Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
La separación forzada del viceministro del Ministerio de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, no exime a sus superiores de haber conocido todas y cada una de sus decisiones en las compras y los contratos que lo han llevado a semejante escarnio popular, ante una severa pérdida de credibilidad.
Indistintamente del personaje que sea, el caso es que no estaba comprando lápices y resmas de papel para su Viceministerio. Estaba suscribiendo acuerdos que involucraban operaciones por millones de dólares que sus superiores no podían ignorar.
Debido a esas circunstancias y al hecho de que la situación estaba sucediendo en medio de una pandemia que tiene paralizado al país, no se puede perdonar el manejo de una administración pública indolente. Los intentos de erradicar la corrupción gubernamental se han estrellado contra la cultura del “juega vivo”, pero la población exige certeza del castigo contra los infractores de la ley que saquean las arcas del Estado.
Para muchos analistas, la separación forzada del cuestionado viceministro no fue más que un intento de utilizar la jugada de un “chivo expiatorio”, es decir, hacer ver que el individuo de marras puede ser culpable de un hecho, para impedir que los auténticos responsables sean juzgados. Esta maniobra escapista nadie la creyó.
Pero la lista de intentos de negocios con presumibles dolos es numerosa. No puede ser ocultados, como tampoco es posible tapar los casos vinculados a la compra de armas con sobreprecios, limpieza de paradas de buses a costos impresionantes, un contrato para el servicio de entrega de medicinas por más de un ciento de millón de dólares, compras de mascarillas y otros insumos sanitarios a precios exorbitantes, compra de computadoras, y el intento de adquirir con sobreprecios ventiladores de uso hospitalario para asistir a los enfermos contagiados con Coronavirus.
Posteriormente, se conoció un nuevo escándalo, consistente en la contratación de una empresa particular para la adquisición de 2,5 millones de botellas de gel alcoholado, por la astronómica cantidad de 13,3 millones de dólares.
El Ministerio Público tendrá que jugar su papel y demostrar que cumple las funciones en forma transparente contra los delitos. De hecho, es uno de los pocos estamentos de la cuestionada administración de justicia que puede ayudar a enderezar a este país sumido en una grave pandemia, no sólo de salubridad, sino de corrupción rampante.
Infortunadamente, esos casos de corrupción que involucran a grupos económicos y agentes de negocios vinculados al capital financiero, arrastran a una debacle al partido político de Omar Torrijos, cercado hoy por intereses ajenos a la liberación nacional y al sentido de patria. “Amanecerá y veremos”, dijo el ciego.
Aplaudo el análisis del autor, expresado en el artículo y me preocupo por él, porque suelen silenciarlo o impedir sus publicaciones. Espero que no suceda. Cito al cantaautor Horacio Guarany y su canción «Si se calla El Cantor».
Hola Celia Colina:
Usted nos honra con sus comentarios sobre la nota escrita por el periodista Alberto Velásquez, del equipo de Redacción de este medio informativo. De hecho, le envía sus saludos cordiales. Espero que siga con interés todas nuestras publicaciones.
Muchas gracias por preferirnos.
Atentamente,
David Carrasco
Director de Bayano digital
Estoy completamente de acuerdo con su planteamiento. Muy buen artículo.
Hola José Moreira:
En representación del autor del artículo, le expreso a usted mi mayor gratitud por sus palabras de aliento. Lo exhorto a seguir nuestras futuras ediciones y señalar sus puntos de vista, que son altamente valorados.
Atentamente,
David Carrasco
Director de Bayano digital