Ciudad de Panamá, 20 jul (Prensa Latina) – Grupos sociales y la Iglesia católica que funge como facilitadora continúan hoy conversaciones tras definir la agenda de unos ocho puntos para la mesa única de diálogo con el Gobierno que intenta frenar protestas populares.
En las sesiones en el Centro Cristo Sembrador de la Diócesis de Penonomé (provincia de Coclé) acordaron presentar al Órgano Ejecutivo los temas a debatir, entre ellos combustibles, alimentos, medicamentos, electricidad, la propuesta del 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto para la educación y la corrupción.
El secretario del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, señaló que la represión policial debe cesar para avanzar en estas conversaciones, en alusión a enfrentamientos violentos la víspera entre la Policía Nacional y manifestantes en la vecina provincia de Veraguas.
Los dirigentes de ese colectivo junto a los de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo (Anadepo), grupos originarios de Ngabe Bugle y campesinos sentaron las primeras bases para sentarse a platicar con representantes del Ejecutivo.
Sobre los hechos en el puente de Santiago, en Veraguas, retomado por los protestantes en la madrugada que volvieron a cerrar la vía Interamericana, el Ministerio de Seguridad Pública emitió por su parte un comunicado en el que rechazaron la agresión contra sus unidades y la destrucción de vehículos de la institución.
La entidad señaló que la participación de unidades antimotines en la refriega con saldo de varios heridos y detenciones se trató un plan para garantizar el paso de más de 500 vehículos con alimentos, insumos médicos y combustible que se mantenían varados por más de 10 días.
En la capital también se dieron enfrentamientos entre la policía antidisturbios y grupos de manifestantes, que fueron replegados con gases lacrimógenos a fin de obligarlos a despejar una autopista que mantenían bloqueada.
Las protestas en el istmo, incluida una huelga docente indefinida, comenzaron hace más de dos semanas y se han mantenido tras intentos fallidos de sofocarlas por parte del Gobierno, que aprobó subsidios al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto público del 10 por ciento, medidas consideradas insuficientes.
Los cierres viales han causado pérdidas por más de 500 millones de dólares a los productores del agro y a la agroindustria, así como el desabastecimiento de mercados, según el gremio empresarial.