Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El legislador ateniense Dracón, del siglo VII A.C, penalizó casi todos los delitos con castigos excesivamente severos, rígidos y crueles. En la actualidad, en pleno siglo XXI, un sujeto con mando y jurisdicción intenta castigar a quienes protestan en las calles de Panamá con penas de cuatro o cinco años de cárcel y llamarlos terroristas. Ese es un draconiano en potencia, sin duda alguna.
La ley del legislador ateniense pasó a la historia como una serie de acciones draconianas, que superan los límites de la justicia incluidas las infracciones menores castigadas con severidad extrema. En Panamá, quieren emular a Dracón, imponiendo leyes y decretos draconianos porque convienen a sus intereses económicos.
Se trata de toda una estratagema para impedir futuras manifestaciones de protesta cuando el gobierno intente aprobar un proyecto que ponga en vigencia la mina de cobre en Donoso o sean suscritos contratos con empresas que controlen puertos con clara evidencia de negociado, o cualquier otro acuerdo que viole los intereses nacionales, como lo han hecho gobiernos anteriores.
La protesta es un derecho inalienable. Es una forma esencial de libertad de expresión. (Artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). A lo largo del tiempo, hubo numerosas violaciones al derecho a la protesta, incluso en nuestro propio suelo, con saldos mortales, aún sin procesar penalmente a los cancerberos de turno.
Quienes protestaron por la imposición de una Ley Inquilinaria, que aumentaba los cánones de arrendamiento en 1925, sufrieron el atropello en el Parque de Santa Ana, no solo del gobierno sino también del ejército norteamericano con secuelas de muertos y numerosos heridos.
En la historia reciente, son recordados los heroicos estudiantes que marcharon al grito de “Más escuelas y menos cuarteles”. En esa gesta, se registró la muerte del estudiante José Manuel Araúz y una larga lista de muertos y heridos que marcaron para siempre a la administración de Ernesto de la Guardia, como de las más sangrientas y violatorias del derecho a la protesta. Ninguno de los estudiantes estaba encapuchado durante las refriegas.
En la historia contemporánea abundan las páginas manchadas con la sangre de ciudadanos que, armados únicamente con su voz y su presencia, se atrevieron a cuestionar la arrogancia del poder. Así ha ocurrido en otros países. Ello permite afirmar que la represión no es un accidente, sino una estrategia de quienes temen a la verdad. Recordemos la Operación Cóndor desatada por Estados Unidos en la región.
Los Estados tienen la obligación de proteger y facilitar la protesta en lugar de restringirla. Es una herramienta para reclamar derechos económicos, sociales y políticos que fundamentan la democracia. Actúan como un mecanismo de control social cuando las instituciones formales (tribunales, fiscalías, asambleas, contralorías) se muestran débiles o cooptadas por el poder.
Frente a la incompetencia de los funcionarios, la protesta es una afirmación de dignidad y del derecho de los panameños a ser escuchados. La protesta ciudadana, constituye la más legítima expresión del ejercicio de soberanía nacional.
El argumento de que quienes protestan, por el solo hecho de estar encapuchados pueden ser excesivamente condenados o calificados de terroristas, es una forma de sumarse a los extremistas draconianos que cometen arbitrariedades, abuso de poder, corrupción, prepotencia y exceso de soberbia.
