Por Rafael García Denvers
Ingeniero
He intentado participar en la discusión y el debate convocados sobre las Reformas Constitucionales, sin plasmar el pensamiento critico para diferenciar entre contenido y forma. Por ello, intentaré expresar en este artículo mi opinión de forma directa y franca sobre este polémico asunto.
Hago constar que no pertenezco a la academia y que aun cuando la respeto, he exigido definir primeramente su fuente y horizonte como punto de partida para evaluar su contribución, ya que la misma es producto de una lucha interpretativa entre un concepto y otro, no necesariamente antagónicos, pero en ocasiones incongruentes ante algunas metas y horizontes requeridos por la humanidad.
Por ello, sostengo la importancia de confrontar el problema de las Reformas Constitucionales con varias preguntas previas: ¿La causa de las desigualdades sociales se halla en la Constitución vigente?, ¿Son las leyes la causa de las injusticias e impunidad?, ¿Reformar la Constitución garantiza justicia?, ¿Quién impone o simplemente da contenido a una Constitución? La relatividad de las respuestas a los cuestionamientos representa, en gran medida, el punto de partida, los intereses y la visión de quien responde.
Todo ese preámbulo tendría que ser remitido a una pregunta inicial, aceptando que el papel de la Constitución es darle forma a una institucionalidad gubernamental, estructurando el esqueleto articulador de la convivencia social y el marco legal dentro del cual debe funcionar el Gobierno al administrar el Estado. ¿Qué Proyecto Social sustentarían las Reformas en Panamá?
¿Acaso, regirá el proyecto de los poderes fácticos que se han repartido las riquezas de la patria y controlan los entes reguladores, los entes evaluadores y la aplicación de las penalizaciones, o regirán los intereses del pueblo marginado que sustenta y paga la faraónica vida de la cúpula y quien ve pasar la riqueza mientras no recibe salud, educación y se le niega el derecho a la alimentación, al techo y a todos los derechos básicos?
Esta realidad le impone al pueblo una obligación impostergable de atender el día a día de la supervivencia, sin tener oportunidad de ver más allá de su miseria. La población marginada es empujada a conformarse con las luces y el brillo de la verdad mediática que le transmite un mundo de consumo sin límites, al cual le venden la idea de que se llega a la meta si se quiere y se tiene la voluntad.
Las leyes no se cumplen, mientras que las novelas mediáticas son el mecanismo para producir deformación, embrutecimiento e inmoralidad en la gente. Los valores se desvían de la sustentación humana a la sustentación material del dinero y el único juez justo y dios imparcial viene a ser El Dios Dinero. ¿Existe alguna Reforma Constitucional que solucione o despeje este escenario?
Para caminar por el sendero “simple” de las Reformas Constitucionales, es imprescindible transitar por las vías de la unidad de metas y métodos que fortalezcan la organización en la defensa de los valores humanos que impongan el cumplimiento de las normas y garanticen una justicia que responda a intereses colectivos y no una justicia selectiva que depende de los intereses de quien juzga. Por ello, nunca será simple ni es factible ir directamente a unas Reformas Constitucionales sin un proceso preparatorio de organización popular. De lo contrario, terminarán beneficiando al poder regente, sin importar como lo adornen.
En cualquier parte del mundo, las Reformas Constitucionales reflejan el balance de fuerzas de una sociedad en un momento dado y son la sustentación del tipo de sociedad que debe administrar el Estado a través de un Gobierno que interprete la misma, según el interés de los componentes más fuertes en la balanza. Su cumplimiento depende de la presencia de la supervisión permanente de sectores sociales organizados, con vigencia, presencia y capacidad de movilización. El poder sólo se logrará paso a paso y luego de una lucha cuyo norte no se distorsione ni se diluya.
Para cumplir esa labor, las organizaciones deben tener un arraigo en la base y ser capaces de incluir el conjunto de necesidades y tareas con visión de colectivo con parámetros de sostenibilidad y convivencia, sin discriminación ni barreras de intereses individuales.
Por ello, en este momento no es correcto hablar de Reformas Constitucionales y menos de Constituyente. Habría que exigir el retiro de la propuesta neoliberal de la concertación y del mamotreto de la Asamblea Nacional e iniciar un proceso que culmine en una propuesta respaldada con un nivel de organización y movilización para exigir la modificación de la “Meta Constitucional” y buscar el control del Mercado para privilegiar y dar prioridad a la sustentación humana como colectivo.
No he encontrado ningún artículo en la propuesta modificadora que permita reorientar al Estado o confiera un nuevo contenido a la Constitución. Son reformas cosméticas que no valen el proceso de desunión y el riesgo de pérdida al que se está sometiendo al entramado social. Son expresiones de un método para desarticular al movimiento popular y debilitarlo en una discusión en la que sólo los poderes económicos tienen claros sus planes y objetivos, ya que poseen una planificación a largo plazo en la que se garantiza el despojo a los más necesitados y el enriquecimiento de los menos.
En resumen, hay que evitar caer en una discusión en la que las organizaciones sociales no tengan oportunidad ni opción de mejorar realmente e iniciar, consciente e integralmente, un Proceso Constituyente basado en la organización y la unidad de metas.
La discusión artículo por artículo, es parte de la maniobra de grupos ajenos a los intereses populares para mantener un texto que pueda ser interpretado en diversas formas, con todo el riesgo que ello conlleva. Es necesario iniciar ese debate para acatar el mandato constitucional y hacer valer el principio de que lo colectivo priva sobre el interés personal.
¿Dónde ha quedado la aplicación del Código Agrario, el concepto que la Salud es responsabilidad primaria del Estado? ¿Dónde está el cumplimiento del lema Salud Igual para Todos, o el de Educación de Calidad obligatoria y gratuita en varios niveles? Son conceptos constitucionales incorporados en la Constitución Política vigente.
¿Dónde quedaron las obligaciones de garantía alimentaria? ¿Qué hemos avanzado para aplicar los criterios de Soberanía Alimentaria, especialmente en estos tiempos? ¿Dónde está el cuidado del ambiente y su protección?
La política ambiental, elevada a rango de Ministerio, ¿ha sido capaz de integrarse en las concesiones mineras y tiene claridad en la aplicación de los permisos o concesiones sobre el uso de acuíferos para el interés privado?
¿Para qué enredar a este país en una discusión sobre los artículos de una nueva Constitución, si no somos capaces de hacer cumplir las leyes aprobadas a beneficio de una sociedad más equitativa y justa? Ni siquiera son respetados conceptos previstos en la actual carta magna. Conviene repreguntar: ¿Un buen texto garantiza su cumplimiento… aún sin una buena organización? La tarea es avanzar y no caer en distracciones, y ese debe ser el mensaje central.
