Por Rekha Chandiramani
Periodista
Una reyerta en 2019 y una fuga en 2026 ponen en el tapete la misma pregunta. Un ex custodio reveló el modus operandi: «esas armas vienen listas, con proveedor de bala y entran con orden de arriba»
El 17 de diciembre de 2019, una reyerta entre facciones de una misma pandilla dejó 15 presos muertos y una docena de heridos dentro de la cárcel La Joyita, en la ciudad de Panamá.
El hecho puso en el tapete lo que era un secreto a voces: la complicidad de las autoridades y los estamentos de seguridad en el ingreso de armas a los penales. Los hallazgos fueron escandalosos. Según el informe administrativo del Ministerio de Seguridad (entonces bajo el mando de Rolando Mirones, responsable de la Policía Nacional) y del Ministerio de Gobierno (entonces a cargo de Carlos Romero, responsable del Sistema Penitenciario), en las requisas se encontraron tres fusiles AK-47, tres pistolas Glock y una fosa conocida como “el sarcófago” —de dos metros cuadrados y 2,5 metros de profundidad— donde los reos del pabellón 14 guardaban armas, celulares y drogas.
El hecho prometía ser el punto de inflexión para una purga férrea en el sistema policial y penitenciario. Las contradicciones sobre quiénes custodian los penales legalmente y quiénes lo hacen “de facto” debían resolverse para empezar a responder la pregunta central: ¿cómo llegan las armas a las cárceles?
Pero no pasó. Hubo renuncias y una decena de reos condenados por la masacre, pero la prometida purga del sistema no ocurrió. Ni reforma ni resolución, y mucho menos un indicio de respuesta.
Seis años y medio después, el mismo sistema vuelve a estar bajo la lupa, ahora tras la mayor fuga de privados de libertad en la historia del país —con la única excepción de la ocurrida entre 1989 y 1990, en los primeros días de la invasión de Estados Unidos—. Se trata de la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita el pasado lunes 1 de junio.
Y aunque la sola fuga arrastra muchas contradicciones y responsabilidades que aún deben desenmarañarse, los hallazgos de las requisas posteriores en los dos pabellones —todo siempre según información oficial— nos traen un déjà vu del 2019. En esta ocasión, los estamentos de seguridad (Policía, Senafront y SENAN) encontraron seis armas de fuego, 60 municiones, 336 teléfonos celulares, cinco antenas Starlink, 35 routers Wi-Fi y casi 10.000 dólares. La operación —irónicamente— la denominaron “Cerrojo”, justo cuando algunos evadidos declararon en la audiencia por la fuga que las puertas de los pabellones estaban abiertas.
Los dos casos son distintos y ocurren en contextos y tiempos diferentes. El de 2019 fue una reyerta por la cual destituyeron a la directora encargada del centro penitenciario La Joyita y al jefe de Seguridad Interna, el custodio civil Javier Carter. A algunos oficiales policiales les abrieron investigaciones , como al que ocupaba el cargo en ese entonces de jefe de Seguridad Externa de La Joyita y otro subcomisionado por “posible omisión en tomar medidas preventivas antes de los hechos”. El jefe de Seguridad Externa del penal fue separado temporalmente, pero reintegrado unos meses después en funciones administrativas.
El hecho ocurrido hace poco es una fuga que se dio en el contexto de un traslado de reos. Aún no se ha producido la destitución de ministros, solo la de algunos mandos medios. Tampoco ha habido un pronunciamiento del presidente, quien tendría por qué saber del problema mejor que nadie, ya que fue ministro de Gobierno y después de Seguridad durante el gobierno de Martinelli (2009-2014). Recordemos la “renuncia irrevocable” que revocó cuando entendió que ni él —en ese momento como ministro de Seguridad— podía contra el jefe de la Policía en una ley para reformar…la policía. ¿Podrá ahora ir “con paso firme” a reformar lo que no funciona en la Policía?
Dejando de lado las contradicciones de esta fuga de Ripley —hasta tener más elementos para otro artículo—, como que el director del penal dijo no saber del traslado de reos, o que la ministra de Gobierno solicita traslados presuntamente sin avisar a los abogados de los privados de libertad ni al director del penal, o que llegue a los pabellones con los detenidos en el suelo, con el torso desnudo y las manos en la cabeza mirando hacia el piso (cualquier estratega electoral diría que ya se perfila como la versión femenina de Bukele), o que las puertas estaban abiertas como declararon los reos en la audiencia, retomamos la pregunta: ¿cómo entran las armas, los celulares y las antenas al penal?
En aquella ocasión entrevisté al exfiscal y abogado penalista Carlos Herrera Morán —quien falleció hace poco ya quien rendimos honor a su trabajo en esta columna—, y auguró impunidad oficial en la reyerta de 2019. En aquella entrevista en su oficina criticó a las autoridades por “dejar de lado las omisiones, negligencias y actos de corrupción que hacen posible el ingreso de armas a los penales”. Y tenía por qué saberlo: Herrera fue parte de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y denunció en su momento que uno de los reclusos había alertado a un alto mando policial del penal sobre la reyerta que se dio aquel 17 de diciembre de 2019 en La Joyita.
