Por Galy Chávez / El Clarín de Chile
Mientras el gobierno de Piñera afinaba los últimos preparativos para la intervención de la Fuerzas Armadas en las regiones de la Araucanía y del Biobío, el líder mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul aseguró – en entrevista con la agencia española de noticias EFE – que “existe un temor profundo a asumir este conflicto de una forma seria y la derecha lo reemplaza por la política del garrote, sin desarrollarlo con la altura que merece. La reivindicación territorial va a seguir y esto no debiera tener un resultado de más violencia o más confrontación, la guerra a nadie le conviene”.
Llaitul explicó que la CAM emerge en el escenario sociopolítico de Chile en el marco de la lucha “mapuche por la reivindicación territorial y política para hacer frente a un sistema de opresión, entendiendo que es esa realidad la que tenemos como pueblo originario”.
Al respecto, respaldó su opinión aludiendo a hechos históricos porque “nuestro pueblo fue despojado de su territorio en una campaña político-militar de dos Estados: en Argentina se conoce como la Campaña del Desierto, aquí como la Pacificación de La Araucanía. A partir de ese hecho, la demanda por recuperación de tierras siempre ha estado presente.”
El líder de la CAM remarcó la importancia de la acumulación de fuerzas de la organización en contra del “Estado Capitalista de formato colonial, que niega nuestro derecho fundamental a la autonomía y el territorio”.
En esta línea, manifestó que si bien son conocidos por actos de sabotaje en contra de las empresas extractivistas, cuya “presencia forestal en territorio ancestral mapuche es en proporción seis veces más que toda lo ocupado por nuestra gente”, también “desarrollamos toda una línea estratégica de reconstrucción nacional: hablamos de la reconstitución del mundo mapuche en un sentido social, político, ideológico, en lo cultural y cosmovisionario.
Argumentó que se trata de “reconstruir lo que nos legaron los antiguos, un tipo de forma de vida que aún persiste, incluso en estos tiempos vendría a ser como la salvaguarda para una visión más humanitaria, más justa para vivir, de entender la vida en esta relación hombre-naturaleza”.
“Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en el terreno, vamos a hacer la resistencia necesaria para afrontar todo lo que se venga”.
Sobre cómo resolver la relación del Estado con el pueblo mapuche, Héctor Llaitul aseguró: “siempre hemos sostenido que estamos con una disposición a establecer algún diálogo en búsqueda de una solución política a un nivel correspondiente porque tenemos razones de fondo, que son históricas”.
Y añadió que el diálogo “debe ser con garantías, donde tengan participación organismos internacionales que tengan una trayectoria en velar por los derechos humanos y por la lucha de los pueblos originarios, ya sea ligados a la ONU u organismos dependientes de Estados que tengan ciertos compromisos con esos valores y principios establecidos en la declaración universal de DD. HH inclusive”.
Sin embargo, a juicio del dirigente mapuche, el gobierno se cierra a esta oportunidad “porque su rol es esconder la realidad de que en la zona mapuche existen “forestales arrinconando comunidades, políticas extractivistas en demasía, una devastación del Wallmapu y esto no da para más en definitiva”.
“Caso contrario, nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en el terreno, vamos a hacer la resistencia necesaria para afrontar todo lo que se venga”.
Llaitul aclaró al medio de comunicación español que es una torpeza del gobierno vincular a la CAM con terrorismo y narcotráfico y que no tienen nada que ver con este tipo de acciones. “Son conceptos que se han acuñado desde el discurso oficial en complicidad con los medios de comunicación al servicio de la derecha, que son precisamente controlados por los grupos económicos”.
“Hay una suerte de paramilitarismo mapuche que está al servicio de las forestales. Y esa realidad es dolorosa decirla, pero existe”, indicó.
A dos años del estallido social Amnistía Internacional presenta informe sobre responsables de la represión a la Fiscalía Nacional
El otoño de la vida y reflexiones sobre envejece.
En el marco del segundo aniversario del estallido social en Chile, Amnistía Internacional ha presentado a la Fiscalía Nacional un informe que recopila estándares internacionales sobre la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros, en el contexto de los crímenes cometidos durante la respuesta a las protestas.
