El agro panameño en pie de lucha

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Productores panameños protestan y piden justicia. (Foto: Metro Libre).

Por Alberto Velásquez
Periodista

Incidentes acaecidos en el sector de Divisa, en la región central de Panamá, y la represión contra productores agropecuarios en el distrito de Barú, quienes reclaman derechos y la soberanía alimentaria, el cese de las importaciones y la renegociación de los tratados de libre comercio, desenmascaran la esencia autocrática de un régimen comandado por el capital financiero.

Una minoría de importadores de alimentos y agro empresarios corruptos dominan las exportaciones y dirigen un gobierno plutocrático contra la mayoría de los productores y el pueblo panameño, afectado por la especulación y una ola alcista.

Once familias monopolizan la importación de 1.600 millones de dólares anuales en alimentos para satisfacer la demanda del mercado interno. Esa fuga de capital equivale aproximadamente a los aportes anuales del Canal a este país. La situación ocurre en medio de la continuada farsa electoral, en la que candidatos de partidos políticos repiten su discurso, prometiendo soluciones para el agro, cuando el verdadero interés es mantener el Statu quo y controlar al Estado en función de sus propios intereses.

Los políticos, rehenes de los donantes de campaña y de los grupos de poder económico y financiero, han integrado gobiernos post invasión que dan la espalda a problemas del sector agropecuario, en forma contraria a las promesas electorales. Esas mismas figuras apoyan las medidas económicas neoliberales contenidas en planes y programas tutelados por las agencias internacionales, que conspiran contra la soberanía alimentaria de Panamá.

El reclamo social se ha enfatizado recientemente tras el perjuicio sufrido por el sector primario de la economía, es decir, el agro productivo. La razón fundamental proviene del alto costo de la vida, que afecta precisamente a los más necesitados, incluidos pequeños agricultores y consumidores desamparados.

Los productores denuncian el aumento desmedido de embarques de productos importados, como arroz, leche y cárnicos, justamente en el momento decisivo de la cosecha y otras prácticas agrícolas. Los productos nacionales son rechazados en centros de ensilaje o mataderos de animales, porque los sitios de acopio están ocupados por los productos importados y, en consecuencia, los productores se ven obligados a vender a bajos precios que no se reflejan en los mercados de expendio.

La falta de programas oficiales de producción de semillas certificadas, la importación de cárnicos congelados, que luego distribuyen como carne fresca, el ineficiente control zoosanitario y la incertidumbre de que, pese a la eficiencia, no se puede competir frente a productos subsidiados en el exterior, hace cada difícil la posibilidad de asegurar la sana alimentación nacional y independencia alimentaria.

Esa situación injusta ha obligado al agro estar en pie de lucha. Además de la falta de una política de reconocimiento al esfuerzo de los productores, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela firmó acuerdos vende patria, como el de Banapiña.

El mandatario panameño ha engañado a los productores y los trata como si fueran ignorantes de lo que reclaman. A través de un ministro, más comprometido con las importaciones que con la producción nacional, les falta el respeto, dilatando las respuestas a las demandas presentadas. No concreta ni cumple acuerdos.

Mientras, la situación perniciosa persiste, afectando la economía de miles de familias, el porcentaje más alto de la población nacional, que dependen del trabajo remunerado en el campo. El despojo de tierras con vocación agrícola es una realidad tangible.

Pese a ello, La rebelión en el agro continuará. No importa los veranitos que son generados por acontecimientos que alejan momentáneamente el debate de temas internos, como la visita papal, el carnaval y otros eventos festivos. La lucha continúa y continuará.

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