El jurista sostuvo que las autoridades estaban advertidas y “no hicieron nada”. También pidió que “no se insultara la inteligencia de la gente” al decir que solo encontraron seis armas, cuando “hay videos de reos que se pasean con ametralladoras, subametralladoras y granadas en la mano”.
Algunos pabellones de ciertas cárceles son custodiados directamente por unidades policiales, aunque la ley establece que la seguridad interna de los penales es responsabilidad de los custodios civiles del sistema penitenciario. Los custodios civiles dependen del Sistema Penitenciario, que a su vez dependen del Ministerio de Gobierno. La Policía funciona como un “brazo de apoyo” que, en teoría, no delimita claramente su influencia. En otras palabras, los policías ganan mucho más que los custodios —y tienen armas—, además de la posibilidad de moverse en distintos eslabones de la cadena de detención: desde el operativo de apresamiento hasta la custodia dentro del penal, pasando por la ejecución de diligencias y la obtención de pruebas en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
En 2019, el entonces director de la Policía, Jorge Miranda, negó la complicidad de sus unidades en el ingreso de armas. Dijo que lo que arrojó el proceso administrativo interno fue “omisión” de algunos oficiales en el “incidente”. Del arsenal encontrado dentro del complejo penitenciario —las drogas, los teléfonos celulares y las tumbas donde reposaban— culpó a la administración anterior, la de Juan Carlos Varela, a pesar de que la masacre ocurrió en diciembre, seis meses después de la transición al nuevo gobierno de Laurentino Cortizo.
«Esas armas vienen armadas, con proveedor de bala, y entran con orden de arriba»
En esa coyuntura entrevisté a un excusodio que renunció —en sus palabras— porque el salario no compensaba el riesgo. Prefirió el anonimato para evitar represalias y me contó lo que llamó el modus operandi para el ingreso de armas. “¿Tú crees que un oficial de bajo rango o un custodio puede meter armas de ese calibre? Esas armas vienen armadas, con proveedor de bala, y entran con orden de arriba”, me dijo unos días después de la masacre carcelaria de 2019.
El excusodio recordó episodios que vivió entre los años 1996 y 1997, donde vio a mayores y comisionados “ir a pelearse los paquetes que traían los familiares de un reo colombiano para llevarlos hasta la puerta de la celda”. Por cada paquete daban de 300 a 500 dólares, servicio exclusivo para “presos de alto perfil”, o sea: narcotraficantes, jefes de bandas, asaltantes de bancos y tumbadores de drogas. “Son los policías los que ingresan las armas, a veces hasta las venden a los presos”, aseguró. El entrevistado trabajó varios años en el sistema y renunció. Su relación coincide con los hallazgos de solicitudes oficiales y con denuncias previas de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados.
De más de una decena de fuentes entrevistadas para la investigación La Policía de Panamá: un Frankenstein uniformado, todas —excepto el director de la Policía— confirmaron la penetración del crimen organizado en las cúpulas de poder de la tropa. Herrera Morán llegó a decirme que en los penales “hay armas como no tienes idea” y que los oficiales cobran hasta seis mil dólares por cada una para dejarlas —o no verlas— ingresar.
La Policía suele negar complicidad y se excusa con la “omisión” de “algunas unidades”. Una omisión que en ese momento cobró la vida de 15 personas. En este 2026, en la fuga, fueron tres los reos ultimados. En el medio, todos los años se suman muertos y heridos que no llegan a las primeras planas y se tratan como “incidentes”.
El hilo conductor, ayer como hoy, son las armas y el monopolio de su importación que tenía hasta hace poco otra dependencia del Ministerio de Seguridad: la DIASP. Al frente, hoy en día, está Frank Ábrego, un comisionado devenido en ministro, quien hasta su nombramiento estaba siendo investigado por presunta posesión ilegal de armas junto con otros oficiales y funcionarios. Pero la Corte removió esa piedra en el zapato de su nombramiento suspendiéndolo del caso en enero de 2025, tras su designación en el Gabinete por parte del presidente Mulino en julio de 2024.
Ahora, en 2026, por la fuga carcelaria, la Policía instituyó al director nacional de Seguridad Penitenciaria, Luis García, y lo reemplazó por un comisionado, prometiendo “ investigaciones internas y la supervisión de los protocolos de seguridad del sistema penal ”.
Pero, aunque baje esta marea y suba la roja de la selección, sigue la duda: ¿Quedará este caso como una travesura más de los uniformados —en complicidad o no con los custodios— que pagarán con tareas de escritorio y campañas de promoción de imagen facturadas al erario? ¿O les caerá la misma ‘furia’ —la de la impunidad— que terminó diluyendo la investigación por introducción de armas , ya no a los penales, sino al país?
Una semana después de la fuga, el gobierno anuncia una licitación para una mega cárcel en el interior por 177 millones de dólares y decomisan más armas en Tocumen. Si nos permitimos las “teorías” de conspiración —porque precisamente son eso: conspiraciones contra el pueblo como decía el gran Michael Parenti— : ¿será esta fuga el disparador para consagrar la ‘bukelización’ del gobierno mulinista y que siga la fiesta armamentista?
