Por David Carrasco
Director de Bayano digital
La dirigente política y ex parlamentaria salvadoreña Nidia Díaz, destacada figura en la Comisión Política Diplomática que condujo a los Acuerdos de Paz en El Salvador (1989-1992), manifestó que el gobierno del presidente Nayib Bukele se encamina a una crisis de gobernabilidad, a causa de acciones arbitrarias que conspiran contra el Estado de Derecho.
En un diálogo con Bayano digital, Díaz planteó que Bukele, de 40 años de edad, asumió posiciones de derecha y se ha declarado enemigo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la fuerza política que liberó a ese país centroamericano de una satrapía y generó una nueva visión de justicia y dignidad.
Reseñó que Bukele y su partido político Nuevas Ideas no reconocen la validez de los Acuerdos de Paz a los que acusan de “farsa”, pese a que rigen el proceso constitucional. Sostuvo que el mandatario mostró su verdadero rosto a finales del 2019, cuando expulsó de El Salvador a la representación diplomacia venezolana del gobierno de Nicolás Maduro, para poder rodearse de asesores del desacreditado personaje en el exilio denominado Juan Guaidó.
Diaz, actual coordinadora de la Comisión de Migración de la Conferencia Permanente de Partido Políticos de América Latina (COPPPAL), añadió que esa conducta presidencial provocadora se refleja en negociaciones con las pandillas salvadoreñas y en la detención de activistas del FMLN. “El régimen de Bukele se ha caracterizado por una agresión permanente a la comunidad nacional, particularmente a profesionales de la prensa”, precisó.
Frente Amplio se perfila como opción
Diaz adujo que la situación descrita empuja a El Salvador a una crisis seguida de un alto endeudamiento externo en el contexto de la sindemia de Covid-19. Sostuvo que esa realidad compleja indujo a diversos sectores a apostar por la integración de un Frente Amplio capaz de trazar un camino alternativo, a favor de la democracia popular y el desarrollo social y humano.
El mandato presidencial se inició el 1 de junio de 2019 y desde ese momento ha recibido fuertes críticas internacionales, debido a varias decisiones inéditas, como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la habilitación de la reelección presidencial, prohibida en la Constitución salvadoreña. Otro tanto hizo con el fiscal general y el retiro de sus cargos de magistrados y jueces mayores de 60 años de edad, supuestamente para “dar paso a la juventud”.
En febrero de 2020, el presidente salvadoreño, a quienes grupos políticos opositores califican de “dictador”, irrumpió en la sede de la Asamblea Legislativa acompañado del ejército para exigir fondos para la continuidad del Plan Control Territorial. Ese acto desafiante generó un choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y un clima de tensiones entre los Órganos del Estado.
Díaz destacó que el septiembre de este año hubo en El Salvador dos grandes marchas contra Bukele. Las protestas tuvieron su origen en la aprobación inconsulta del bitcoin como criptomoneda oficial, el fallo que habilita la reelección presidencial, así como la controversial jubilación temprana de un tercio de jueces y magistrados.
«Una gigantesca marcha, con acumulación de indignaciones, recorrió el 15 de septiembre las calles de San Salvador. En esa marcha, iban despedidos de sus puestos de trabajo, personas golpeadas por el alto costo de la vida y la falta de agua, los que objetan el modelo del bitcoin y juristas destituidos quienes han contribuido al pensamiento jurídico de los salvadoreños», reseñó.
La dirigente política advirtió que hay sectores conservadores que se arrepientes de haber votado por Bukele –inicialmente promovido por Washington–, porque perciben inestabilidad política y económica. Resaltó que, incluso, en el derechista partido ARENA se escuchan voces contestatarias contra la actual administración.
Al respecto, aseveró que las medidas gubernamentales abarcan la centralización de los fondos de desarrollo municipal, al margen del diálogo y la participación de las bases comunitarias, mientras que hay unos 400 sindicatos que no han recibido la actualización de sus credenciales para poder operar y ser legalmente reconocidos.
Gobierno sobregirado
Diaz comentó que el gobierno deberá enfrentar un difícil reto económico, pese a que su propaganda muestra a un presidente dinámico que atiende los problemas de la gente. “La prepotencia de Nayib se basa principalmente en préstamos internacionales”, que tarde o temprano habrá que honrar con recursos del Estado.
En 2020, la Asamblea Nacional autorizó al gobierno salvadoreño un préstamo de 3.000 millones de dólares y en 2021 se prevén otros 3.000 millones de dólares de soporte, con el agravante de que este año se debe empezar a pagar esos compromisos financieros. La deuda en El Salvador se ha incrementado en un 8,3 por ciento, según reconocen diversos economistas.
Díaz insistió en la necesidad de corregir el actual rumbo político en El Salvador y diseñar una estrategia de desarrollo coherente, con el objetivo de preservar los Acuerdos de Paz y garantizar las conquistas históricas y democráticas promovidas en ese país por el FMLN.
