(Redacción de Bayano digital)
Mientras el Consejo Municipal de la ciudad de Panamá adoptaba nuevas medidas para quienes violen la cuarentena impuesta tras el inicio de la pandemia del Coronavirus (Covid-19), miles de personas en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí salieron a las calles debido a la carencia de alimentos y sustento económico.
Personas desesperadas a quienes no ha llegado aún la prometida ayuda gubernamental, desafiaron las ordenes policiales y retaron el acuerdo municipal que prevé multas de 50 a 1.000 dólares para quienes violen la cuarentena, quienes serán conducidos hasta los jueces de paz para ser multados por no usar mascarillas.
Las protestas se tornaron violentas en algunos puntos de la capital panameña y en la provincia de Colón, donde los moradores de las barriadas populares desafiaron a los contingentes policiales, sonaron cacerolas y montaron barricadas para impedir el tránsito de vehículos. En las movilizaciones, fueron lanzadas consignas como “el pueblo tiene hambre” y “abajo la corrupción”.
Medios locales confirmaron el estallido de airadas protestas en los sectores de Burunga y la Barriada 2.000, en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. Asimismo, hubo manifestaciones en El Poderoso en San Miguelito, y en Pacora, en el distrito capital. Los activistas repudiaron los acos de corrupción oficial.
A las manifestaciones se sumaron familias en el Puerto Pedregal, en la provincia de Chiriquí, mientras que fueron trancadas calles en Villa del Caribe, La Feria y putos de acceso a Pilón, en la caribeña provincia de Colón, donde hubo quema de neumáticos y troncos. En algunos puntos, la Policía Nacional realizó disparos.
Los manifestantes denunciaron el fracaso de programa Panamá Solidario, que ha dejado fuera de la asistencia oficial a comunidades empobrecidas. El programa pretende asistir a familias que permanecen sus casas durante la cuarentena, pero la ayuda prometida no ha llegado a todos los sectores a causa de problemas de distribución que enfrenta el equipo gubernamental para afrontar la emergencia.
En medio de las protestas, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) criticó los escándalos de corrupción vinculados al manejo irregular de los fondos públicos, pero dio un espaldarazo al gobierno en la campaña sanitaria del Estado y en las acciones dirigidas a frenar todas las expresiones de violencia en la sociedad panameña. Un comunicado emitido por la Apede rechaza cualquier acto de violencia, independientemente de quiénes la generen.
Acosado por las críticas, el vicepresidente de la república, Gabriel Carrizo, anunció que dará un informe detallado sobre los gastos autorizados por el gobierno durante la pandemia de Covid-19, que incluyen la distribución de alimentos en este país y la entrega de bonos solidarios en hogares de escasos recursos económicos.
