Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Más de 40 organizaciones sociales integradas en el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, anunciaron hoy una serie de movilizaciones para obligar a los diputados de la Asamblea Nacional a rechazar el contrato suscrito por los representantes del gobierno y la empresa Minera Panamá, S.A.
En conferencia de de prensa, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian González Guevara, planteó que el acuerdo minero firmado en una ceremonia oficial por ambas partes, tiene visos de inconstitucionalidad y promueve la creación de enclaves que ceden la soberanía de Panamá a grupos foráneos.
González Guevara destacó que en diversas acciones de repudio al publicitado arreglo oficial, serán ejecutadas este mes protestas y el despliegue de militantes antimineros para presionar al Órgano Legislativo y exigir a los parlamentario el rechazo del contrato que lesiona el patrimonio nacional.
Un comunicado emitido por la alianza Panamá Vale Más sin Minería, manifestó que el mencionado contrato ”es jurídicamente inviable, ya que reproduce el vicio de inconstitucionalidad del contrato anterior”. Subrayó que es una ”estafa económica” inaceptable, ya que cede a Minera Panamá, S.A, el derecho a generar, producir y usufructuar los recursos y bienes, como energia, aguas y puertos.
La arquitecta y ambientalista Raisa Banfield sostuvo que el contrato permite la explotación de fondo de mar y ríos, como parte de una visión entreguistas de quién dirigen la nave del Estado. Adujo que esr modelo de explotación y despojo se refleja en varios proyectos que cuentan con el aval gubernamental.
El 9 de marzo de 2023, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, afirmó, en medio de un gran alborozo, que ”el nuevo contrato conserva los términos que ambas partes acordaron en enero de 2022, brindando así importantes beneficios económicos, fiscales, ambientales, laborales y sociales para el pueblo panameño, al tiempo que crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones en un entorno de inversión justo y equitativo”.
Sin embargo, los ambientalistas señalaron que las concesiones a Minera Panamá, S.A. provocarán la destrucción de biodiversidad, así como el uso abusivo y no pago de aguas superficiales y subterráneas, que terminarán contaminadas de forma irreversible por la explotación intensiva de una ”actividad nociva para las comunidades aledañas”.
El comunicado del Movimiento Panamá Vale Más sin Minería detalló que ”toda esta infamia se ha operado de forma antidemocrática, con una falsa e inequitativa consulta vía internet, ignorando a la población afectada, así como las numerosas objeciones presentadas durante el proceso”.
Al respecto, el analista político y activista ambiental José Eugenio Stoute afirmó que en el consorcio minero participan como accionistas estados extranjeros, lo que es una clara violación constitucional sobre el ejercicio soberano de la República de Panamá y su modelo democrático protegido por leyes nacionales vigentes.
Stoute planteó que hay un claro desacato a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre el tema minero, lo que puede ser descrito como un ”acto de traición al país”. Indicó que ello obliga a los diputados a actuar con plena conciencia y patriotismo en defensa de la nación.
El comunicado refrendado por las organizaciones sociales adheridas al movimiento de protesta reseñó que ”a partir de hoy estaremos realizando jornadas de protestas diarias a lo largo y ancho del país en plazas, carreteras y vías públicas”, hasta que el ”perjudicial contrato» sea rechazado con firmeza por el Órgano Legislativo.
