Crisis, transparencia y consenso nacional

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Las protestas callejeras en Panamá van en aumento.

Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político

La Covid-19 primero, y ahora la guerra en Europa, han causado una crisis global de carácter sanitaria, económica y humanitaria que tiende a agravarse debido al giro belicista en el Este del “Viejo Continente”.

En Panamá, el impacto de ambas dificultades ha sido terrible. 300.000 contratos suspendidos nos han llevado a tener hoy 11,5% de desempleo abierto y 47% de informalidad laboral. La contracción del producto nos ubicó como el tercer país de mayor decrecimiento (-11%), pero, la buena noticia es que las proyecciones de incremento del producto para el 2022 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), nos coloca en las perspectivas de crecimiento en el primer lugar de la región (6,3%).

Pero, además, el gobierno no ha podido o no ha querido realizar todo lo que tiene que hacer para minimizar el impacto del dilema. Se dice que para enfrentar un problema con éxito, lo primero que se tiene que hacer es conocer o identificar la dificultad, luego acopiar recursos y transparentar las acciones con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios.

Para resistir el momento de inflexión, se requiere el concurso de todos y el sacrificio compartido. Por ejemplo, durante la pandemia, el equipo gobernante adquirió préstamos por el orden de los 17.000 millones de dólares, lo cual ha disparado la relación Deuda/PIB, que en el 2019 era de 47% a una peligrosa relación de 70%. La administración oficial no ha sido lo suficientemente clara en informar el uso racional de fondos, respecto al geométrico endeudamiento público.

Tampoco en materia de “sacrificio” las autoridades han procurado liderar esa iniciativa. En un principio, se habló de un “ahorro voluntario” de 25% de los salarios de los altos servidores públicos, pero todo quedó en vanas promesas, nada de “ajustarse el cinturón” en materia del gasto público. Al contrario, lo que ha ocurrido es el incremento del gasto corriente en planillas no justificadas, gastos superfluos indignantes, como el reciente “vuelo chárter” de la canciller de Panamá, con nacionalidad estadounidense, en un periplo realizado en varios países de Asia.

En definitiva, muchos actos públicos están envueltos en un manto de opacidad e irracionalidades inadmisibles. Verbigracia, el presidente, para mejorar el hato de pequeños productores de carne y de leche vacuna, ha “regalado” cientos de sementales de “alta genética” (Brahman), pero nadie sabe el contenido del proyecto: ¿Cuántos sementales se van a otorgar? ¿Cuál es el precio de cada semental? ¿A qué finca ganadera se compra el animal (costo, impacto y duración del programa)?

Adicionalmente a la oscuridad que cubre los actos públicos y las actuaciones de los altos personeros oficiales, también está la incoherencia y contradicciones en la explicación por la desatención de algunas situaciones puntuales. Como ilustración, tomemos por ejemplo, el contrato del Estado con Minera Panamá. Persiste el hermetismo absoluto y una denuncia por un miembro de la “Comisión negociadora”, de no defender los intereses nacionales.

En el tema de la seguridad pública, fuentes del Ministerio respectivo aseguraron en un medio de comunicación local, que Panamá es “un país seguro, y que una cosa es la percepción ciudadana y otra las estadísticas que reflejan una tendencia a la baja de la criminalidad”. Pero, el colmo de lo absurdo son las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, quien afirmó que “algunas de las mujeres desaparecidas se han ido con sus parejas o han salido del país”. Eso no es “rendición de cuentas” y tampoco genera confianza.

En conclusión, hay una grave crisis en Panamá, que se refleja en el alto índice de desempleo y subempleo, en el encarecimiento de los productos energéticos derivados de los combustibles fósiles, de insumos agropecuarios, de los alimentos, y en el alza de facto de las tarifas del transporte público de pasajeros (selectivo y colectivos), en la falta de distribución ininterrumpida de agua potable en la mayoría de los hogares panameños.

Asimismo, resaltan el mal estado de la infraestructura pública y la pésima prestación de servicios básicos o inexistencia de ellos. Se podría reconocer que son situaciones que pueden estar en vías de atención en el mediano y largo plazo, pero que en el corto plazo reclaman un liderazgo compartido hacia un consenso entre los principales actores de la vida nacional.

Sugiero al jefe del gobierno y a su “equipo”, escuchar —por lo oportuno y atinado de sus opiniones— a la presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIYAP), Marcela Galindo. La dama expresó con claridad meridiana, entre otros importantes planteamientos, que frente a la crisis actual de múltiples variables (exógenas y endógenas, controlables e incontrolables), hay algunas medidas de corto plazo, cuyos factores internos son manejables, como son los de “apostar a la educación para crear mano de obra calificada para la demanda especializada” y de “generar demanda” y “crear empleos”. Pero, también ha dicho la representante del sector privado que el logro de esos objetivos nacionales sólo son alcanzables sí todos decidimos “remar en la misma dirección”: “gobierno, sociedad civil y empresa privada”.

En otras palabras, lo que se deriva de las declaraciones de la distinguida empresaria, es la urgente necesidad de construir el consenso nacional, de modo que en el corto plazo se pueda incrementar la demanda, generar empleos y redirigir los esfuerzos hacia una educación pertinente, a objeto de mitigar el impacto de factores exógenos, como el aumento de los combustibles fósiles y de sus derivados, el incremento de los insumos agropecuarios, y el alza de los precios de alimentos, ocasionados por la guerra en Europa.

¡Así de sencilla es la cosa!

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