Por David Carrasco
Director de Bayano digital
El terremoto que el 9 de octubre de 2026 asoló el sur de la península de Azuero es una de las mayores catástrofes que ha golpeado a Panamá en más de un siglo. El fenómeno reveló las vulnerabilidades de este país en materia de seguridad, la incapacidad gubernamental, la inequidad y la miseria humana que impiden una respuesta ágil yclara del Estado a miles de damnificados.
Entrevistas a familias sin techo que duermen a la intemperie en un descampado, mientras soportan con resignación las lluvias y numerosas réplicas del sismo, han inundado los noticieros de la televisión local y muestran un cuadro de abandono, precariedad y exclusión en el contexto de una respuesta oficial sospechosamente tardía.
La falta de una cultura de seguridad de la población panameña es notoria. Pese a ello, la gente común de la campiña interiorana empezó a tomar conciencia de que, al perderlo todo, se ha convertido en parias o dalits en su propia tierra y que nunca hubo un verdadero plan para sacar a este país del atolladero en caso de desastres, simplemente porque esa no era la prioridad de un gobierno elitista que en 2024 se autoproclamo ”100 por ciento de la empresa privada”.
Según estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), unas 38.000 personas, entre ellas 8.300 niños, niñas y adolescentes, necesitan asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,5 grados que sacudió y causó grave destrucción en este país.
Una mirada panorámica ayuda a reconocer wue Panamá, un país rico en ingresos económicos, carece de albergues y refugios seguros y sus necesidades básicas no pueden ser satisfechas con propinas ni donativos de caridad que reducen un problema social mayúsculo a una situación adversa de carácter transitorio, lo que se traduce en un manejo vergonzoso en tiempos críticos y de gran necesidad e inestabilidad.
Algunos comentaristas de pluma alegre y ligera se han apresurado al afirmar que ”los arquitectos salvaron a Panamá del desastre”. Esa aseveración es parcialmente cierta, ya que el terremoto arrebató la venda de los ojos a la población ,al mostrar que muchos inmuebles y carreteras reventados por la fuerza telúrica no estaban construidos con las especificaciones técnicas requeridas y escondía fraudes y mala supervisión ejercida por los ingenieros municipales y contratistas, quienes deberían ser llamados a juicio en un plazo perentorio.
La seguridad repartida en capillas
La Ley N° 7 de 11 de febrero de 2005 reorganizó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y define su rol como un organismo humanitario adscrito al Ministerio de Gobierno encargado de evitar, anular o disminuir los efectos de desastres naturales o de origen humano (antropogénicos), que alteren el ecosistema.
Sin embargo, es extraño que los representantes de ese organismos hayan sido virtualmente silenciados y que sean los ministros de Estado quienes declaren a los medios. Si el SINAPROC hubiese sido un organismo de preferencia, sería protagonista del diálogo comunitario y dispondría de una flota de helicópteros, vehículos anfibios y drones de soporte para el rescate de víctimas en mar y tierra. La realidad es que esa institución carece de modernos equipos y de adecuados presupuestos.
Ante la falta de estructuras móviles impermeables, equipos contra potenciales incendios, líneas de acceso a agua potable y vituallas, muchas personas están en el desamparo y desde el gran sismo no han tenido asistencia médica especializada para garantizar su salud mental y disipar el miedo y los momentos más duros y escalofriantes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, lanzaron hace décadas la campaña de hospitales resilientes (establecimientos de salud diseñados, organizados y equipados para mantener su capacidad de funcionamiento y sus servicios críticos al máximo nivel antes, durante y después de una emergencia).
Panamá también es signataria de los acuerdos que materializan el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana), que es una secretaría especializada del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de carácter oficial e intergubernamental en la subregión.
Sin embargo, el efecto devastador del terremoto demostró un abandono de los compromisos en materia de seguridad estructural y de la disponibilidad de edificios capaces de soportar el impacto de eventos extremos, como seísmos, inundaciones y huracanes. A ello se suma la distorsión y dispersión del trabajo de organismos científicos que deberían operar en forma coordinada para orientar s las comunidades.
Asimismo, ha quedado en evidencia la falta de liderazgo y la necesidad de ejecutar el triaje (o triage), que es el método de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias médicas, según la gravedad de su condición y el nivel de urgencia, y no por orden de llegada a un nosocomio.
Desolación e incertidumbre
Ante la posibilidad de vivir un futuro aterrador e incierto, de hambrunas y miserias, sería útil que el Órgano Ejecutivo responda las siguientes y preguntas para tranquilizar a millares de supervivientes inmersos en la zozobra y el desamparo:
1. ¿Qué pasará con las hipotecas de las casas destruidas? ¿Sucederá lo mismo que ocurrió con los bancos y prestamistas durante la pandemia de Covid 19, que pusieron a los cuentahabientes y deudores entre la espada y la pared?
2. ¿Qué ocurrirá en el ámbito jurídico con las pólizas de seguro privado que eluden o no cubren riesgos catastróficos? ¿Tendrán los usureros la ventaja en caso de pleitos legales?
3. ¿Quién dará el visto bueno final de inspección para ocupar un inmueble socavado y posteriormente apuntalado en las zonas del desastre?
4. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá la alimentación y la provisión de insumos a las familias damnificadas y sedientas, y quién ejecutará las demoliciones y dará los créditos para disponer de adecuadas y seguras soluciones habitacionales?
5. ¿Quién dirigirá el plan de reconstrucción y reactivación agropecuaria, educativa, turística y ambiental, y cuál será su costo económico total? ¿Cuál es el papel de la universidades y los institutos científicos, limitados por la burocracia ,en el desempeño de esa tarea cardinal?
El terremoto y otras calamidades que elevan el costo de vida han ayudado a entender el país desigual y absurdo que es Panamá, donde muchos mueren de hambre y otros de indigestión. Ojala que el desastre contribuya al desarrollo del pensamiento crítico soberano y a demostrar la urgencia de la refundación del Estado para derrotar el clientelismo político de quienes convierten la tragedia de todo un pueblo en un negocio y un peligroso camino hacia la dependencia colonial y al tutelaje extranjero.
