, y prevé un lapso de confrontación prolongada.
En cuanto a la relación y desarrollo de los conflictos: Torrijos: tensiones entre el Gobierno y las comunidades locales debido a la falta de transparencia y consulta, así como crisis administrativas y sociales (CSS, transporte). Martinelli: conflictos políticos con la Contraloría y la Corte Suprema. Varela: conflictos por la falta de transparencia y corrupción con el Ministerio Público y la Asamblea. Cortico: conflictos legislativos por leyes controvertidas. Molino: conflictos entre los órganos de control debido a las auditorías y la persecución penal.
Entre las observaciones esenciales, patrón que se repite en cada gobierno, se encuentra con tensiones entre los órganos de control (Corte Suprema, Procuraduría, Contraloría) y la Asamblea o el Ejecutivo. Temas predominantes: gestión de fondos públicos, corrupción, transparencia y proyectos de ley controvertidos. Impacto en la gobernabilidad: estos conflictos tienden a postergar las reformas, a debilitar la confianza de los ciudadanos y a provocar crisis políticas.
Se muestra a través de la reflexión que las disputas institucionales en Panamá. No son incidentales, sino estructurales. Cada administración hereda tensiones y las reproduce de manera nueva, lo cual indica que la raíz está en la falta de claridad sobre competencias y en la fragilidad de los métodos de control y cooperación entre poderes.
Conclusión
El análisis histórico pone en evidencia que las disputas institucionales en Panamá son cíclicas y estructurales. Cada gobierno enfrenta tensiones que, si bien tienen formas distintas, comparten un mismo trasfondo: debilidad en los mecanismos de control, corrupción y falta de transparencia. Estos conflictos no solo demoran las políticas públicas, sino que también disminuyen la confianza de los ciudadanos en el Estado.
La principal inquietud de la ciudadanía es que, a pesar de las transiciones gubernamentales, continúan los mismos patrones: conflictos entre poderes, crisis administrativas y corrupción. La conclusión definitiva es que Panamá tiene que reforzar sus instituciones, asegurar la transparencia y crear métodos de colaboración entre poderes que sean claros. Si no es así, los conflictos seguirán reproduciéndose y la ciudadanía seguirá sintiendo que el Estado no puede satisfacer sus exigencias de justicia social y eficiencia.
¡Junto trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacifica!
