Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Dirigentes de movimientos sociales en Panamá rechazaron hoy las “reformas cosméticas” introducidas en el modelo de contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la multinacional First Quantum Minerals, debido a que es una forma disimulada de aplicar a este país un acuerdo económico «leonino y descarado”.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, manifestó en conferencia de prensa previo al inicio de una marcha de organizaciones populares que la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional de Diputados, de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno y el “Clan Boyd” (acaudalada y aristocrática familia), se han coaligado para perpetrar el expolio.
Al respecto, el Gobierno panameño señaló que las reformas introducidas al proyecto de contrato “son beneficiosas” para todos, debido a que reconocen la soberanía nacional sobre las áreas de explotación de valiosos yacimientos de cobre y se elimina la expropiación de los terrenos próximos a la mina.
Sin embargo, Méndez indicó que Minera Panamá, S:A. se apoderó de 4.000 hectáreas que no están dentro del área de concesión y que antes usaba Minera Petaquilla, dedicada al extractivismo. Adujo que la compañía pretende imponer su dominio en áreas de gran riqueza y “seguir saqueando al país”.
Indicó que “la Corte Suprema de Justicia está completamente ausente en el debate y que ha desestimado querellas dirigidas a declarar inconstitucional el contrato minero. En ese sentido, subrayó que la propuesta de legislación minera lesiva a los intereses nacionales no puede convertirse en un contrato marco, como anhelan algunos sectores.
“Lo que se persigue es entregar del país los recursos minerales y el daño ambiental que se está haciéndonos, obviamente no interesa a los que están gobernando”, subrayó el dirigente.
Méndez sostuvo que el contrato carece de fecha de caducidad, lo que genera serias sospechas. Asimismo, planteó que lo peor es que los candidatos presidenciales de los partidos político tradicionales y sus coaliciones electorales apoyan el contrato minero que apunta a la subordinación de la República de Panamá a las multinacionales.
Por ese motivo, exhortó a las organizaciones populares a rechazar con firmeza en las calles al contrato que viola la Constitución y las leyes vigentes, y autoriza la usurpación.
