A continuación, Bayano digital reproduce la carta enviada el 21 de septiembre de 2024 a altos representantes de los organismos de derechos humanos en el mundo, con el propósito de exigir respeto a la soberanía de Venezuela y reclamar el pleno reconocimiento de la voluntad política y democrática del pueblo venezolano.
Para: Honorable Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Honorables miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Respetados Defensores de Derechos Humanos:
Las organizaciones abajo firmantes, en nuestra condición de veedores y acompañantes internacionales en las recientes elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela, y/o integrantes de distintas organizaciones sociales vinculadas a la vida política latinoamericana, nos dirigimos respetuosamente a ustedes para llamar su atención sobre el sesgado y falaz informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela.
El informe en cuestión fue presentado en un diálogo interactivo realizado el viernes, 20 de septiembre de 2024, en el marco de la 57º sesión del Consejo de Derechos Humanos. En la presentación del informe se pretende instaurar la idea de que el Estado venezolano tiene una política deliberada y sistemática de violación de los derechos humanos y de persecución contra la oposición política en Venezuela.
Corresponde adelantar aquí que las y los abajo firmantes hemos concluido en forma unánime en la transparencia del proceso eleccionario del 28 de julio del corriente año en Venezuela, que se ha llevado a cabo bajo condiciones de absoluta normalidad, garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio de su derecho constitucional a emitir el voto. Verificamos que la jornada se desarrolló sin mayores inconvenientes, en forma organizada y en paz, sólo afectada por el ciber ataque que retrasó la publicación de los resultados. Por tanto, nuestras conclusiones distan profundamente de algunos sesgados informes críticos que -mediante la invocación de un supuesto fraude- son funcionales a una clara operación intervencionista liderada por Estados Unidos.
Tanto el expresidente Trump, como otros lideres y funcionarios, ostensiblemente han manifestado su intención de apropiarse de los recursos de Venezuela, siendo secundados por otros Estados, redes sociales, medios de comunicación masiva e información, y los sectores políticos dependientes y afines, en la permanente desestabilización de dicho país, para justificar la instalación de un gobierno títere e incluso invadir militarmente dicho país.
Ponemos a disposición el Informe Final Conjunto de Observación Electoral, elaborado por varios de los aquí firmantes, para ilustrar acerca de la realidad del proceso eleccionario del 28 de julio en Venezuela, la normativa que rige el sistema electoral de ese país soberano, y los procedimientos de contralor y verificaciones al que estuvo sometido, tanto del poder electoral como del poder judicial.
Por todo ello, creemos necesario reseñar a continuación los hechos post electorales inmediatos, que muchas y muchos de los firmantes pudimos presenciar, señalando quiénes fueron sus protagonistas y las consecuencias de dichos actos.
Éstos hechos, además de afectar a los derechos humanos de la población, contribuyeron a generar un clima de desinformación institucional y de desestabilización política de la República Bolivariana dee Venezuela, un país soberano, ocultados por los medios de comunicación hegemónicos que tienen las mayores audiencias de la región y de occidente. Nos referimos al despliegue de violencia instigada o promovida por grupos de la oposición en desacuerdo con los resultados electorales que anunciara oportunamente el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ya en los días previos a los comicios, hubo denuncias de paramilitares colombianos acerca de que la derecha política venezolana estaba intentando reclutarlos para cometer actos de terrorismo y sabotaje antes, durante y después de la jornada de sufragio (por ejemplo, el comunicado de las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra Nevada.
También en esos días se realizaron conatos de atentados contra el sistema eléctrico que fueron neutralizados. Pero luego de la jornada electoral del 28 de julio -que se desarrolló en paz y tranquilidad- los hechos de violencia más graves se desplegaron a partir del día 29, y fueron denunciados con pruebas desde la Fiscalía del Estado, dando a conocer con nombres y apellidos de sus autores materiales, tanto de las acciones directas realizadas, como sus vinculaciones a grupos delincuenciales de adentro y de afuera del país.
Detallamos a continuación los hechos relevados, probados y denunciados, contra instituciones públicas, bienes materiales, pero también -y lo más grave- contra vidas humanas:
- Ataque a las instalaciones de la terminal transportista Transbarca (estado Lara), causando graves daños, incluyendo el robo de una grúa que luego quemaron.
