Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
La inseguridad ciudadana constituye hoy una de las principales preocupaciones de la población panameña. Los hechos de violencia han dejado de percibirse como sucesos aislados y, con creciente frecuencia, ocurren en calles, barrios y comunidades de todo el país. Esa realidad incrementa la percepción de vulnerabilidad, afecta la convivencia pacífica y evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia. Escribir sobre criminalidad e inseguridad nunca resulta sencillo.
Quienes analizan estos fenómenos pueden ser considerados pesimistas o excesivamente críticos. Sin embargo, la responsabilidad de la criminología consiste precisamente en aportar información, análisis y propuestas que permitan comprender la realidad y contribuir a la construcción de soluciones.
La violencia homicida no es únicamente un problema de seguridad pública; constituye un desafío humano, social e institucional. Cada vida perdida deja una huella irreparable en las familias, debilita el tejido social y disminuye la confianza ciudadana. Por ello, el análisis criminológico no debe limitarse a describir estadísticas, sino orientarse a generar conocimiento que permita prevenir la violencia y proteger la vida.
Al cumplirse el segundo año del gobierno, iniciado el 1 de julio de 2024, resulta pertinente reflexionar sobre uno de los indicadores más sensibles de la seguridad pública: los homicidios.
Según las estadísticas oficiales del Ministerio Público, durante el primer año de gestión se registraron aproximadamente 560 homicidios; en el segundo período la cifra ascendió a 613. Más allá de cualquier interpretación política, este incremento constituye una señal de alerta que exige respuestas oportunas y sostenibles por parte del Estado y de toda la sociedad.
Desde la perspectiva de la Fundación (FUBICUPA) y del Observatorio Criminológico Académico y Social (OCAS), esa realidad demanda un cambio de paradigma. La respuesta frente al delito sigue siendo necesaria, pero por sí sola no basta. Es indispensable consolidar una política pública de prevención sustentada en evidencia científica, inteligencia criminológica y territorial, participación comunitaria y una efectiva articulación entre las instituciones del Estado, los gobiernos locales, la academia, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía.
En ese marco, FUBICUPA–OCAS impulsa un modelo de Criminología Preventiva e Inteligencia Territorial que permita identificar oportunamente los factores de riesgo, fortalecer las capacidades protectoras de las comunidades y orientar las decisiones públicas mediante información objetiva y análisis interdisciplinario. Cada territorio presenta dinámicas distintas; por ello, las estrategias preventivas deben adaptarse a las necesidades específicas de cada comunidad.
La prevención también exige reconstruir el tejido social. Allí donde existen oportunidades educativas, empleo digno, espacios deportivos y culturales, liderazgo comunitario e instituciones cercanas a la ciudadanía, disminuyen las condiciones que favorecen el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por estructuras criminales. Invertir en prevención no representa un gasto, sino una inversión estratégica para proteger el presente y el futuro del país.
Como criminólogos, nuestro compromiso ético trasciende el estudio del delito. Estamos llamados a contribuir al diseño de políticas públicas, fortalecer la cultura de paz y acompañar a las comunidades en la búsqueda de soluciones. Nuestra misión no consiste en generar temor, sino en transformar el conocimiento científico en herramientas que permitan reducir los riesgos, fortalecer la confianza ciudadana y proteger la vida.
Panamá cuenta con instituciones, profesionales y capital humano suficientes para avanzar hacia un modelo de seguridad basado en la prevención, la inteligencia criminológica, la participación ciudadana y la gobernanza territorial. El desafío consiste en convertir esa capacidad en acciones coordinadas y sostenibles que trasciendan los períodos gubernamentales.
La seguridad ciudadana no puede medirse únicamente por el número de policías desplegados en las calles o por la cantidad de detenciones realizadas. Aunque estas acciones son indispensables para garantizar el orden público, resultan insuficientes si no se complementan con estrategias integrales dirigidas a reducir los factores que generan violencia.
La seguridad sostenible se construye cuando el Estado, las comunidades y la sociedad trabajan de manera coordinada para brindar oportunidades a la niñez y la juventud, fortalecer a las familias, consolidar instituciones eficaces y promover una cultura de legalidad, convivencia pacífica y corresponsabilidad ciudadana. La prevención del delito es una responsabilidad compartida.
Los 613 homicidios registrados deben convertirse en un llamado nacional a la reflexión y a la acción. “El verdadero éxito de una política criminológica no se medirá por la cantidad de personas capturadas, sino por el número de vidas preservadas gracias a la prevención, la inclusión social y el compromiso colectivo con la construcción de un Panamá más seguro, más justo y en paz”.
¡Junto trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica!
