La sexta frontera y el Plan Colmena

0
25
Beneficiarios del Plan Colmena.

Por Calixto Silgado
Abogado

La sexta frontera representa la lucha contra la pobreza extrema y tridimensional que hay en Panamá y que afecta a casi 500.000 personas. Esa lucha consiste en respetar la acumulación de la riqueza que tiene un grupo minúsculo de la sociedad o enfrentar la peor distribución de la riqueza entre los países de la región.

Luchar contra esa pobreza y la riqueza concentrada en manos de pocos, sólo tiene dos caminos, tomar a los ricos, quitarle su riqueza a la fuerza, es decir empobrecerlos, o tomar los recursos del Estado y regarlos, tanto en caminos, carreteras, escuela y subsidios económicos a los sectores empobrecidos con el propósito de moverlos del banco de la pobreza hacia el de oportunidades.

Cualquiera de los dos caminos, será políticamente criticado por los adversarios del gobierno, incluso, por los mismos beneficiados.

Han transcurrido 30 meses de gobierno, 22 de ellos con pandemia. Además, con la carga de las deudas de dos anteriores administraciones de gobierno, uno que invirtió en grandes obras con marcado interés en sobrecostos sin acumular los dineros para pagarlas al término de sus contracciones, y otro que llegó y las paralizó, dejando en el aire lo invertido y gastado. De hecho, se sumó un costo entre el 20 a 30 por ciento para su recuperación. A ello, se añaden los costos de sus propias inversiones no concluidas.

Entonces, no ha sido ni será nada sencillo regresar el país por los senderos de la recuperación económico, pese a que por las medidas tomadas, tanto organismos internacionales como la propia actividad interna, consideran que la economía crecerá en un hasta 14 por ciento. Con ello, se busca elevar el descenso pandémico al nivel del casi desastre económico que dejó la administración de Juan Carlos Varela en el 2019.

Quienes en 2019 votaron por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), buscaron mejorar la economía y obtener un empleo digno. Queda seguir la lucha, puesto que el crecimiento sólo nivelará los efectos económicos post pandemia.

En enero 2021, el gobierno reconocía que la deuda pública había crecido en 10.000 millones para situarse de 29.000 millones, en 40.000 para el año 2021. De esos 10.000 millones, 5.000 de ellos fue dedicado a cancelar la deuda dejada por las dos administraciones pasadas, y los otros 5 a enfrentar la pandemia y reactivar la economía.

Seis meses después del anuncio de esas inversiones, el gobierno confirmó que se han recibido 56 obras publicas por un costo de 564,5 millones, ha entregado 61 Ordenes de Proceder (1.500 millones son obras a construir), realizado 55 licitaciones públicas por 754.000 millones. En seis meses, se ha puesto a circular en la economía (año 2021), 275 millones para obras de infraestructuras públicas, lo que debe generar unos 20.000 empleos directos e indirectos como impulso de fondos recogidos en 2021, a los que se les sumará lo que se recoja en el 2022. Estos empleos, en el universo de casi 700.000 entre desempleados e informal, resulta poco, debemos reconocerlo.

Tras escuchar el 2 de enero al presidente Cortizo en su informe a la nación, ahora se entiende el llamado Plan Colmena. Este plan, no es otra cosa que regar en los lugares más empobrecidos, Comarcas, Municipios, etc., los ingresos públicos y como una colmena por dentro, hacer los tejidos y pasos que se unan con las inversiones de las ciudades, llevando los fondos públicos a mover a las personas de esos bancos de pobreza, sin afectar a los que tienen sino. Todo lo contrario, hacerlos entender que por su propia iniciativa de inversión privada, el Estado le está creando mercado y consumidores a sus inversiones, pero desde la perspectiva de Justicia Social, no dádiva ni limosnas. Cortizo entendió lo que es luchar contra la sexta frontera, tarea que Omar Torrijos dejó pendiente.

No obstante, es necesaria la creación de un Plan Nacional Urgente de Empleo contratando por un tiempo definido a unos 70.000 panameños (que indirectamente incorporaría a 200.000 personas), entre profesionales y no profesionales por 3 años o los 30 meses que quedan al gobierno, para que genere un consumo general y cierre el ciclo a toda esa inversión publica anunciada y en ejecución, dedicándose entonces a pagar la deuda y administrar lo invertido con los recursos propios, sin pedir más deuda, dado que el dinero ya está del lado de acá. La politiquería dirá que es clientelismo y compra de electores, que lo digan; seria la única deuda que el pueblo aceptaría.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here