La oligarquía jamás deja de facturar en tiempos de crisis.
Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
El debate del Proyecto de Ley 163, que modifica la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), concluyó el jueves 13 de marzo con la aprobación en Tercer Debate del Pleno de la Asamblea Nacional, 48 votos a favor y 23 en contra. Ese hecho dejó en evidencia algo más que la legislación, es decir, la correlación de fuerzas políticas en la actualidad nacional.
Disrupción que se extiende a todo el tejido social y político y concurre en el debate por la defensa de la soberanía nacional y del Canal, y la lucha entre la anti y la pro minería ”a cielo abierto” [cierre definitivo de la mina de Donoso o su apertura (”abrir para cerrar”)] y demás luchas democráticas por mejores servicios públicos (defensa de una educación de calidad y trabajo digno).
Es probable que gran parte de la población no esté aún consiente de esta realidad, sin embargo, en la medida en que el gobierno de la plutocracia corrupta y clientelar y anti nacional (”gobierno 100% empresarial”) del presidente José Raúl Mulino Quintero, se divorcia y se aleja más y más de los hombres y mujeres de a pie, y exhiba un concubinato escandaloso con el gobierno de Trump, más claro estará en la conciencia nacional el carácter de la lucha que tiene que librar.
Las señales del peligro existencial de la República son claras. Analistas nacionales de reconocida tendencia liberal han denunciado que el liderazgo gubernamental de Panamá, ha establecido una relación de colusión tóxica con los enemigos estadounidenses del país (”lobbystas”). También han reflejado la deleznable colaboración de la Administración Mulino con el propósito de Donald Trump de ”recuperar” el Canal.
Adicionalmente, Medios de Comunicación Social internacionales (BBC New, New York Times, entre otros) han informado de la presencia militar norteamericana en el territorio panameño y la disposición de Trump de aumentar dicha intervención, conductas lesivas a la independencia y soberanía nacional, que han contado con el silencio cómplice del gobierno colaboracionista de Mulino.
Concluido el proceso de privatización de la CSS (Cuentas individuales y administración privada del Fondo General de Reserva), el presidente Mulino, con desafiante autoritarismo ha anunciado la apertura de la mina de Donoso en violación del Fallo de Inconstitucionalidad del Pleno de la CSJ, en contra del Contrato-Ley 406 de 2023, Panamá-Minera Panamá, S.A (FQM).
En síntesis, se trata de una especie de ”tsunami” de posturas antinacionales y antipopulares que pone en riesgo la existencia de la República.
Al movimiento social le toca construir la UNIDAD POPULAR (Unión de las fuerzas democráticas y patrióticas de la nación) para derrotar a la oligarquía vendepatria y a las pretensiones imperialistas y del ”Norte revuelto y brutal”.
