Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
Hay informaciones que nacen como rumores y mueren como rumores. Pero hay otras que, con el paso del tiempo, obligan a volver sobre ellas.
En Panamá, circula nuevamente en redes sociales una publicación que recoge denuncias formuladas por Mitchell Doens sobre el supuesto pago, con recursos panameños, de los peajes correspondientes a buques militares estadounidenses que atraviesan el Canal.[1]
La acusación fue rechazada o desconocida por miembros del Gobierno panameño. En diciembre de 2025, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que desconocía la información y que, según lo que había podido indagar, los datos divulgados no correspondía con la realidad.
Hasta ahí, se podría haber cerrado el asunto. Pero, entonces, aparece otra pregunta. ¿Por qué meses después Washington anunció que había conseguido que sus buques militares pasaran “First and Free”?
No lo dijo un bloguero. No lo dijo un opositor panameño. Lo dijo el Pentágono.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó el acuerdo como una victoria de la administración Trump y afirmó que Estados Unidos había conseguido el “First and Free” para sus buques militares. En el mismo comunicado, explicó que Panamá y Estados Unidos profundizarían la cooperación militar y que se establecería una presencia rotacional en antiguos emplazamientos militares estadounidenses.[2]
Entonces, Panamá tuvo que explicar algo que Washington había presentado de manera muy diferente. No era exactamente “gratis”. Era una compensación. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que se desarrollaría un mecanismo para compensar servicios de seguridad por los peajes de buques de guerra y auxiliares, buscando un esquema de “costo neutral”. [3]
Y aquí comienza el verdadero problema.
¿Costo neutral para quién? Si Estados Unidos paga el peaje y Panamá simultáneamente reconoce servicios que permiten compensarlo, entonces necesitamos saber: ¿Cuánto paga Estados Unidos?; ¿Cuánto se le compensa?; ¿Qué servicios se contabilizan?; ¿Quién les pone precio?; ¿Quién autoriza la compensación?; ¿Qué institución panameña asume el costo?; Y, sobre todo:
¿Por qué un país extranjero debe recibir una compensación que no recibe el resto de los usuarios del Canal?
La población panameña no está ante una cuestión menor. Estamos hablando de una infraestructura que pertenece a Panamá y cuyo régimen de neutralidad tiene carácter internacional.
En julio de 2026, más de un año después del acuerdo de Hegseth, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, volvió a decir que los buques militares estadounidenses siguen pagando sus peajes conforme a la Ley Orgánica del Canal y el Tratado de Neutralidad.[4]
Entonces, hay una situación difícil de explicar al ciudadano: Doens denunció que Panamá asumía el costo. El Gobierno adujo que no sabía de qué hablaba. Washington añ anunciar el “First and Free”. Panamá habló de compensación. La ACP confirmó que se estudiaría un mecanismo para hacer el tránsito “costo neutral”.
Y ahora el Gobierno vuelve a decir: “Los estadounidenses pagan”.
Es necesario que sea explicado públicamente: ¿Qué fue exactamente lo que Washington obtuvo con el “First and Free”? Si no obtuvo nada, ¿por qué el Pentágono lo presentó como una victoria histórica?
Y si obtuvo algo, ¿qué fue? Aquí es donde la denuncia de Doens vuelve a cobrar importancia. La pregunta ya no es si hay que creerle a Mitchell Doens. La pregunta es por qué, después de la aparición del “First and Free” y del reconocimiento oficial de un mecanismo de compensación, el país todavía no conoce con absoluta claridad quién paga qué, quién compensa qué y bajo qué condiciones.
Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? Esa es la pregunta. Y el Gobierno tiene la obligación de responderla con documentos, no con declaraciones.
El problema es mayor que un peaje. Washington no está negociando únicamente el precio del tránsito de sus buques. Está negociando posición estratégica.
El acuerdo Ábrego-Hegseth abrió la puerta a una profundización de la cooperación militar, entrenamiento conjunto, interoperabilidad, ciberseguridad e intercambio de información. Y Estados Unidos anunció, además, una presencia rotacional en antiguos espacios militares estadounidenses como Rodman, Howard y Fort Sherman.
