Por José de la Rosa Castillo
Docente universitario y especialista en Relaciones Internacionales
El Istmo de Panamá, tradicionalmente considerado una zona de menor actividad telúrica comparada con sus vecinos centroamericanos, vivió este viernes 9 de octubre un evento sísmico de gran magnitud que encendió las alarmas de la región. Un potente sismo de magnitud entre 7,5 y 7,7 grados, con epicentro en la península de Azuero —próximo a las costas del Pacífico y cercano a la localidad de Tonosí—, sacudió el territorio nacional y se llegó a sentir en regiones de Costa Rica y Colombia.
El evento no solo puso a prueba los protocolos de preparación de un país con baja cultura de alerta de desastres, sino que también provocó la emisión de alertas de tsunami iniciales en las costas del Pacífico que posteriormente fueron descartadas por las autoridades de protección civil.
Impacto, daños y evaluación del Estado de Emergencia
Aunque las primeras evaluaciones afortunadamente descartaron pérdidas humanas masivas, el sismo dejó decenas de personas lesionadas y cuantiosos daños en la infraestructura pública y privada.
Cientos de viviendas resultaron con afectaciones, acompañadas por grietas y fallas mecánicas en estructuras como hospitales, centros de salud, carreteras y más de 400 centros educativos a lo largo de las provincias centrales.
Entre los daños patrimoniales destacados resalta el colapso de las torres de la icónica catedral San Juan Bautista en Penonomé, así como cierres preventivos temporales en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la red del Metro de la capital para realizar revisiones de seguridad.
Como respuesta inmediata, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia para movilizar ayuda humanitaria de forma expedita hacia las zonas más afectadas, principalmente en la región de Azuero y Veraguas.
El gran motor económico: un funcionamiento ininterrumpido
Para la economía global y el comercio marítimo, la principal interrogante giraba en torno al Canal de Panamá. Las autoridades confirmaron desde las primeras horas que la vía interoceánica no sufrió afectaciones de consideración en sus estructuras ni en el sistema de esclusas, manteniendo el tránsito de buques con total normalidad. Esto evitó cualquier disrupción en las cadenas de suministro internacionales que dependen diariamente de esta arteria comercial.
El potente sismo del 9 de octubre puso a prueba la resistencia de una de las economías más dinámicas y vitales de América Latina. Con un epicentro localizado en el sur de la península de Azuero, generó momentos de alta tensión e impactó infraestructuras del interior del país. Sin embargo, la respuesta del núcleo financiero e industrial demostró que la columna vertebral económica del istmo no solo permaneció ilesa, sino que garantiza la continuidad ininterrumpida de sus operaciones globales.
La otra cara del Istmo: la grieta social expuesta por el sismo
Mientras el centro financiero, el Canal de Panamá y las grandes redes logísticas restablecían sus operaciones con celeridad casi milimétrica, la réplica más profunda del terremoto de magnitud 7.5 a 7.7 no ocurrió bajo la corteza terrestre, sino en el tejido social del país. A medida que los informes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Ministerio de Educación (MEDUCA) y organismos de respuesta humanitaria consolidaban las evaluaciones sobre el terreno, la sacudida telúrica terminó por desnudar, una vez más, la marcada dualidad de la geografía socioeconómica panameña: el Panamá de la opulencia interoceánica y globalizada frente al Panamá de la fragilidad rural e interiorana.
La vulnerabilidad del Panamá profundo y rural
En las áreas más cercanas al epicentro —puntos del suroeste como Tonosí, Macaracas, Los Pozos, Las Minas, Mariato y Soná— la narrativa de la resiliencia inmediata encontró un duro contraste. Más de 1,250 viviendas sufrieron afectaciones de diversa consideración, forzando a cientos de familias a pernoctar en albergues temporales o a la intemperie por temor a un enjambre sísmico que ya supera las 350 réplicas.
La interrupción prolongada de servicios vitales en comunidades rurales puso de relieve la precariedad de la infraestructura básica. En corregimientos enteros como los de Tonosí, la falta de suministro eléctrico y la inoperatividad de potabilizadores locales prolongaron el estado de indefensión de la población durante días.
El colapso de puentes (como la estructura sobre los ríos) y los severos agrietamientos en carreteras hacia comunidades como Búcaro e Isla de Cañas aislaron temporalmente a poblaciones enteras, haciendo depender el auxilio humanitario exclusivamente de vías aéreas o marítimas complejas.
Mientras los hospitales capitalinos de alta tecnología operaron con absoluta normalidad, en el interior del país más de 29 instalaciones de salud sufrieron daños estructurales, obligando al personal médico en localidades de Los Santos y Veraguas a brindar atención de urgencia y partos en carpas y estacionamientos.
El golpe en las comarcas indígenas: aislamiento y precariedad
En las regiones originarias, históricamente rezagadas en infraestructura y servicios públicos, las secuelas del sismo revisten una gravedad singular.
El informe oficial de afectaciones escolares reportó más de 21 centros educativos dañados en la Comarca Ngäbe-Buglé y al menos 9 planteles afectados en la Comarca Guna Yala. En comunidades donde las escuelas funcionan como el único espacio comunitario seguro y centro de convergencia social, el deterioro estructural suspended las actividades lectivas e interrumpe los programas de nutrición infantil esenciales para la población escolar.
La dispersión geográfica en la Comarca Ngäbe-Buglé y las limitaciones de transporte acuático en Guna Yala han ralentizado la llegada de las evaluaciones de daños y la asistencia humanitaria. A diferencia de las provincias centrales con mayor conectividad terrestre, las comunidades originarias dependen fundamentalmente de puentes de ayuda aérea para recibir agua potable, alimentos secos y medicamentos.
Educación y patrimonio
El ámbito educativo y el patrimonio cultural sufrieron embates de largo alcance. El reporte de más de 600 centros educativos afectados a nivel nacional no solo paralizó el calendario escolar, sino que visibilizó la acumulación de rezagos en el mantenimiento de las escuelas públicas del interior. Del mismo modo, la pérdida o deterioro de estructuras históricas e iglesias de la época colonial y republicana refleja cómo el riesgo de desastre no atenta únicamente contra la seguridad física, sino también contra la memoria histórica e identidad de nuestras comunidades.
La mirada hacia la reconstrucción
El sismo del 9 de octubre deja una lección ineludible. Panamá no puede medir su fortaleza nacional únicamente a través del rendimiento ininterrumpido de sus activos globales de exportación o la estabilidad de sus rascacielos. La verdadera prueba de resiliencia del Estado panameño radica en su capacidad para cerrar la brecha de desigualdad territorial que condena al interior a una mayor vulnerabilidad ante los eventos naturales.
La reconstrucción no debe limitarse a reparar muros agrietados o reasfaltar tramos colapsados; debe concebirse como una oportunidad estratégica para descentralizar los recursos, modernizar la infraestructura rural y garantizar que la seguridad, los servicios básicos y la protección civil sean un derecho efectivo en cada rincón del istmo.
Con la actividad sísmica aún bajo estrecha vigilancia debido a un enjambre de réplicas en las zonas costeras, la atención del país se desplaza ahora hacia la evaluación detallada de estructuras y la gestión de recursos para la reconstrucción. El fenómeno recuerda la importancia de mantener actualizados los códigos de edificación sísmica en la región y refuerza el debate sobre la preparación ante desastres naturales en economías clave de América Latina.
