Por Rogelio Mata Grau
Docente e investigador social
Como en otros países de América Latina, la historia de las panameñas está marcada por la lucha constante contra la exclusión, la desigualdad y la violencia. A lo largo del siglo XX, las mujeres de Panamá han sido protagonistas fundamentales en la transformación democrática, educativa y social.
La participación femenina no fue marginal ni reciente: surgió desde los márgenes del sistema, avanzando paso a paso, organizadas en gremios, clubes, sindicatos, asociaciones cívicas, partidos políticos y diversos espacios comunitarios.
Desde la pionera Clara González, primera abogada en este país y fundadora del Partido Nacional Feminista, Esther Neira de Calvo, y Marta Matamoros, luchadora obrera que defendió el derecho de las trabajadoras a la maternidad y al trabajo digno, hubo importantes avances. Matamoros fue la primera dirigente en la historia del movimiento sindical panameño en dirigir una federación obrera.
Asimismo, hay que destacar la figura de Gumercinda Páez, constituyente en 1946, quien abrió caminos en el poder legislativo. Todas ellas forjaron, desde principios del siglo XX, un proyecto de ciudadanía para las mujeres panameñas.
Esas luchas no fueron únicamente urbanas o de élites. Hubo liderazgos en el campo y en las aulas, y en la lucha en los barrios: Irma Tuñón defendió los derechos de la mujer campesina, y militantes como Sonia Gallardo de Smith, Ángela Arrúe, Edilma Moreno, Luzmila Sánchez, Diana Morán. Felicia Santizo, Dalys Batista de Pérez, en las aulas universitarias, transformaron el sistema educativo, no sólo enseñando, sino formando generaciones de formadores y gestores educativos con compromiso social y perspectiva de equidad, Aleyda Terán, Mireya Peart, defensoras del derecho de las mujeres en los barrios populares como El Chorrillo
A lo largo del tiempo, esas activistas impulsaron, junto a otras, conquistas históricas: el derecho al voto femenino (1945), el acceso a la educación secundaria y superior, la inserción laboral en condiciones de dignidad, el derecho a organizarse, a decidir y a vivir sin violencia. Las victorias, obtenidas con esfuerzo, no fueron concesiones graciosas del Estado, sino el resultado de la lucha constante, muchas veces silenciada y aún inconclusa.
El Ministerio de la Mujer —creado para articular políticas públicas con enfoque de género— es, precisamente, una expresión institucional de ese largo proceso de organización y conciencia. Su existencia encarna el paso de la exclusión al reconocimiento, del silencio a la voz, de la subordinación a la ciudadanía plena. Eliminarlo no es sólo cerrar una oficina: es negar esa historia, interrumpir un proceso de justicia social, y retroceder décadas en derechos humanos.
Por ello, la defensa del Ministerio de la Mujer no es un asunto de coyuntura política: es un deber histórico y ético con las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es afirmar que Panamá no puede ni debe dar un paso atrás en los asuntos relativos a la equidad, la dignidad y el derecho de todas las personas a vivir en un país más justo.
La lucha por los derechos de las mujeres no ha sido local ni reciente. Desde los inicios del siglo XX, países como Cuba fueron testigos de cómo las mujeres, aún excluidas del voto y de la vida pública, levantaron organizaciones como el Partido Nacional Feminista (1912) y el Club Femenino de Cuba (1918), que impulsaron verdaderas transformaciones legales, educativas y sociales.
Esos movimientos sociales lograron conquistas como el sufragio femenino (1934) y reformas en el Código Civil, tras décadas de resistencia. Hoy, cuando en Panamá se pretende eliminar el Ministerio de la Mujer a través de la excusa de eficiencia estatal, hay que recordar que esas instituciones no son un privilegio: son el resultado de una larga batalla continental por la equidad. Su supresión sería un retroceso, no sólo para Panamá, sino una traición a la memoria colectiva de las mujeres en América.
