Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
Hoy en Panamá se está reviviendo el militarismo, como ocurrió en el pasado, en nuevas nupcias con la plutocracia y en concubinato escandaloso con el gobierno de Estados Unidos. Por ello, es una ingenuidad de quienes piensan que el intervencionismo angloamericano cesó con la firma del Tratado del Canal de Panamá, en 1977, y el Tratado concerniente a la Neutralidad permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, conocidos como los Tratados Torrijos-Carter. Se equivocan de plano, porque la injerencia estadounidense en nuestros asuntos internos, continúa.
La historia del militarismo istmeño se remonta al último caudillo militar tras la independencia de Panamá de Colombia. Luego de que mediante Decreto N°1 del 20 de febrero de 1904 “se eliminaba el Ministerio de Guerra y Marina”, el general Esteban Huertas, en complot con liberales de la época, intentó deponer por la fuerza al presidente Manuel Amador Guerrero.
Previamente, en enero de 1904, el procónsul norteamericano William I. Buchanan, había comunicado a su gobierno, la conveniencia de “licenciar” a los integrantes del ejército panameño. El 16 de noviembre del mismo año, John Barrett, nuevo ministro del imperio del Potomac, “recomienda” al mandatario panameño, como única salida a la crisis del militarismo, la “destitución del jefe castrense”. Entonces, el presidente Amador solicitó la dimisión al general Huertas, y éste la presentó de forma “irrevocable”. En la misiva, responsabilizó a los norteamericanos de su renuncia. “El último acto de este episodio (tragicomedia) lo constituyó la desintegración del ejército el día 20 de noviembre de 1904” (Araúz-Pizzurno, 1996).
Del primer intento de remilitarización de la Policía nos da cuenta en sus memorias una distinguida dama del Club Unión. Dice doña Mami: “Para mí, el militarismo en Panamá no es sólo una responsabilidad de los militares, sino también de civiles que se procuraban beneficiar del poder que emanaba de los cuarteles, igual que en la dictadura militar”. (El camino recorrido).
Contextualizando el hecho anteriormente descrito, debo señalar que con la firma del “Tratado General de Amistad y Cooperación de 1936, dentro de lo acordado por Panamá y Estados Unidos estaba el cese de la intervención del ejército acantonado en la antigua Zona del Canal, en los asuntos internos de nuestro país, en virtud del artículo VII del Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, el cual fue derogado por el artículo VI del Tratado de 1936, Arias-Roosevelt. Lo cual generó un vacío en la seguridad pública, pretexto utilizado primero, por la oligarquía liberal y más tarde, en las década del cuarenta y cincuenta por el imperialismo norteamericano —en el marco de la “guerra fría”— para la remilitarización de la Policía Nacional, convertida en Guardia Nacional y su comandante en jefe, “Chichi” Remón, en dirimente de las controversias de la oligarquía dominante. Para más tarde, trasladar el poder real de la Avenida “A” hasta el Palacio de las Garzas.
La segunda remilitarización ocurre con el golpe militar del 11 de octubre de 1968 y culminó con la defenestración de las Fuerzas de Defensa de Panamá, por la invasión militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989. El gobierno del triunvirato (Endara, Arias, Ford), mediante los Actos Legislativos de 1993 y 1994, estableció en el Titulo XII denominado Fuerza Pública, en artículo 310 que “La República de Panamá no tendrá ejército”. Sin embargo, a partir del gobierno del hijo del general Torrijos (2004-2009), se inicia el proceso de la tercera remilitarización de los cuatro servicios de policía, que de policía solo tienen el nombre, según opinión de un alto militar del “Pentágono”.
En el actual gobierno del trásfuga de Solidaridad, la remilitarización se ha acelerado con el auspicio y concurso estadounidense y la ignominiosa creación de dos bases militares, una en las riberas del Canal y otra en la provincia de Darién. Todo el aparato de seguridad nacional está en manos de militares, incluyendo el propio Ministerio de Seguridad Pública. Los soldados panameños de distintos rangos se han convertido en dirimentes, referentes y deliberantes de políticas públicas y de conflictos sociales, en abierta violación de la Constitución Política de la República. Estamos pues, en la cuarta remilitarización de la Fuerza Pública, con las nefastas consecuencias que la Historia nos ha demostrado.
¡Así de sencilla es la cosa!