¿Bases militares? El Gobierno dice que no. Y jurídicamente es importante mantener esa precisión.
Pero ¿qué diferencia práctica existe entre una base permanente y una instalación panameña utilizada regularmente por tropas estadounidenses para entrenamiento, ejercicios, almacenamiento de equipos y cooperación militar? Esa es una pregunta política, no solamente semántica.
Y Washington tampoco está escondiendo su objetivo. El Pentágono lo dijo claramente: China.
El nuevo esquema de seguridad está dirigido, según Washington, a contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino. Y aquí debemos desmontar otra parte de la narrativa. China no administra el Canal. La ACP lo administra.
Pero existen empresas chinas o de capital hongkonés en actividades portuarias y logísticas alrededor del Canal. Y Washington ha decidido que esa presencia crepresenta un problema estratégico. Entonces, lo que se está viendo no es simplemente una operación para “proteger el Canal”. Es una pieza de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China.
¿Y dónde queda Panamá? Aquí está el verdadero peligro.
Panamá puede terminar siendo el territorio donde dos potencias mundiales disputan su influencia, mientras el Gobierno panameño proclama que mantiene intacta su soberanía. Pero soberanía no significa únicamente: “El Canal es nuestro”. Soberanía significa también “Nosotros decidimos quién entra, quién opera, quién entrena, quién almacena equipos, quién tiene acceso a información estratégica, quién recibe ventajas y quién paga.” Aquí hay demasiadas preguntas sin respuesta.
Río Indio tampoco puede ser separado del debate La publicación que circula en redes relaciona estos acontecimientos con río Indio. Aquí hay que ser todavía más cuidadosos. No existe evidencia suficiente para afirmar que el acuerdo Ábrego-Hegseth autorice una “remilitarización estadounidense” de río Indio.
Sin embargo, hay algo que sí es verificable: río Indio es estratégico para la seguridad hídrica del Canal, y organismos estadounidenses de ingeniería han colaborado desde hace años con Panamá en asuntos relacionados con el agua. Por tanto, no hay que inventar una conspiración. La realidad ya es suficientemente preocupante (agua + Canal + infraestructura estratégica + seguridad + presencia estadounidense + competencia con China). Todo está convergiendo.
Mientras tanto, las comunidades campesinas que serán afectadas por el proyecto siguen teniendo razones para exigir información y garantías.
[1] Véase: Mitchell Doens, “La táctica del salami de Mr. Trump”, La Prensa, 25 de enero de 2026.
[2]Véase: Departamento de Defensa de EE.UU., 9 de abril de 2025. El Pentágono calificó el acuerdo como un logro de la administración Trump y afirmó explícitamente que Estados Unidos había conseguido el tránsito “First and Free”.
[3]Véase: ACP, comunicado oficial de abril de 2025. La propia ACP confirmó que se desarrollaría un mecanismo para compensar servicios de seguridad por peajes de buques de guerra y auxiliares, buscando un esquema “costo neutral”.
[4]Véase: declaraciones del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, julio de 2026.
INFOGRAFÍA DOCUMENTAL:
¿RUMOR, DENUNCIA O UNA PREGUNTA TODAVÍA SIN RESPUESTA?
① MITCHELL DOENS
📅 Enero 2026
Advierte sobre una estrategia gradual de presión estadounidense sobre Panamá y el Canal.
② WASHINGTON
📅 Abril 2025
Pentágono anuncia “FIRST AND FREE” para buques militares estadounidenses.
③ AUTORIDAD DEL CANAL
📅 Abril 2025
Habla de compensar servicios de seguridad mediante peajes y buscar “costo neutral”.
④ GOBIERNO PANAMEÑO
📅 Julio 2026
Afirma que los buques de guerra estadounidenses continúan pagando los peajes.
LA PREGUNTA:
Si pagan, ¿Qué significa exactamente “First and Free”? ¿Qué servicios se compensan? ¿Por cuánto? ¿Quién los valora? ¿Quién paga? ¿Quién contabiliza?
