Antes de que suenen las alarmas en las puertas de una tercera guerra o el inicio de un conflicto armado mundial, Panamá debería apelar a la paz y al principio de la neutralidad de la vía interoceánica. Ese compromiso vigente fue asumido a partir de la firma del Tratado del Canal, de 1977, que extinguió la cláusula de perpetuidad sobre la franja del territorio canalero conculcada por Estados Unidos.
Un ataque con drones lanzado sin previo aviso por órdenes del presidente estadounidense Donald Trump provocó la muerte atroz del comandante de la Fuerza Quds, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), y de los integrantes de un convoy. Sin duda, el hecho estremece a países aliados de Estados Unidos, debido a las consecuencias e implicaciones políticas, económicas y diplomáticas, incluida la navegación marítima.
En medio de ese escenario de incertidumbre que enciende las alarmas internacionales, es absurdo que Panamá aún mantenga una política exterior vacilante, más cercana a Washington que a Latinoamérica. Es necesario rechazar las provocaciones y recuperar la capacidad demostrada en 1970 a favor de la autodeterminación y la no intervención, y elevar el prestigio internacional de este país a través de la restauración de una gestión soberana y patriótica.
Panamá no debería convertirse en cómplice silencioso del artero ataque militar contra iraníes e iraquíes. Como administrador del paso pacífico del buque de todas las banderas del mundo, a través de la ruta interoceánica, hay que insistir en el Derecho Internacional y la condena en el ámbito de las Naciones Unidas de todo intento de provocar guerras contra otros Estados, cuyo fin ulterior es tomar por la fuerza el control de las riquezas y vastos recursos energéticos.
Panamá ha sido un territorio apto para el encuentro de culturas, el desarrollo de iniciativas regionales de cooperación y la construcción de procesos de paz. Un giro de timón en la dirección equivocada en el manejo de las relaciones internacionales, podría convertir a la vía acuática administrada por los panameños desde 1999 en tarjeta de tiro de fuerzas beligerantes, lo que a su vez aumenta el riesgo para las economías que serían perjudicadas con el estallido de guerras.
Hoy, se impone el camino de la sensatez gubernamental para encarar la amenaza de un potencial conflicto nuclear y detener las acciones demenciales de los intervencionistas. La lucha por la soberanía y la neutralidad del Canal de Panamá son mandamientos de la religión que une a los panameños, quienes alzan sus voces para impedir que el territorio sea convertido en plataforma de agresión a otros países.