“Hace dos años, miles de personas en Chile salieron valientemente a las calles para exigir mayor igualdad y derechos humanos, como una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. La respuesta de las autoridades fue una violenta represión y la criminalización de la protesta social, a través del uso excesivo de la fuerza, y el uso discriminatorio y desproporcionado de la prisión preventiva, entre otras graves violaciones a los derechos humanos – situación que, hasta ahora, el gobierno ha persistido en negar o minimizar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha demostrado que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y muchos de los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas. En este aniversario, Amnistía Internacional recuerda que la justicia y la reforma estructural de Carabineros son pasos fundamentales para que estas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a suceder.
“Miles de víctimas podrían hoy contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes para lograr dispersarles a toda costa o detenerles sin las debidas garantías. Las autoridades sabían lo que estaba sucediendo y tampoco actuaron decididamente para evitar que se repitieran tales actos. A dos años del estallido, las investigaciones apenas avanzan. La Fiscalía debe investigar sin demoras la responsabilidad de toda la línea de mando, hasta el más alto nivel. Esperamos que este informe ayude a acabar con esta prolongada e inaceptable impunidad”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Omisión deliberada e impunidad
El informe presentado a la Fiscalía analiza la responsabilidad penal individual de aquellos superiores que no evitaron o denunciaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución.
La omisión –que ha costado la vida y la integridad de tantas personas– se tradujo en la escasa o nula exigencia de responsabilidades administrativas por parte de los superiores competentes y el escaso funcionamiento de los mecanismos de control interno tras la comisión de los crímenes y violaciones de derechos humanos. También, de forma deliberada, estos mandos habrían obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía y permitido la impunidad al interior de la institución – por ejemplo, en casos como los de Alex Núñez, Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
Esta cultura institucional de la impunidad fue avalada por un discurso inflamatorio del Ejecutivo que demonizó la protesta caracterizando a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, lo cual promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido.
Este ambiente de favorecimiento e impunidad es claro al constatar que, dos años después de la respuesta represiva generalizada de parte de Carabineros, el entonces Director de Orden y Seguridad no solo no ha sido investigado por su rol y responsabilidad durante el estallido social, sino que ha sido ascendido al puesto máximo de la institución como General Director. El anterior General Director no fue removido de su cargo por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos, incluidas muertes, torturas y otros malos tratos documentadas en el informe de la organización.
Esta cultura institucional de la impunidad fue avalada por un discurso inflamatorio del Ejecutivo que demonizó la protesta caracterizando a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, lo cual promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido. Hasta el día de hoy, se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza, y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros, que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace dos años o la necesidad de abordarlo de manera estructural.
Urgente reforma de Carabineros
Como ha venido señalando Amnistía Internacional, es necesaria una reforma amplia y profunda de la institución Carabineros de Chile, a nivel normativo y cultural, para garantizar que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre uso de la fuerza.
Por esta razón es que, en el marco del segundo aniversario del estallido social, Amnistía Internacional además lanzó el informe Policías bajo la Lupa: cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas, resultado de una investigación que recopiló experiencias de toda la región – incluyendo Chile – de manera colaborativa con más de 100 representantes de la sociedad civil, la academia, funcionarios públicos y referentes en el tema.
Este informe recuerda que, para poner fin al abuso policial, el único camino es enfrentar un proceso de reforma estructural de estas instituciones a través de un amplio diálogo con la sociedad civil, que sea capaz de identificar patrones de violencia y formular mecanismos independientes, transparentes y participativos de investigación y rendición de cuentas, incluyendo la efectiva responsabilidad de los mandos.
En esta línea, el informe propone las cinco claves a las que hace referencia su título: primero, contar con mecanismos independientes y efectivos de monitoreo del actuar policial; segundo, mecanismos de participación significativa de la sociedad civil y organizaciones de víctimas; tercero, protocolos apropiados para investigar abusos policiales; cuarto, abordar el actuar policial ilegal como un asunto estructural, y quinto, asegurar la responsabilidad de los altos mandos y de nivel superior.
