Por Florencio Díaz
Sociólogo, docente e investigador universitario
Desde 1989, Panamá ha adoptado una política económica basada en el extractivismo a partir, principalmente, de concesiones mineras y energéticas. Ello refleja el respaldo estatal a la explotación de recursos naturales, lo que desencadena constantes tensiones con la población.
La neoliberalización de la naturaleza está vinculada a la privatización y el despojo de recursos naturales y bienes comunes (ríos, lagos, acuíferos, mares, montañas y bosques). Igualmente, se relaciona con la fragmentación de los ecosistemas y la consecuente devastación ambiental.
A esto se suma la mercantilización de los recursos naturales (llamados “servicios ambientales”), y la socialización de los costos ambientales (conocidos como “externalidades”). Los beneficios económicos procedentes de la explotación de la naturaleza se concentran en manos privadas, pero los daños sociales y ecológicos se distribuyen entre las comunidades.
En América Latina, la neoliberalización de la naturaleza tiene como instrumento al extractivismo, entendido como la toma y transformación de la naturaleza por el capital transnacional en grandes volúmenes sin procesar o poco procesados para llevarlos al norte global. En este contexto, los conflictos socioambientales emergen como procesos de reapropiación, reexistencia y resistencia ante el extractivismo.
Procesos que se encaminan a salvaguardar el derecho inherente a la naturaleza, la cultura y sus saberes ante la imposición de una homogeneización epistemológica por el capital. Por lo tanto, se fundamentan en la importancia de una racionalidad ambiental que funde un nuevo orden planetario donde las relaciones entre la naturaleza, lo social, lo cultural, lo económico y lo político no se establezcan jerárquicamente.
Svampa (2019) señala que “los conflictos socioambientales surgen en comunidades indígenas, campesinas y costeras, cuyas prácticas ancestrales y cosmovisiones se ven subyugadas”. Para Escobar y Blaser (2013) estos conflictos implican la pérdida de las ontologías relacionales. Por otro lado, en las áreas urbanas se construye una ciudadanía activa en defensa de lo común y de la biodiversidad ante el capital depredador.
Treinta y cinco años de neoliberalización de la naturaleza
La invasión estadounidense a Panamá (1989) significó una transición de dictadura militar a una pseudodemocracia e inauguró un modelo neoliberal inspirado en el Consenso de Washington, que impulsó la privatización de empresas públicas y la mercantilización de la naturaleza. El “Plan Ford” (1991) marcó el primer paso hacia la implementación de la neoliberalización de la naturaleza a través del contrato No. 27-4/1991 que otorgó derechos exclusivos de exploración de minerales (oro y otros) en Donoso, Colón. También implicó la disminución de la soberanía en el mar territorial de 200 a 12 millas náuticas.
El “Plan Chapman” (1995-1999) profundizó la neoliberalización a través de la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, Cemento Bayano y los principales puertos del país. Se intentó privatizar el servicio de agua, aunque sin éxito. En estos casos se trata de activos relacionados con el agua y la posición geográfica. Se firmó el contrato N° 9/1997, que otorgó derechos exclusivos a Georecursos Internacional, S.A. para explotación de minerales (oro, cobre y otros minerales) en Donoso, Colón. Paradójicamente, en 1998, como respuesta a la continuidad de las Cumbres sobre la Tierra, se creó la Autoridad Nacional del Ambiente con el propósito de gestionar y regular el uso de los recursos naturales en un contexto de creciente extractivismo.
Martín Torrijos (2005-2009) crea el escenario para el extractivismo (minería a cielo abierto y megarrepresas). Inicia los proyectos de Donoso, concesiona 250.000 hectáreas en territorio ngäbe buglé y establece hidroeléctricas en los ríos Changuinola y Tabasará, entre otros. También fraguó la incorporación de la cuenca occidental a la Autoridad del Canal de Panamá (Ley 44) para el servicio del comercio mundial y el Tratado de Cooperación Comercial con Estados Unidos.
Ricardo Martinelli (2009-2014) visualiza el marco normativo para implementar el extractivismo, p.ej.: la Ley 30 (Ley Chorizo) que flexibilizaba los estudios de impacto ambiental, y la Ley 8 que reformaba el Código Minero, ambas sin aprobación. Estas medidas, junto al intento de vender tierras en la Zona Libre de Colón, desataron fuertes protestas y enfrentamientos dejando muertos y heridos.
Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), Panamá experimentó agitaciones sociales lideradas principalmente por pueblos indígenas y campesinos que protestaban por la pérdida de sus territorios debido a proyectos hidroeléctricos (como el caso del río Tabasará), la tala de bosques de humedales en la ciudad de Panamá para desarrollo inmobiliario y la continuidad del proyecto de Minera Panamá.
El mandato de Laurentino Cortizo (2019-2024) fue marcado por la pandemia de Covid-19, contexto aprovechado para promover un discurso de reactivación económica centrado en el extractivismo, ejemplificado con la firma del contrato con Minera Panamá a la que otorgaba 12.955,1hectáreas, derecho al agua dulce, además de control en el espacio aéreo sobre el territorio concesionado. De hecho, el gobierno impulsó una campaña mediática para posicionar la minería como fundamental para el desarrollo nacional.
Desde 1989, Panamá ha adoptado una política económica basada en el extractivismo a partir, principalmente, de concesiones mineras y energéticas. En 2021, la Autoridad de Servicios Públicos reportó 26 concesiones para proyectos hidroeléctricos en toda la geografía. Ello refleja el respaldo estatal a la explotación de recursos naturales, lo que desencadena constantes tensiones con la población.
¿Cómo se expresa el conflicto ambiental?
Según la teoría de la Ecología Política, en Panamá se origina principalmente en comunidades que albergan recursos naturales, con manifestaciones esporádicas en centros urbanos donde suelen ser dirigidos por ONG y pequeños grupos de profesionales. En el contexto rural, el liderazgo de los pueblos indígenas y campesinos, en especial el pueblo ngäbe-buglé, ocupa un papel central en la defensa de sus territorios, cosmovisión y modos de vida.
Alberto Montezuma expresó en 2011: “…[el] territorio para nosotros tiene mucho valor, porque hemos practicado de generación en generación formas de cómo tomar sus recursos para poder vivir sin afectar mucho la naturaleza. Con el proyecto, nuestra madre tierra sería la primera afectada y con ella nuestras vidas”.
Este movimiento logró la aprobación de la Ley N.º 11/2012 que establece un régimen especial de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe-Buglé, consolidando a este pueblo como actor clave. Sin embargo, las victorias obtenidas en las protestas de 2010, 2011 y 2012 no lograron articular un discurso teórico y epistemológico que, desde la diferencia cultural, diera lugar a una racionalidad ambiental estructurada, como plantea Leff (2004).
El contrato con Minera Panamá estimula a la ciudadanía activa y preocupada por el ambiente, el acceso al agua y al cambio climático, que percibió en ese contrato agravios, p.ej.: el control del agua, la deforestación; la instalación de otro enclave en el territorio y pérdida de la biodiversidad. Esta ciudadanía activa construye sus discursos a partir de las luchas ambientales globales, la información generada por las Conferencias de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático y, en especial, la protagonizada por los ngäbe buglé.
Esta creciente conciencia ambiental permitió que múltiples actores sociales urbanos y rurales se posicionaran en la contienda política, incluyendo obreros, docentes, indígenas, ambientalistas, profesionales de la salud, transportistas, pescadores, campesinos, el movimiento estudiantil, de mujeres y Lgbtiq+, iglesias y jóvenes. Esta resistencia nacional ha atravesado diversos procesos organizativos que reflejan discursos clasistas, ambientalistas, identitarios, nacionalistas e inclusivos, empleando diferentes métodos de lucha y distintos marcos (p.ej.: el uso de la bandera nacional) que unificaron criterios con un solo objetivo: la derogación del contrato minero.
Reflexiones finales
En el contexto de políticas privatizadoras sobre la naturaleza emerge en Panamá un movimiento social de carácter ambiental, el cual asumió la defensa de los territorios, cosmovisión, agua y biodiversidad que genera una ruptura de la concepción de la naturaleza como mercancía. Este movimiento tiene sus orígenes en las comunidades rurales e indígenas, pero también se fortalece con los marcos del movimiento internacional contra el cambio climático y la geometría distributiva de la naturaleza.
