Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Dirigentes de movimientos sociales e integrantes de organizaciones ambientalistas entregaron a la embajadora de Canadá en Panamá, Kim Ursu, un informe de violaciones de derechos humanos perpetrados en las protestas contra la minera canadiense First Quantum Minerals y reclamaron acciones preventivas del gobierno de Ottawa.
Damaris Sánchez, vocera de los manifestantes, señaló que el informe fue presentado a la diplomática por dirigentes de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP), la Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar y Ya es Ya, entre otras organizaciones nacionales.
Ante la existencia de un activo e influyente ”lobby” minero, la dirigente ambientalista propuso al gobierno de Canadá la activación del Programa Voces en Riesgo, para proteger a los ambientalistas de atropellos, así como el retiro del apoyo oficial, económico, político y comercial a Minera Panamá, S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals, por los graves delitos cometidos en este país.
Sánchez precisó que en el informe entregado a la diplomática se destacan cuatro muertes durante las protestas populares intensificadas en 2023, cientos de heridos, más de 1.500 casos de detenidos en forma arbitraria y 23 casos de activistas que enfrentan la criminalización de la Justicia.
Adujo que los casos de criminalización judicial persisten, pese a que la Corte Suprema de Justicia de este país declaró inconstitucional el convenio entre el gobierno panameño y Minera Panamá, S.A., que había desatado un grave conflicto ambiental, debido a la creación de un enclave minero y la contaminación de suelos y ríos en áreas selváticas
”Los defensores ambientales en Panamá han sido criminalizados y judicializados, en tanto que la empresa First Quantum, basada en Toronto, desde que adquirió el proyecto en 2013, ha cometido devastadores daños ambientales con sus operaciones, las cuales fueron ejercidas de manera ilegítima”, indicó un comunicado distribuido por los ambientalistas a medios informativos.
Sánchez subrayó que ”el pueblo panameño ha dicho de manera reiterada que no aprueba el desarrollo de la minería metálica, que la biodiversidad y el agua son la riqueza más importante del país”. Añadió que rechaza toda forma de agresión contra los defensores ambientales que protegen los bosques, ríos, costas y manglares.
En ese sentido, solicitó a Canadá que acompañe al gobierno de Panamá en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la ley 406, de concesión minera en las caribeña provincia de Colón, rica en recursos hídricos y en biodiversidad.
