Por David Carrasco
Frustrados por decisiones gubernamentales que se alejan de las reivindicaciones sociales de los trabajadores panameños, representantes de ocho centrales sindicales abandonaron temporalmente el Diálogo Nacional sobre Economía y el Desarrollo Laboral, convocado por el gobierno, y anunciaron una fuerte resistencia en tiempos de pandemia y del modelo de explotación promovido por defensores del neoliberalismo.
Así lo han advertido los líderes sindicales en un comunicado en el que fijan el rumbo de la clase trabajadora, en circunstancias en que se han perdido en este país millares de empleos y muchas familias entraron en un estado de precarización o perdieron sus ingresos económicos, la estabilidad financiera y la capacidad crediticia.
El documento plantea con preocupación que “observamos con preocupación que los cuestionamientos que los trabajadores hacen son ignorados, sin embargo, en el caso del sector empresarial, de inmediato son rectificadas y modificadas”. Añadió que un ejemplo de ello es la Resolución laboral emitida en mayo de 2020, en la que se relajan las normas de las guías sanitarias, presumiblemente debido a la presión empresarial al margen de un necesario debate en la Comisión de “Reapertura Gradual Laboral y Sanitario”.
La firme posición de los trabajadores sobre los temas vinculados al manejo de la pandemia es coincidente con un pronunciamiento de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales de la Caja de Seguro Social, que calificó de “abrupta” la decisión del Ministerio de Salud de la apertura del llamado segundo bloque de actividades económicas, mientras aumenta en este país la tasa de contagios del Covid-19, que es una de las más elevadas en la región de Latinoamérica.
Los representantes sindicales advirtieron en su pronunciamiento que, “de común acuerdo, hemos concluido que el proceso se ha caracterizado, por el hecho de que el Órgano Ejecutivo, ha tomado decisiones de carácter normativo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Salud, que afectan los temas que efectivamente estamos llamados a resolver de manera tripartita, en este diálogo”.
El comunicado de los trabajadores reseña que “vemos con preocupación que las plenarias llevadas adelante, sólo se han limitado a sesiones de comunicaciones, donde los funcionarios del gobierno, llevan toda una serie de discursos, limitando la participación y la discusión sobre temas importantes” sometidos a la discusión.
Tras el surgimiento surgido en el diálogo tripartito, los dirigentes sindicales aclararon que “los mecanismos utilizados para resolver estas diferencias no han sido los más eficientes”. Subrayaron que, además hemos estado denunciando que el Órgano Ejecutivo legisla al margen de los acuerdos en la mesa, tema este que no hemos podido discutir en plenaria”, pese a numerosas advertencias de contradicciones.
El comunicado, difundido en todo el país lleva la firma de líderes de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, la Confederación Convergencia Sindical, la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, la Confederación Nacional de Unidad Sindical independiente, la Casa Sindical, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la Confederación de Unión General de Trabajadores y la Confederación Unificada de Trabajadores de Panamá, que han cerrado filas en defensa de los obreros.
En respuesta a ese planteamiento, el sector patronal dirigió al gobierno el siguiente mensaje: “Necesitamos mucha más claridad y transparencia del Gobierno en la ruta a seguir”. “¿Cuál debe ser el procedimiento para liquidar a aquellos empleados que no puedan sostener en la planilla?”, preguntó al respecto la presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (Apede), Mercedes Eleta, quien solicitó apoyo del Estado para apalancar a las compañías privadas.
Sin embargo, las organizaciones sindicales apuestan por una respuesta social para salvar al dialogo tripartito propuesto por el gobierno. Previamente, denunciaron por separado los intentos de sectores neoliberales de aprovechar la crisis sistémica para arrebatar las conquistas previstas en el Código de Trabajo y utilizar la pandemia como pretexto en el objetivo de imponer condiciones onerosas a la Salud de la población y afectar los salarios.