Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
En mayo de 2026, el líder de un nuevo partido político lanzó la idea de realizar en Panamá un referéndum para la aprobación o la desaprobación de la reactivación de la mina en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, rica en depósitos minerales y en biodiversidad.
Sin embargo, ese líder no se atrevió a declararse opositor a la reapertura de la mina a cielo abierto, a sabiendas de que la explotación cuprífera y aurífera ha causado daños severos y duraderos al medio ambiente en este país.
El referéndum propuesto sería bloqueado por los grupos económicos patrocinadores de la explotación de la minería metálica. Para ellos, esa actividad significa grandes ganancias económicas. Además, aducirían que un referéndum no es viable porque atentaría contra la libre empresa y las ”oportunidades de desarrollo y empleo”.
La mina de cobre a cielo abierto fue rechazada en las calles en 2023, a través de masivas movilizaciones populares. Para quienes todavía ignoran los riesgos extremos que produce la minería, conviene saber que su reapertura significa contaminación de aguas superficiales y subterráneas, por los sedimentos de metales pesados y residuos peligrosos que se filtran a ríos y quebradas.
La mina de cobre en el distrito de Donoso es respaldada por malos panameños, quienes no han sido enjuiciados por prohijar un contrato con mas de 25 artículos inconstitucionales.
El área de explotación concesionada implica una enorme deforestación y un grave impacto en la biodiversidad, debido al uso intensivo de sustancias tóxicas. La pérdida de flora y fauna incluye a especies en peligro. Todo ello aumenta el nivel de riesgo de la actividad extractivista en Panamá.
La actividad minera propicia nubes y lluvias tóxicas dispersas, que pueden afectar a numerosas regiones de Panamá. Es necesario destacar que la empresa explotadora del mineral cometió más de 230 violaciones ambientales en sus 10 años de operación, amparada por pésimos gobiernos que cedieron ante la presión multinacional.
Los actuales gobernantes no pueden garantizar inspecciones efectivas en áreas de explotación, porque en su ADN prolifera el concepto utilitario, egoísta y voraz del “qué hay pa’ mi”.
En conclusión, la mina de Donoso representa un riesgo ecológico y social de gran escala, con impactos acumulativos que afectan la calidad del agua, los bosques, la biodiversidad y comunidades. La evidencia disponible sugiere que, incluso con planes de manejo ambiental, los daños al ecosistema son profundos y difíciles de revertir.
Contrario a lo que manifiestan ciertos políticos sin escrúpulos que justifican el expolio, la mayoría de la población panameña desaprueba y rechaza la reactivación de la clausurada mina y la creación de enclaves mineros. Las marchas en defensa del patrimonio ambiental así lo revelan.
