(Redacción de Bayano digital)
Directivos de la empresa Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la multinacional First Quantum Minerals, estarían realizando trámites acelerados en oficinas del Estado para resolver la falta energía eléctrica provocada por la falta de carbón mineral importado desde Colombia para mantener en funcionamiento sus plantas industriales operadas en territorio panameño.
El déficit de carbón se produjo como resultado de la tenaz lucha de propietarios de lanchas y de otras embarcaciones artesanales, quienes impidieron el desembarco de la carga inflamable del buque CSL Tarantau, en el puerto internacional de Punta Rincón, en el distrito de Donoso, en la costa caribeña de la provincia de Colón.
Los tripulantes de las lanchas, incorporados al movimiento social Despierta Donoso, rodearon y frenaron el tránsito del buque, mientras representantes de la compañía pedían la rápida intervención de unidades navales. Así lo reconoció el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), que intervino en una compleja situación creada por el rechazo popular al Contrato Ley 406, que es objeto de diversas demandas de inconstitucionalidad y repudio colectivo.
En una nota dirigida por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a la empresa minera, se adujo que “solicitaron apoyo para atender esta emergencia, debido al incremento la temperatura actual del carbón en los depósitos del buque, lo que puede generar una combustión espontánea, causándoles daños a los tripulantes, al medio ambiente y a la embarcación”.
Como resultado de las escaramuzas en el mar y el temor a un posible estallido de la carga de carbón, el capitán del buque CSL Tarantau decidió dar media vuelta y dirigirse al país de origen de la carga. Ese hecho, dejó a la compañía minera sin la materia prima para activar sus plantas térmicas (usinas) y generar la energía suficiente requerida durante un mes de actividad extractivista.
Minera Panamá, S.A. habría aducido ”situaciones de fuerza mayor” para solicitar a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) la aprobación para el suministro de 300 MW de la red eléctrica nacional, más allá de los 45 MW permitidos. Por ese motivo, la población opuesta a la minería metálica a cielo abierto mantiene bajo escrutinio público a ese organismo regulador y a la Secretaría Nacional de Energía, a las que exigen transparencia.
La principal preocupación de los líderes de las organizaciones sociales que participan en las movilizaciones antimineras, es que el Estado panameño ceda a las presiones de la multinacional y millares de hogares queden sin energia o sufran apagones inesperados.
Panamá es el principal consumidor de energía de Centroamérica. En 2020, este país produjo 10,9 TWh de electricidad. De la matriz energética, la energía hidroeléctrica representó el 67,2 % de toda la electricidad generada, seguida de los combustibles fósiles (24,3 %), la eólica (5,3 %), la solar (2,9 %) y otras fuentes renovables (0,3 %). Sin embargo, se estima que en 2023 y 2024 los fenómenos climáticos pueden causar una drástica disminución en la generación de la energía hidráulica.
