Por Abdiel Rodríguez Reyes
Docente universitario
En el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, tocó fibras muy sensibles y su jefatura se caracteriza por mucho sobresalto, a tal punto que nos encontramos ante la peor crisis surgida después de 35 años de «democracia representativa”.
Repasemos brevemente la trayectoria política del presidente Mulino. Fue vicecanciller y canciller en el primer gobierno después de la cruenta invasión estadounidense a Panamá en 1989. Sirvió al presidente Guillermo Endara, quien asumió el poder en instalaciones militares en el otrora enclave denominado Zona del Canal.
Luego, Mulino fue designado ministro de Gobierno y Justicia, y de Seguridad del presidente Ricardo Martinelli. Se caracterizó por la represión. Uno de los episodios más sangrientos en su gestión fue contra la provincia de Bocas del Toro, donde los enfrentamientos entre policías e indígenas dejaron un saldo de varios muertos y numerosos heridos.
En ningún momento se escuchó noticias de que Mulino fuese presidenciable hasta el nombramiento ”de a dedo”, realizado por el expresidente Ricardo Martinelli, como su vicepresidente en la nómina de un partido cuyas iniciales coinciden con su propio nombre: RM (Realizando Metas).
Luego de una larga disputa jurídica y mediática el expresidente RM no pudo ser candidato. Así, el hoy presidente Mulino asumió ese compromiso electoral. Salió vencedor en los comicios generales de 2024, con el 34,23 % de una participación electoral 77,66 %.
El mencionado personaje triunfó en las urnas debido al apoyo del expresidente Martinelli y al recién creado partido RM, que acuñó los lemas ”más chen chen en tu bolsillo” y ”Mulino es Martinelli”. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, el resultado es evidente: ni una cosa ni la otra. Ni hay ”chen chen” (dinero), ni Mulino es Martinelli.
Los principales analistas reconocen que el presidente Mulino no tiene carisma de un estadista. Tampoco posee el apoyo del partido “oficialista” RM. Ese partido es teledirigido por el expresidente Martinelli desde su asilo político en Bogotá, Colombia.
Debido a que Panamá es un país presidencialista, quien manda es el presidente. Tiene el poder, pero carece de una base social de apoyo y de estructura política que lo acompañe en su gestión. Está acuerpado especialmente por un grupo importante del empresariado y los intereses geopolíticos estadounidenses. Conviene recordar que el mandatario fue un dirigente de los gremios APEDE y CONEP. Asimismo, presidió los extintos partidos políticos Solidaridad y Unión Patriótica.
Tras esa aclaración necesaria, hay que reseñar que la población está ante la figura de un político tradicional con experiencia en el mando. Su gobierno es de centro derecha empresarial, consecuente con su cercano círculo económico.
Dificultades en el ejercicio del poder
Para gobernar un país se requiere más que responder a un único sector y algo más que ser prepotente. Así lo aceptó el mandatario en su reciente mensaje a la nación el 1 de julio de 2025, durante la ceremonia de instalación de la nueva legislatura.
En el primer año de gestión, el presidente Mulino tomó por lo menos tres decisiones altamente conflictivas. De hecho, reformó la Caja de Seguro Social (CSS) a través de la Ley 462. Investigadores como Juan Jované, Roberto Pinnock, Ana Patiño y William Hughes denunciaron los perjuicios de esa norma en cuanto a la desmejora del sistema de pensiones y la administración privada de los fondos de la seguridad social.
Otro traspié es el hecho de que el gobierno de Mulino suscribió un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional. Por último, intenta reabrir Minera Panamá, operada por la transnacional First Quantum Mineral, pese a que existe un falló de la Corte Suprema de Justicia que ilegaliza el contrato que permitía la extracción de minerales a cielo abierto.
Aunque la Constitución nacional prevé la actividad minera, existe una moratoria de la minería metálica, que es el resultado de las protestas más grandes de los últimos años para peticionar el fin del extractivismo minero.
En 2025, el presidente Mulino declaró la guerra al SUNTRACS, el más influyente sindicato en Panamá. El mandatario dijo públicamente que reduciría el SUNTRACS a su mínima expresión. Al respecto, el director de la Policía advirtió que serán judicializados los manifestantes que recurran a la violencia y causen daños colaterales durante las protestas antigubernamentales.
Es evidente que existe un discurso hostil dirigido hacia el movimiento social. incluido el magisterio organizado. En la actualidad, más de 22.000 docentes en huelga no están percibiendo sus salarios. Muchos docentes dependen de sus sueldos y tras una larga protesta algunos se han visto obligados regresar a los puestos de trabajo en contra de su voluntad y de la conciencia colectiva.
El gobierno suspendió las garantías fundamentales en la empobrecida Bocas del Toro, dedicada al turismo y al monocultivo de banano a través de la multinacional Chiquita Panamá. El uso desmedido de la fuerza policial, incluida la detención del secretario general de SITRAIBANA, Francisco Smith, confirmó los excesos del oficialismo Hubo heridos en esa región con mayor índice de pobreza en uno de los países más desiguales del mundo.
El desempeño gubernamental revela autoritarismo y ausencia de consulta popular. Pareciera que en Panamá no hay derecho a la protesta o el derecho a la huelga, como lo han advertido las ex magistradas Esmeralda Arosemena de Troitiño y Graciela Dixon.
Todo lo descrito hasta aquí confirma un retroceso histórico en el que sobresalen las detenciones arbitrarias y la judicialización de la protesta. No se había llegado a este punto ni siquiera en tiempos del régimen militar. Se ha judicializado al movimiento social de manera frontal, cercando económicamente a los gremios y sindicatos y encarcelando a personas en firma indiscriminada. Esa guerra declarada del presidente Mulino lo conduce a ninguna parte.
Evaluación de la turbulenta gestión pública
El 73,9% de la población considera mala y muy mala la gestión del presidente Mulino. Sólo el 2,7% la considera buena. La escalada de indignación irá in crescendo, porque el presidente sigue haciendo lo mismo, con un discurso prepotente, sin resultados concretos y sin la capacidad de responder a las demandas sociales y de medicación de la gente. En lugar de construir puentes, los dinamita. No reconoce sus errores y reproduce el lenguaje utilizado en la anterior gestión de Laurentino Cortizo.
Su agenda internacional parece enfocarse en la tarea de insertar a Panamá en las iniciativas multilaterales cercanas a los intereses de Estados Unidos, primordialmente en detrimento de la relación bilateral con la República Popular China.
Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Si el gobierno decide desarrollar las mismas prácticas conflictivas de su primer año de gestión, habrá cuatro años más de intolerancia, prepotencia e incertidumbre. Es obvio que ello conduce a ninguna parte, desde la óptica política.
Urge reflexionar sobre un proyecto nacional, teniendo en cuenta el agotamiento de los partidos políticos tradicionales para responder a las demandas sociales del presente, como lo evidencia empíricamente el gobierno, caracterizado por ser parte del problema y no de la solución.
La verdad q pueblo creyo en q esta en colombia pero ya se dio cuenta q los engaño a el solo le importa lo q no esta en los codigo dd panama si no el porcentaje q recibe por las obras q se desarrollan q se hizo costumbre , el pueblo tiene la culpa porq cusnfo venen las elecciones se olvidan de lo ocurrido y.los vuelven a elegir