- Quema de 11 estaciones del Metro de Caracas, cuyos trabajadores impidieron a los violentos ingresar para quemar los trenes.
- Quema de 10 sedes del CNE en 10 estados diferentes.
- Quema de 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), algunas con personas adentro. Se destaca el de Carora, el miércoles 31 de julio, que consistió en saquear su radio comunitaria, destruir el mobiliario y luego incendiar la sede, atacar y golpear con saña a unas 20 personas dentro de las cuales quedaron, al menos, dos heridos de gravedad y lanzar a una persona del último piso del inmueble.
- Quema de instalaciones como el cuartel de San Jacinto en Aragua, la sede del Ministerio de Vivienda en Chacao que además recibió ráfagas de balas y bombas molotov, con las/los trabajadores y sus hijos en el interior.
- Intento de asalto al Palacio presidencial de Miraflores. La mayoría de los sospechosos fueron capturados en la escena.
- Se baleó durante horas la sede central del CNE donde se encontraban 60 veedores internacionales. La GNB detuvo en flagrancia a más de 20 delincuentes drogados pertenecientes a los llamados “comanditos” de la oposición.
- Se atacaron y vandalizaron las alcaldías de Carirubana y Quíbor con bombas molotov (en algunos casos con personal trabajando en su interior), el zoológico de Maracay, la plaza pública y la estación de metro de El Valle.
- Ataques a hoteles donde se encontraban alojados grupos de veedores internacionales.
- Derribo de 27 estatuas y monumentos.
- Quema y destrucción de 250 módulos policiales.
- Saqueos a comercios y quema y saqueos a 6 centros de almacenamiento y supermercados CLAP.
- Un tren incendiado en Valencia.
- Destrucción de 38 autobuses.
- Ataque a un centro de aguas servidas en Nueva Esparta.
- Quema de vehículos de trabajadores.
- Ataque y vandalización de 7 escuelas de educación inicial, 21 escuelas de educación primaria y 34 liceos.
- Ataque y vandalización de 12 universidades incluyendo la Universidad Central de Venezuela.
- Ataque y vandalización de 3 hospitales, 6 centros de diagnóstico integral, más de 30 ambulatorios, 1 centro de salud de alta tecnología y 1 farmacia.
- Ataques y quema de dominios nacionales de diferentes instituciones del Estado y de Hidrocaribe, la empresa de generación eléctrica, en Nueva Esparta.
En relación con los hechos más graves de vulneración de los Derechos Humanos se denunciaron más de 5.000 amenazas a líderes populares y que ”223grupos criminales armados» asesinarían a uniformados.
Se viralizaron videos de los llamados “comanditos”, organizados por la oposición vinculada a María Corina Machado, encapuchados amenazando con disparos a la población civil en diversos Estados.
Como parte de la generación del clima de violencia se difundieron imágenes falsas, como las de robo de urnas que el mismo dueño de la red X difundió y que eran, en realidad, aparatos de aire acondicionado, o personas fingiendo su muerte que luego aparecían en otros videos sanas y salvas.
En cuanto a la viralización de videos de “Comanditos” encapuchados, se conocieron los casos de “Comandito de Maracaibo” (estado Zulia) en el que tres jóvenes en dicha ciudad trataron de amedrentar a la población amenazando con quemar sus automóviles si circulaban por una vía, y se viralizó también el video del “Tren de los Llanos” amenazando con armas . Otra organización denominada el Tren del Llano, con base en el Estado Guarico, hizo circular en redes sociales un video en el que amenazan al gobierno, a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Públicas del Estado, instándolo a que “respeten los resultados”. “Respeten al pueblo o si no, aténganse a las consecuencias”.
Y aquí viene lo más grave: varias de estas amenazas contra la vida y la integridad física de personas y propiedades públicas y privadas se concretaron, por lo cual es falsa la afirmación propagada acerca de la represión de “pacíficos manifestantes”, cuando, además, desde las instituciones se afirma que ni uno de los 25 muertos denunciados fue por causa de la acción estatal. Desde el ministerio público
fiscal se ha declarado la existencia de transeúntes fallecidos, que llegaban a sus casas y fueron atacados y les quemaron sus vehículos. Hay 2 soldados de la FANB asesinados, y un general de brigada, un teniente coronel, un primer teniente, 21 tropas profesionales y 120 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana heridos. Reeditando el linchamiento a la militancia popular de 2017 (cuando quemaron vivas a personas por ser o parecer chavista), esta vez también han sido asesinadas varias personas, entre ellas dos dirigentas mujeres, lideresas locales. Se trata de Mayauri Vilma de 49 años, líder social del PSUV, asesinada a tiros en Turmero, Estado Aragua y la dirigente de base del PSUV, Cirila Isabel Gil, asesinada en el Callao, Estado Bolívar.
