Por José Antonio Gómez Pérez
Economista y catedrático de la Universidad de Panamá
En días pasados, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, creo una comisión económica asesora para asuntos relativos a la crisis que atraviesa esa entidad. La comisión fue integrada con principios sectarios y personas en su mayoría de corte proempresarial o neoliberal. Amplios sectores de opinión la han criticado y calificado como una acción desacertada, excluyente y antidemocrática. Sin lugar a dudas, su balance y el sello distintivo así lo demuestran.
Ahora bien, la envergadura del tema hace necesario corregir ese error y superarlo, para beneficio de la gobernabilidad nacional. Por ello, aquí expongo algunos aportes conceptuales, principalmente metodológicos, ante tal perspectiva.
¿Comisiones: para qué?
Ante esta situación, cabe formular preguntas, por ejemplo: ¿Las dirigencias laborales y populares deberían crear otra comisión paralela o alternativa?
En general, yo pienso que así debería ser. Es que todas las fuerzas productivas y políticas organizadas deben analizar y comprender la crisis multidimensional de la CSS. Esa es una responsabilidad primaria, a la que deben abocarse a lo interno de sus entidades.
Además, esa responsabilidad tiene un plano externo, referente a contextos más amplios y de alcance político nacional para resolver la actual crisis profunda de la CSS, junto a otros actores sociales en este país.
En adición, otra pregunta nos ayudará a mirar y ponderar mejor la situación. ¿Cuáles serían los propósitos finales de tal comisión?
Si se concibe como alternativa, de aquella organización empresarial neoliberal ya armada por Enrique Lau, entonces quedaría definida como la comisión contestataria, para llenar espacios o llevar la posición contraria u opuesta.
Bajo esos presupuestos, tales comisiones contestatarias serían útiles para las siguientes respuestas: ripostar, descalificar, imaginar utopías y proponer lo inasequible. Así, como siempre ocurre, el esfuerzo inmenso acabaría en un trabajo políticamente poco útil y socialmente inviable. Así, el asunto sería preocupante y muy complicado de resolver.
Hacia la Proyección de Concertación Nacional
A mi juicio, lo más recomendable es que los sectores laborales y populares integren una Comisión Especial para abordar la crisis multidimensional de la CSS, generando con ello enfoques organizativos amplios y actitud proactiva.
Primero: Para analizar y comprender correctamente la crisis multidimensional de la CSS, preguntando y evaluando el fondo y aquellos trasfondos subyacentes en la misma.
Segundo: Para debatir y seleccionar opciones de propuestas propias que sean integrales y viables, a los intereses de los sectores laborales y populares.
Tercero: Esa instancia sería para definir los términos de participación en procesos de diálogo y concertación nacional, sobre las temáticas de la crisis de la CSS.
En lo esencial, se trata de establecer las bases con las que se entraría a debatir la concreción de posibles opciones propositivas que sean integradoras, consensuadas y legitimables, por parte de las mayorías de fuerzas productivas y políticas nacionales, participantes del eventual proceso de diálogo y concertación sobre la crisis de la CSS.
Participación y Trabajos Multidisciplinarios
Los aspectos relativos a cobertura y contenidos de los trabajos analíticos, así como las formas de participación de los actores sociales, son otros asuntos importantes que provocan discusiones sobre las formas de organizar los procesos pertinentes y cumplir las metas para un verdadero diálogo y concertación nacional.
Hasta ahora, algunos actores insisten en atender los asuntos económicos y financieros como enfoque central e incluir sólo especialistas afines. Esa situación conlleva a un grave error en el abordaje de la crisis para buscar soluciones coherentes.
Entendiendo que la CSS vive una crisis multidimensional, la solución tiene que ser multidimensional. No se trata sólo de empeorar las llamadas medidas paramétricas (edad, pagos, alícuotas e incentivos). Hay que partir desde la administración de los servicios de salud, los entornos de crecimiento y desarrollo nacional, la administración de los fondos hasta el aumento de la eficiencia y eficacia general de la CSS, principalmente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Asimismo, el criterio general organizativo debe ser integral, de carácter multidisciplinario, para atender los diversos sectores temáticos involucrados.
Además de economistas, financistas, actuarios y contadores, son requeridos especialistas en disciplinas como: administración pública, servicios de salud, demografía, sociología, políticas públicas, desarrollo institucional, politología, derecho de instituciones de seguridad social, administradores de riesgo y otras.
El argumento presentado conduce a una pregunta adicional: ¿Es importante incluir actores políticos en esas comisiones de trabajo? En principio, yo pienso que sí. Sería desacertado no incluir a los políticos buenos y capaces en esos equipos humanos.
En ello, hay tres razones importantes. En esencia, todo problema estructural complejo ‒como la CSS‒ es sistémico y, por ende, muy político, en inmensos contextos. Segundo, la seguridad social es parte sustancial de la regulación del capital y trabajo, y de la pugna de intereses y repartos clasistas. Por tanto, es un problema ideológico puro, de alto contenido político. Y tercero, al final de cuentas, es dentro y a través del sistema político que se debatirán y tomarán decisiones finales, adecuadas o desacertadas.
Por otra parte, no es la opción correcta considerar o tomar en cuenta a “tecnócratas típicos”, ya que bajo supuestos paradigmas neutrales se estimulan enfoques y criterios restringidos y parcializados. En esa dirección, lo recomendable es privilegiar la incorporación de especialistas técnicos con alta capacidad de integración multidisciplinaria, a fin de que se alcancen las cualidades analíticas requeridas de amplitud, integralidad, imparcialidad y eficacia, en las evaluaciones y propuestas que formule los grupos de trabajo.
