Por Guillermo Castro H.
Sociólogo
La historia construye sus problemas desde los temores que nos inspira el futuro, iluminando el pasado con una suerte de luz negra que resalta de manera insospechada el perfil de los acontecimientos.
Así ocurrió en Panamá el pasado 11 de octubre. Ese día se cumplieron 50 años del golpe de Estado, que en su momento abrió paso a la negociación del Tratado Torrijos-Carter, de 1977, y cuya ejecución culminaría en 1999, con la eliminación de la presencia militar norteamericana en Panamá y el traspaso del Canal, de manos del Estado norteamericano, al panameño. Ese medio siglo incluye la agresión militar estadounidense de 1989 ‒cuyo XXX aniversario transcurrirá el año venidero‒ que, siendo una invasión por su forma, constituyó un golpe de Estado por los objetivos que se propuso lograr y logró.
Para todo fin práctico, Panamá nació como un enclave transitista. Es el único país de la región que no se define por sus exportaciones, sino por los servicios que ofrece al comercio exterior de los demás.
De allí resulta un dato curioso. El período 1968-1989 ‒aquel que Immanuel Wallerstein dixit‒ se inició con la primera gran fractura en el consenso liberal desarrollista, devenido hegemónico en la geocultura mundial tras la Gran Guerra de 1914-945, para concluir con el derrumbe del orden que sustentaba ese consenso, al desintegrarse de su ala izquierda la Unión Soviética y lo que fuera el entonces campo socialista en Europa Oriental.
Entender la razón de estos sucesos requiere analizarlos en su transcurrir. En Panamá, a todo lo largo del siglo XX, ese camino llevó a sus formas más extremas un proceso iniciado en el siglo XVI y abrió quizás la posibilidad de encarar lo peor de sus consecuencias en el XXI.
Lo que se inició en ese entonces con la conquista europea fue una modalidad de organización del tránsito interoceánico a través del Istmo, que concentró dicha actividad en una sola ruta bajo control de la Corona española, y estableció una frontera interior que segregaba todo el litoral Atlántico y el Darién. Panamá pasó, de este modo, a su organización como país en una cuarta parte de su territorio, y así permaneció hasta mediados del siglo XX.
La concentración del tránsito en una sola ruta concentró también, en quienes la controlaban, el poder económico y político sobre el Istmo y su destino. La lucha por el control de ese poder llegó, así, a convertirse en un factor de primer orden en la vida política del Istmo. La intensidad y el ritmo de esa lucha estuvieron asociados, por otra parte, a la función singular cumplida por Panamá en la economía regional. Este, en efecto, es el único país de la región que no se define por sus exportaciones, sino por los servicios que ofrece al comercio exterior de los demás.
A este hecho responde nuestra organización territorial. Para todo fin práctico, Panamá nació como un enclave transitista. Como tal se independizó de España en 1821 para integrarse en la Gran Colombia bolivariana -de la cual se separó en 1903 para acogerse a un régimen de protectorado pactado con los Estados Unidos- y liberarse luego de esa tutela, en 1999, para asumir finalmente el pleno ejercicio de las responsabilidades de la soberanía.
El siglo XX panameño se vio marcado, en efecto, por la disputa entre los Estados Unidos y Panamá en pos del control de la renta generada por la operación del Canal interoceánico ‒construido por el gobierno norteamericano, entre 1904 y 1914‒ al interior de un enclave militar-industrial conocido como Zona del Canal. La disputa estuvo marcada por la negociación de tratados entre ambos países, que modificaron, primero, los privilegios políticos y económicos otorgados a Estados Unidos mediante el tratado de 1903, y finalmente cancelaron este último, liquidaron la Zona del Canal y transfirieron su administración al Estado panameño.
Importa anotar dos características de este proceso. La primera consiste en que todos los mandatarios panameños que firmaron esos Tratados ‒Harmodio Arias, José Remón y Omar Torrijos‒ estuvieron previamente involucrados en golpes de Estado que, de un modo u otro, abrieron paso a tales negociaciones. La segunda: que el Tratado Torrijos-Carter, al resolver a favor de Panamá el control de la renta canalera, trasladó al interior de la sociedad panameña la disputa por el control de ésta.
A 50 años de los acontecimientos de 1968, el Estado panameño controla, sin duda, el Canal. Con ello pasa a un primer plano el problema de quién controla el Estado. No es una pregunta retórica. En el XXX aniversario del golpe de Estado que restableció el orden liberal democrático en el país, y al cabo de una década de notable expansión económica, Panamá sigue enfrentando una coyuntura en la que se combinan el crecimiento económico incierto, una persistente inequidad social y una degradación ambiental constante.
A ello se agrega, en la última década, un deterioro institucional en ascenso ante el cual la creciente demanda de convocatoria a una Asamblea Constituyente reclama ya una trasformación del Estado que contribuya a culminar la construcción de una sociedad democrática, sustentada por una economía próspera, sostenible y equitativa. Necesitamos culminar, en breve, la construcción de una República con todos y para el bien de todos. Así, de latinoamericano, es hoy nuestro problema fundamental.
