Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
La “renuncia” de la periodista Lucy Molinar como ministra de Educación, simboliza, de manera patética, el comportamiento de funcionarios que apenas toman posesión del cargo sueñan con convertirse en nuevos millonarios y saquean los fondos estatales.
Es evidente —y así lo confesó la propia protagonista— que su separación de la jefatura educativa está vinculada a la compra multimillonaria de computadoras portátiles para maestros y estudiantes, adjudicada a una empresa sin experiencia visible en el campo de la informática.
Molinar, alumna reprobada en la escuela de sobornos y coimas fundada por el prófugo exiliado en Colombia, ya había desfilado en los juzgados y fiscalías, debido a presuntos manejos oscuros en la compra de mochilas y otros artículos de uso escolar adquiridos por el Ministerio. Pero, el personaje de marras no escarmentó.
Mientras Molinar recoge sus bártulos, la Procuraduría de la Nación ha informado que abrirá las investigaciones de rigor por la compra irregular de las computadoras destinadas a docentes y estudiantes, con el uso de fondos estatales.
Para aquellos individuos marcados por la notoria deshonestidad y el lema “¿qué hay pa’ mi”, el cargo público es apenas un trampolín hacia la acumulación de millones de dólares generados por los jugosos y atractivos contratos con el Estado.
Esa realidad ha sido reflejada en quienes dirigieron la recaudación de impuestos, en el caso Finmeccanica, en los granos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en las cuentas de Pandeportes y en los escándalos de New Business y Odebrecht.
Sin embargo, lo sucedido en el Ministerio de Educación es apenas un rosario de episodios vergonzosos que los panameños han presenciado: algunos con indiferencia, otros con la certeza de que cada escándalo ha golpeado el bolsillo ciudadano y ha frenado la construcción de escuelas, hospitales, puentes y carreteras.
Las obras aludidas pudieron ser financiadas con los dineros que terminaron en manos de atracadores de camino. Algunos de ellos fueron sentenciados en el ámbito judicial, pero la mayoría se benefició a través de las prescripciones de los procesos y de los recursos legales amañados.
La actual debacle educativa y el deterioro de las condiciones de vida del panameño de a pie importan poco a los gobernantes que se aprovechan de las necesidades de los ciudadanos incautos que son propensos a la manipulación política.
En ese sentido, es justo señalar que a cambio de un saco de cemento o de una plancha de zinc, muchos ciudadanos venden su voto cada cinco años, menospreciando con ello el valor de una democracia sin atajos y sin corrupción.
Ante esa estremecedora realidad, hay que aspirar al diseño de un país sin coimas y sin coimeros que corrompan a la juventud.
