(Redacción de Bayano digital)
Una Comisión Evaluadora designada para conocer el estado financiero de la Caja de Seguro Social (CSS), al margen de los históricos reclamos de la población trabajadora, ha generado un estado de tensión en el movimiento social panameño ante los planes de iniciar un posible proceso de privatización.
El director de la CSS, Enrique Lau Cortés, hizo el anuncio tras sostener una reunión con el contralor general, Gerardo Solís, en presencia de los equipos técnicos que trabajarían en la confección de los estados financieros de la institución de seguridad social.
El “dream team” o grupo oficial está integrado por figuras que defienden una concepción neoliberal de la economía. En su primera reunión interinstitucional, abordó temas como la sostenibilidad del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el diseño de una auditoría financiera que provea la data requerida por la CSS para hacer ajustes y tomar decisiones, y la disposición del equipo informático de la Contraloría ante las dificultades del Sistema de Información Tecnológica.
La lista de los convocados para emprender esa tarea incluye a financistas y personas que estuvieron vinculadas a las cúpulas de poder. Su hoja de vida revela que fueron formados en modelos de administración de compañías y negocios lucrativos:
Roberto Brenes, miembro de la Sociedad Mont Pelerin. Integrante del Comité Ejecutivo de la Cruzada Civilista Nacional, movimiento cívico gremial que enfrentó al gobierno militar en 1987. Es el vicepresidente ejecutivo de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).
Alberto Alemán Zubieta, egresado de las escuelas de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de Texas A&M, ex administrador del Canal de Panamá. Ha sido vinculado a la Constructora Urbana, S.A. (CUSA) y es miembro de organizaciones internacionales y locales, como la Junta Asesora Internacional de la Universidad de Texas A&M, el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, la “Chief Executives Organization” (CEO), la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
Dino Mon Vásquez, consultor actuarial y aspirantes a director de la Caja del Seguro Social (CSS). Fue gerente de la aseguradora MAFRE y sugiere una gestión privada en busca de resultados de la CSS.
Felipe Chapman, BA en Economía de Brown University y Master en Administración de Empresas del INCAE Business School. Ha sido CEO de la Bolsa de Valores de Panamá, director independiente del banco Banistmo y presidente de la junta directiva de la firma consultora INDESA.
Felipe Argote, economista, escritor, profesor de maestría, gerente. Presidente de la Comisión de Macroeconomía de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) 2014-2015 Y 2017-2018. Vicepresidente de APEDE en el período 2018-2019.
José Chen Barría, licenciado en Administración Pública. Realizó estudios de Maestría en la Graduate School of Public and International Affairs de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Demócrata Cristiano, ex sub contralor y contralor en la administración de Guillermo Endara, miembro del equipo negociador de la deuda pública en el “Club de París” y Comité de Bancos, ex vicerrector administrativo de la Universidad de Panamá.
Nicolás Ardito Barletta, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, vicepresidente para América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, fundador y primer presidente del Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX), ex presidente de la República, ex ministro de Planificación y Política Económica.
Ninguno de ellos ha propuesto fórmula alguna dirigida a enfrentar los desfalcos cometidos en esa institución de seguridad social, ni los mecanismos para despojarla de los manejos mafiosos en el sistema de compra de medicamentos e insumos. Únicamente, han mostrado preocupación por el estado financiero, sin advertir a la gente de que hay planes para la modificación del sistema de pensiones.
Confrontación del modelo económico
Con frecuencia, los defensores del modelo neoliberal aducen que hay un alto sacrificio del sector privado que debe ser estimado. Pero, olvidan mencionar la ilegal retención de cuotas por parte de grupos empresariales. De hecho, si la cuota patronal referida resulta de la remuneración de la prestación de servicios por parte del trabajador y es deducible de la renta generada por la empresa, obviamente no es un sacrificio del empleador.
En previsión de un escenario polémico por el control de recursos de la seguridad social, Bayano digital publicó un artículo el 5 de junio de 2019, para describir el reto planteado. La nota resumió la necesidad de un enfoque prioritario del Estado sobre esa materia:
“Responsable de la atención de más de 1,2 millones de panameños, la Caja de Seguro Social será el Talón de Aquiles del ‛buen gobierno’, especialmente por la disputa que se escenificará entre quienes intentan dividirla, una parte para el manejo financiero y la otra para la atención médica, y los verdaderos propietarios de la institución: los trabajadores que cotizan con parte de sus salarios”.
Precisamente, en esa fecha, fue destacado el hecho de que Estado adeudaba a la CSS más de 233 millones de dólares, sin incluir el monto generado por la mora de esos pagos pendientes. En ese escenario, confluyen las cuantiosas evasiones económicas del sector privado, el desgreño administrativo, el negociado en la compra de medicamentos e instrumentos de uso hospitalario, así como la crisis humanitaria por el desabastecimiento de medicinas y reactivos químicos.
El equipo técnico que busca una aproximación al diagnóstico financiero ha sido tentado, sin duda, a seguir el horrible manual fondomonetarista y elegir el camino de los tecnócratas: ahorrar costos, sin entender que la base de un sistema solidario es lo que da sentido y estabilidad a la CSS, como soporte del bienestar de la familia y la sociedad en este país.
Desde el punto de vista sociológico y humano, es inaceptable una solución que postule el aumento de cuotas y la edad de jubilación, sin haber resuelto el drenaje de recursos y el sabotaje urdido por grupos económicos poderosos contra los pilares institucionales, entre ellos el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Los asegurados en Panamá tienen pleno derecho a defender la principal institución de seguridad social de la corriente privatizadora que aflora en el escenario político nacional. La Salud es un derecho vital y los pueblos del mundo que la han perdido a causa del despojo las prácticas neoliberales, están condenados a sobrevivir en la exclusión y la precariedad.
Es hora de defender con coraje a la CSS, que es un patrimonio de la nación panameña.