Los denunciantes describen uno de los homicidios como un crimen de odio, ejecutado con ensañamiento, la abuela recibió golpes y cuchilladas, por los llamados “comanditos”. Estos hechos se constituyen en verdaderos actos fascistas contra la militancia popular.
Se afectaron además otros derechos humanos, como el de la comunicación y conocimiento de resultados electorales detallados, dado el ataque contra el sistema de transmisión electrónica del CNE (nunca antes visto y se mantiene), así como el recibido por 25 sitios de dominio nacionales de diferentes instituciones estatales.
Frente a hechos de tal gravedad es necesario también dejar claro y puede ser probado. que los daños a la vida de las personas y los bienes materiales fueron producidos por comandos vinculados a la oposición golpista y no como se quiso hacer aparecer a las fuerzas de seguridad que todo país despliega para garantizar el orden y la protección de sus ciudadanos y ciudadanas.
Por todo lo arriba expuesto, y otras denuncias que siguen llegando y se encuentran bajo investigación, es que solicitamos el reconocimiento de estos hechos acallados por la gran prensa, algunos organismos internacionales y la misma oposición, que han provocado muertes, daños físicos y materiales, alterando la convivencia pacífica y el orden social del pueblo, así como el repudio por parte de vuestra organización.
Es necesario reconocer los esfuerzos realizados por el Estado venezolano para frenar la ola de violencia -que el informe atacado intenta mostrar como represión y violaciones a los derechos humanos, con errática metodología y sin pruebas- para impedir que esa violencia se extienda al igual que las tentativas de operaciones intervencionistas, tal como lo ha solicitado temerariamente María Teresa Morín, la coordinadora en el exterior del partido Vente de la opositora María Corina Machado.
Solicitamos, asimismo, el pleno respeto que la institucionalidad venezolana merece y el reconocimiento a la autodeterminación de su pueblo, exigiendo responsabilidad en los pronunciamientos y un claro rechazo al grosero injerencismo, violatorio del derecho internacional, pocas veces ejercido de tal modo en país alguno.
Esta campaña de desestabilización institucional y social viene a sumarse al genocida bloqueo económico dispuesto unilateralmente por Estados Unidos y sus países satélites, causando gravísimos daños en la salud, la alimentación, y el desarrollo integral de la población, justo en el momento en que el Estado Venezolano, con enormes esfuerzos, ha comenzado a revertir sus terribles consecuencias.
Firman esta solicitud:
Adolfo Pérez Esquivel, presidente del SERPAJ, Premio Nobel de la Paz
Ana María Careaga, directora Instituto Espacio para la Memoria
Stella Calloni, integrante del Instituto Espacio para la Memoria / REDH
Atilio Boron REDH / UNDAV
Claudia Viviana Rocca, vicepresidenta de la Asociación Americana de juristas/Presidenta de la Asociación Argentina de Juristas
Andrea Vlahusic, secretaria General/Asociación Argentina de Juristas
Alicia Castro , ex embajadora de Argentina en Venezuela y Reino Unido
Paula Klachko, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH)
Argentina / UNDAV / UNPAZ
Hugo Cachorro Godoy CTA Autónoma
Daniel Catalano ATE Capital
Carlos Lopez, presidente OPEIR
Carlos Raimundi OPEIR Y PARTIDO FRENTE GRANDE
Juliana Marino Diputada (MC) / REDH
Matías Fachal Federación Judicial Argentina
Federico Giuliani, secretario General de ATE y CTA Córdoba
Matías Busso – Asociación contra la Violencia Institucional ACVI
Soledad Castillo Gomez, abogada DDHH Chile
Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)
Maria Eugenia Russian Fundalatin
Y decenas de firmas adicionales.