Por Abdiel De León
El día viernes 19 de Octubre del 2012, será recordado como uno de los episodios en la historia de luto y gran oscuridad para los habitantes en la caribeña provincia de Colón, de enorme importancia económica en Panamá.
Aquella vez, en medio de fuertes protesta, fue asesinado el niño Josué Bethancourt Vega y otras personas murieron violentamente en la provincia colonense. Las acciones de lucha popular fueron generadas para rechazar el negociado de la venta de tierras en la Zona Libre de Colón (ZLC).
El presidente Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, los comisionados Bartolomé Agüero, Frank Ábrego y otros personajes fueron acusados de ser los responsables de los asesinatos en casas y calles de la ciudad de Colón.
Aparte de Josué, fueron registradas otras muertes por disparos de armas de fuego de las fuerzas policiales movilizadas desde la ciudad de Panamá y otras provincias. En la represión desatada, participaron militares del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
Entre los caídos por el impacto de las balas disparadas por los uniformados figuran Yamileth Navarro, Jin Dixon Andreve, Irasema Ramos, Mohamed Cañate y una numerosa cantidad de heridos y violentas detenciones.
Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino apadrinaron la agresividad de las unidades represivas de la Policía Nacional, el SENAN y el SENAFRONT contra la población colonense.
Pero, lo más indignante, fue la actitud de burla y arrogancia se produjo al finalizar el ”tercer debate” de un proyecto de ley destinado a perpetrar el despojo. El entonces presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, “Sergio Gálvez”, afirmó sarcásticamente, en medio de la mortandad y el dolor de los colonenses: ”vayan a llorar al cementerio”. Aquel parlamentario se jactaba y movía los brazos con ademanes de triunfo.
Mientras, se intensificaban las movilizaciones en distintos puntos de las calles de Colón, con el rechazo radical a la medida impositiva del gobierno de Ricardo Martinelli y su partido político Cambio Democrático (CD).
La historia registra con pesar esos hechos
Con la aprobación en tiempo récord y la sanción del anteproyecto de Ley 529 (en menos de 96 horas), propició una nueva situación de indignación que fue creciendo en Panamá, sobre todo en la ciudad caribeña sublevada y enardecida.
La mencionada ley sancionada como Ley 72 del 19 de octubre de 2012, fue impuesta como Norma de la República unas cinco horas después de la aprobación por los diputados y la sanción del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, antes de realizar una gira a Japón y a Vietnam.
Esa actuación oficial dispuso la venta de todos los terrenos en la Zona Libre de Colón (ZLC), principal área franca de América Latina, a orillas del Canal Interoceánico.
El gobierno justificó entonces la venta, a razón de la creación de un fideicomiso con el 35% de las utilidades de la venta.
La ZLC genera a los empresarios ganancias superiores a los 20.000 millones de dólares anuales, en una empobrecida provincia hecha ruinas.
Luego de 76 horas de protestas, se agudizó la situación por las decenas de barricadas en las diferentes calles y barriadas colonenses. Las protestas también estallaron en la capital.
Las Fuerzas Policiales y militares redobló la seguridad e inició una fuerte ofensiva, pero por la indignación que desembocó en disturbios, obligó a las autoridades a declarar un “Toque de Queda” que inició a las 16:00 hora local.
El Ministerio de Seguridad ordenó el patrullaje aéreo mediante helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y desplegó un contingente de centenares de efectivos del SENAFRONT para imponer de la mano dura y la fuerza.
El aumento de los decesos
A tempranas horas de la noche se informó en un parte médico oficial y parcial de un menor de nueve años de edad muerto por impacto de bala y decenas de heridos por disparos
Por su parte la Fuerza Pública emitió un boletín policial de tres policías heridos de bala, cinco oficiales heridos por objetos contundentes y decenas de detenidos.
A su vez, la Cruz Roja Panameña montó guardia permanente en el tratamiento y movilización de heridos a la sala de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, único hospital público en la ciudad de Colón.
La solidaridad se hizo sentir
Dirigentes de la Comarca del Occidente de Panamá lanzaron un ultimátum al gobierno nacional de tres días para derogar la Ley 72. De lo contrario, saldrían a las calles para protestar por los colonenses. Integrantes de la etnias indígenas Ngäbes y Buglés de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro protestaron enérgicamente. Con esas acciones, se evitó la explotación masiva minera e hidroeléctrica en las zonas comarcales y las no comarcales.
De igual forma, se pronunció el colectivo de gremios y organizaciones populares incorporadas en el Frente Nacional en Defensa por los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), que ya había realizado acciones desde las bases estudiantiles, obreras y de otros espacios populares.
Martinelli escribió en su cuenta de Twitter, desde Japón, que derogaría la venta de terrenos pero aumentaría al 100% el alquiler, y que el dinero iría al pueblo de Colón. A diferencia del comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, no indicaba que derogaría la ley ni los planes de la venta territorial prevista.
Los medios locales informaron sobre cuatro muertos en siete días de conflicto, pero fuentes médicas y testigos presenciales de los hechos hablaron de más de siete personas fallecidas y centenares de heridos y detenidos por las fuerzas represivas en Panamá.
