La acumulación del déficit heredado de pasadas administraciones han dejado al Estado panameño en una encrucijada: movilizar los diezmados recursos disponibles a favor del desarrollo humano o mantener las condiciones que ahondan la dependencia externa y desgarran el frágil tejido social. Ese desafío implica resolver con urgencia la carencia de un verdadero proyecto político de país.
Esa necesidad de estructurar una estrategia coherente se percibe en las demandas populares para hallar empleo decente, las exigencias de capacitación técnica y protestas comunitarias a causa de la falta de acceso al agua potable, electrificación y transporte digno. Ello se agravó tras el estallido de escándalos de corrupción en los que jamás hubo certeza de castigo judicial para quienes succionaron el patrimonio del Estado.
Pese a las limitaciones existentes, el actual gobierno y la base social que acompaña esa gestión tienen la posibilidad de iniciar un proceso transformador para enderezar el Estado y enfrentar los vicios y atropellos que caracterizaron a anteriores mandatos. La mayoría de los cientistas sociales admite que Panamá se encuentra en un punto de fractura social que requiere la atención inmediata.
La descomposición familiar, la marcada deserción escolar, la violencia en las calles instigada por el narcotráfico, el deterioro de la Justicia, la corrupción y la pérdida de valores entre los jóvenes, son problemas innegable que demandan respuestas efectivas de una sociedad cada vez más consciente de los alarmantes episodios de inseguridad que la azotan y de la necesidad de salir de la crisis descrita.
Sin embargo, para que esas válidas aspiraciones sean concretadas, es necesario que haya un proyecto de Nación en el que se respete la personalidad del Estado y los promotores de esos cambios sepan hacia dónde está enfilado el rumbo. El país no debe sentarse a esperar milagros económicos, pero sí puede avanzar en busca de su propio destino, como aconteció en la década de 1970, en la lucha de recuperación del Canal de Panamá.
Todo proyecto de Nación debe tener objetivos y metas bien definidos para incorporar al desarrollo a los marginados por el modelo excluyente. El camino propuesto en esa dirección debe ser útil para recuperar el prestigio nacional y fomentar el gran sentimiento de unidad empañado por la demagogia de elites autoritarias y acaparadoras, desprovistas de un discurso con auténtico sentido patriótico.
La lucha para definir un nuevo perfil nacional es un asunto serio que adquiere vigencia en medio de conflictos regionales. Cruzarse de brazos sería un suicidio político. Está claro que un cambio de timón gubernamental implica enfrentar la inequidad, pero también asumir una conducta honrosa en la esfera internacional, en la defensa sin remilgos de los principios inalienables de la paz y la soberanía.
