Un contrato en contra de Panamá

Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público

El proyecto de contrato con Minera Panamá ha recibido críticas desde el momento en que fue anunciada una engañosa consulta ciudadana. Ello incluye una serie de calificaciones que van desde sucia, por la contaminación, y sospechoso juego de intereses. Asimismo, el proyecto fue descrito como antipatriótico, debido a la entrega de las riquezas naturales en este país.

Ninguna de las calificaciones emitidas contra el contrato inviable, canalla y entreguista ha perturbado la opinión de los ministros y embajadores, quienes sin sonrojo alguno manifiestan que el texto negociado es un ”contrato de gran beneficio, como ningún otro”, a favor de la población panameña.

Es cierto, el contrato no sólo es como ningún otro, sino el peor de todos los acuerdos, incluso los relativos a las concesiones portuarias. A los defensores del mamotreto de marras no les importa que se hipoteque en manos de una multinacional la soberanía del espacio aéreo de Panamá. En cierta forma, es cono si se estuviera reeditando un nuevo enclave colonial en suelo panameño.

En esencia, el contrato minero es un instrumento dirigido a desangrar al medio ambiente, regulando los recursos minerales a través de un modelo extractivista multinacional.

Sin embargo, más de medio centenar de agrupaciones de diversas tendencias se están manifestando en contra del contrato minero que concentra las mayores ilegalidades registradas desde 1997 y que apuntan a la perpetuidad, a través de mecanismos de renovación e indemnización manejados a su antojo.

Uno de los puntos más vulnerables al escrutinio ciudadano, es el hecho de que la minera puede acaparar todas las hectáreas que le venga en gana para explotar el criminal sistema de minería a cielo abierto, en vista de que el gobierno tiene la potestad de expropiar las hectáreas que solicite, no importa quien o quiénes sean sus dueños. Por ello, uno de los letreros de la manifestación antiminera decía textualmente: “HOY ES DONOSO, MAÑANA SERÁ TODO EL PAÍS”.

Por más que intenten hacerlo, los agentes gubernamentales, sin importar sus apellidos rimbombantes, no podrán justificar la serie de canonjías, como créditos fiscales, exoneraciones de impuestos y otras ventajas económicas para una empresa que genera más de 295 mil millones de dólares al año.

Repito: los 375 millones de dólares entregados al Estado panameño son una bicoca, que más parece una limosna de la empresa minera.

Las incongruencias contractuales, prohijada por funcionarios calificados como ”vendepatrias”, son diversas y sería largo enumerarlas, mientras se logra que todo panameño, hasta en el más recóndito rincón nacional, interprete la realidad y reconozca que el contrato minero destruye el futuro de nuestros hijos.