Los escándalos financieros del rey emérito de España

Escándalo financiero e intrigas palaciegas en España alcanzan a Panamá.

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El rey emérito de España vuelve a estar en problemas. (Foto: @AFP 2020 / Jaime Reina).

Sputnik

Corinna Larsen, amante del rey emérito, afirma que, después de abdicar, el monarca le solicitó una cantidad dada anteriormente y por la que está siendo investigado.

En agosto de 2008, Juan Carlos I abrió una cuenta en el banco suizo Mirabaud. La controlaba un testaferro del país alpino, Dante Canónica, a través de una fundación panameña. Todo un entramado opaco para operar con los 65 millones de euros que supuestamente le ingresaron de Arabia Saudí por comisiones en la construcción del AVE a La Meca. A lo largo de cuatro años hubo extracciones notables, inversiones bursátiles y una donación final de aproximadamente la misma cantidad de partida a Corinna Larsen, amante por aquel entonces del rey emérito.

La amiga íntima del monarca recibió 65 millones de euros en 2012. La transacción se hizo de forma precipitada, tras haber tenido el accidente en Botsuana: la entidad suiza se sentía inquieta y le impulsó a cerrarla. Además, esta fortuna escondida y dirigida desde varias empresas offshore tenía como beneficiario a Felipe VI, actual jefe de Estado, y la Infanta Leonor, según Larsen. El 17 de julio, la trama ha sumado un capítulo nuevo: la empresaria alemana afirma que Juan Carlos I le pidió en 2014, después de su abdicación, que le devolviera el dinero donado como “regalo” por el “cariño” que tenía a su familia.

Así lo expresa Larsen en una misiva publicada por el diario El Mundo del bufete londinense Kobre & Kim. “En 2012, recibió por parte del Rey emérito una cartera de inversión abierta en el Banco Mirabaud de Ginebra con una fundación denominada Lucum”, se puede leer en la carta. “Este regalo no fue solicitado en ningún momento”, alegó, afirmando que el rey emérito se lo entregó como algo “irrenunciable” y que procedía “de una donación por parte del Rey Abdullah de Arabia Saudí en 2008”.

Sin embargo, dos años después la situación dio un giro: Juan Carlos I “exigió” que se le devolvieran los fondos, según el texto revelado. “Aconsejada por su abogado suizo, [Corinna] rechazó [el reintegro] para evitar posibles acusaciones por delitos financieros”, apunta la misiva. El rey emérito reaccionó de forma inesperada: pasó de llamarla “amiga entrañable” a “acusarla falsamente de haberle robado sus bienes”.

Comenzó una “campaña” contra ella. Ante la negativa de devolverle los fondos, que nunca habían sido declarados a la Hacienda española, Juan Carlos I “difamó y acusó [a Corinna] ante sus clientes y socios”, señala la carta, y también con “jefes de Estado extranjeros”, ampliando la ofensiva a la familia e hijos de la empresaria alemana, “que han sufrido especialmente las calumnias”.

El bufete de Londres atribuye al monarca y a los Servicios de Inteligencia españoles la “fabricación y filtración de cientos de noticias falsas en los medios de comunicación españoles que fueron rebotadas por la prensa internacional”. Responsabilizan personalmente al general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que “admitió” la “filtración deliberada a la prensa de detalles del viaje del Rey emérito a Botsuana”.

“La campaña de difamación ha continuado desde entonces y se ha intensificado”, exponían, hasta provocar “daños irreparables” en “negocios y su reputación”. “Aunque la campaña buscaba presentar a Corinna como un chivo expiatorio”, finalmente “erosionó la reputación del rey emérito y de la Casa Real” y “motivó las investigaciones penales en Suiza en las que el emérito está seriamente implicado”, aducen.

Corinna Larsen defiende que Sanz Roldán le “informó” tanto de forma “verbal como escrita” de que “actuaba con el pleno conocimiento del rey emérito”, aunque quizás “sobrepasó los límites de sus instrucciones”. El exdirector del CNI llegó a presentarse en su domicilio de Mónaco e incluso “amenazó” a la empresaria.

Bajo el “pretexto de protegerlos”, intentó “incautarse de documentos” sensibles que “implicaban al rey emérito y a otros miembros de la Familia Real en operaciones financieras irregulares”, según indican, aludiendo al yerno Iñaki Urdangarín y el Instituto Nóos. Aseguran que “intentaron implicarla” con “el objetivo de proteger a la Infanta Cristina”.

Urdangarín fue procesado y Sanz Roldán siempre ha negado rotundamente todas las acusaciones de Larsen. A pesar de que ella insiste en que “tanto la Policía y los Servicios de Inteligencia británicos como el secretario personal de la Reina Isabel II son conscientes de que las amenazas y el acoso proceden del CNI”. Incluso cuenta que el M15, Servicio de Seguridad inglés, “advirtió al jefe del CNI en la embajada española en Londres que esas operaciones debían cesar”. Paralelamente, Larsen insistió en que, a pesar de las “decenas de noticias falsas publicadas en la prensa española”, nunca “cobró una importante comisión por la adjudicación de la obra del AVE a La Meca”. “Como el Rey emérito bien sabe, Corinna no estuvo involucrada en ese negocio de ninguna manera”, resuelven desde el bufete.

Mientras, se ha sabido que el rey Felipe VI informó a mediados de marzo de 2019 de la existencia de la Fundación Lucum en Panamá. La Casa Real le comunicó al Ejecutivo que un bufete británico había puesto en conocimiento de Felipe VI que era el segundo beneficiario de Lucum, según publicó El Confidencial. Zarzuela emitió el 15 de marzo un comunicado a raíz de las informaciones publicadas por varios medios acerca de que Felipe VI figuraba como beneficiario de estas empresas offshore y añadía que el monarca rechazaba la herencia de su padre y le retiraba la asignación de los Presupuestos.

El documento se remitió a unas “autoridades competentes” que se trataban de miembros del gobierno actual, según confirma el diario digital. “En concreto, el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, se lo comunicó a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo […] Ese es el canal de interlocución habitual, y muy fluido, entre las dos instituciones, que se suma al que mantienen el propio Felipe VI y el presidente, Pedro Sánchez”, afirmaban.

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