Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
La diplomacia panameña se encuentra frente a un dilema moral e histórico. En el recién pasado 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, sostuvo un encuentro oficial con la representación diplomática del Reino de Marruecos.
Tras aquella reunión, la Cancillería panameña reafirmó su respaldo a la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, calificándola de ”base viable” y confirmando la extensión del ámbito consular de su Embajada en Rabat a todo el territorio reclamado por el Reino.
Ese hito da continuidad a la decisión adoptada en noviembre de 2024, cuando Panamá suspendió sus relaciones diplomáticas con la RASD, con la que mantenía lazos desde 1980.
El cambio de rumbo se consume en la cumbre máxima del multilateralismo mundial. No sólo desdibuja la vocación anticolonialista de la diplomacia panameña, sino que invalida la historicidad de un país que en 1980 lideró en la región el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Es necesario señalar que la aceptación del plan de Rabat en los pasillos de la sede de la ONU equivale a relegar la autodeterminación y el Derecho Internacional a favor de alianzas coyunturales.
El Istmo de Panamá no debe convertirse en el escenario donde se convalide el despojo de un pueblo ni la anexión territorial por la fuerza. El respaldo de las ambiciones de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental equivale a ignorar las bases del multilateralismo y dar la espalda a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), un Estado hermano, miembro fundador de la Unión Africana, que sigue exigiendo el libre ejercicio de su inalienable derecho a la autodeterminación.
Contradicción con la histórica política exterior panameña
Para entender la dimensión ética de esa cuestión, es imperativo recurrir a la propia historia de Panamá. Durante el siglo XX, la causa panameña ante el mundo consistió en erradicar un enclave colonial en el corazón del territorio nacional. Cuando Omar Torrijos Herrera recorrió el globo en busca de solidaridad multilateral para la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá, apeló a los mismos principios que hoy enarbola el pueblo saharaui: el rechazo al colonialismo, la inviolabilidad de las fronteras y el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos.
Es una incongruencia histórica que una nación que logró librarse de la tutela colonial e integró su territorio a través la fuerza del Derecho Internacional reconozca hoy la legitimidad de un poder ocupante sobre el Sáhara Occidental.
Con la aceptación de las pretensiones de autonomía marroquí, como única solución aparente, el gobierno de Panamá olvida que la dignidad y la soberanía de los pueblos no son negociables bajo criterios de conveniencia mercantil o geopolítica.
El uso del concepto de ”solución viable” o ”base constructiva”, adoptado en las declaraciones de la Cancillería, respecto a una propuesta unilateral de autonomía bajo dominio marroquí, invalida el principio de la libre determinación mediante la realización de un referéndum.
El Derecho Internacional, Territorio No Autónomo y Ocupación
Desde la perspectiva estricta del marco legal internacional, la posición adoptada en la reciente declaración conjunta contraviene los pilares del ordenamiento jurídico multilateral.
1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene al Sáhara Occidental en el listado de Territorios No Autónomos, sujetos a descolonización. Jurídicamente, Marruecos no ostenta la soberanía sobre el territorio, sino que ejerce un control de facto, a través de una ocupación militar no reconocida por la comunidad internacional.
2. La Corte Internacional de Justicia (CIJ Dictamen,1975) fue contundente al establecer que no existían vínculos de soberanía territorial entre el Reino de Marruecos y el Sáhara Occidental antes de la colonización española que pudieran impedir la aplicación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU, relativa a la independencia de los países y pueblos coloniales.
3. Diversos fallos emitidos por tribunales internacionales, incluidos los del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han reconocido inequívocamente que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos, lo que prohíbe la explotación de sus recursos naturales —fosfatos y caladeros de pesca— sin el consentimiento del pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente POLISARIO.
La dimensión humanitaria y la responsabilidad de los neutrales
El apoyo a las pretensiones de Marruecos equivale a convalidar la prolongación de un drama humanitario que dura casi medio siglo. Miles de familias saharauis sobreviven en condiciones desérticas extremas en los campamentos de refugiados de Tinduf, apartadas de sus tierras ancestrales. Mientras tanto, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, organismos internacionales de derechos humanos documentan de forma sistemática la restricción de libertades políticas, el acoso a activistas saharauis y el expolio ilícito de sus recursos naturales.
En las décadas de 1970 y 1980, Panamá fundamentó su prestigio en la neutralidad, el diálogo y el respeto mutuo. El apoyo unilateral a la parte ocupante altera la equidad que se exige a los miembros de las Naciones Unidas para promover una solución justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El acercamiento diplomático y los compromisos bilaterales asumidos recientemente no deben prevalecer sobre la defensa indoblegable de los principios universales. La República de Panamá tiene la obligación moral y diplomática de rectificar su curso, reintegrando su voz al consenso de las naciones que demandan la celebración del referéndum de autodeterminación pendiente.
La legítima reivindicación de la República Árabe Saharaui Democrática es la misma causa por la que Panamá luchó en el siglo pasado, que fue la libertad de decidir su propio destino sin injerencias ni ocupaciones ajenas.
Es necesario reseñar que la defensa del pueblo saharaui no es un acto hostil hacia nación alguna. Es, en esencia, una defensa a la vigencia del Derecho Internacional y la integridad histórica de la política exterior panameña.
