Panamá es uno de los países con mayores registros de agua de lluvia en el ámbito mundial. Ese hecho es reconocido por académicos y líderes de diversas organizaciones ambientales regionales y globales.
Sin embargo, la falta de una adecuada gestión de la riqueza hídrica es también un tema que mortifica a ecologistas, investigadores universitarios, dirigentes comunitarios y funcionarios vinculados al estudio de las actividades humanas y el impacto antropogénico sobre las aguas.
Es inaceptable que en 2025 la población panameña se enfrente a la pérdida del derecho del acceso al agua potable, a causa de la contaminación y la corrupción que la ampara. El riesgo de ello es que Panamá termine convertida en una inmensa cloaca o en un foso séptico centroamericano.
UN PANORAMA PELIGROSO
En 2024, un estudio realizado por biólogos de la Universidad de Panamá comprobó que ”los ríos en este país están bajo una fuerte presión antropogénica —humana— y, por lo tanto, se necesitan acciones urgentes para disminuir sus niveles de contaminación. Los químicos esparcidos como contaminantes no son prohibidos por la legislación nacional”.
El estudio científico permitió identificar a 68 contaminantes emergentes, derivados de productos farmacéuticos y metabolitos (sustancias producidas por el cuerpo para descomponer alimentos, medicamentos o químicos), pesticidas y otros productos químicos industriales, lo que a su vez tuene impacto en la cadena trófica (alimenticia).
UNA TÍMIDA AGENDA AMBIENTAL
Mientras el área urbana en este país tiene acceso al 93% de agua potable, en zonas rurales sólo es el 73%. Esta diferencia muestra una brecha importante en un país donde a diario son utilizados más de 270 millones de galones de agua que gradualmente pierden calidad a causa de la contaminación de afluentes y del predominio del modelo extractivista de la minería a cielo abierto
Es evidente que en este país las aguas dulces no son administradas con criterios científicos y sentido humano. Un ejemplo de ello, es que el 85% de el agua de lluvia sigue fluyendo hacia los mares sin un adecuado aprovechamiento.
La gravísima contaminación de fuentes de agua cruda conectadas a plantas potabilizadoras y sistemas de distribución, es otro hecho que enciende las alarmas y el debate sobre la Salud Pública y el Derecho Ambiental en las provincias centrales de Herrera y Los Santos, que registran casos de pacientes con enfermedades oncológicas y desórdenes hormonales.
Descargas diarias de heces fecales a los ríos, sin tratamiento previo, la deforestación de los bosques de galería y las sustancia químicas y residuos de metales pesados vertidos directamente a los ríos han llevado al límite el modelo de inequidad e impunidad, que desprecia la vida y la seguridad colectiva.
En el desarrollo del sector primario en este país, la producción de carne de cerdo y la producción de leche son una necesidad vinculada al crecimiento del mercado de proteínas de origen animal. Pero, es injustificable que la construcción de infraestructuras para ambas actividades primarias esté arriba de las tomas de acueductos rurales, sin cumplir normas sobre el tratamiento de aguas servidas.
MARCO REGULATORIO DEFICIENTE
La ley que regula esas actividades existe desde hace más de cuatro décadas. Fue sometida a una actualización, aunque de nada sirvió ese paso, debido a que los poderes económicos de la plutocracia panameña la convirtieron en letra muerta. La aneja ley de alcantarillados y el primitivo sistema de recolección y disposición final de residuos urbanos complica los esfuerzos de planificación del saneamiento en áreas pobladas en crecimiento.
¿POR QUÉ SE PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE VIOLA LAS NORMAS?
La violación de leyes y normas sanitarias es de vieja data, pero la realidad obliga a los directores de instituciones del Estado a rendir cuentas y a presentar un informe en el que se explique cómo y por qué los productores de “cerdos y leche” violan la norma, sin ningún cambio de paradigma en el modelo de producción.
MÁS VIOLACIONES A LA VISTA
El pésimo manejo de las “aguas negras” en los distritos en Panamá alcanza a proyectos urbanísticos, cuyas promotoras prometen el Edén, y dejan a los moradores infraestructuras deficientes, entre ellas pobres procesadoras de excretas que carecen de mantenimiento básico y se convierten en foco de epidemias.
Los inversionistas particulares en el sector agropecuario y de la industria de la construcción son cómplices de una mala gestión en los casos expuestos y violadores de las leyes vigentes. Su comportamiento recuerda a los protagonistas de la obra ”Un enemigo del pueblo), del escritor sueco Henrik Ibsen, quien abordó el tema de la ética en el diseño de proyectos riesgosos.
TECNOLOGÍA DE APOYO A LAS NORMAS AMBIENTALES
Las actividades primarias y de la construcción deben incorporar tecnología que garantice la salud humana y el medio ambiente, así como la supervisión de los agentes del Estado y el monitoreo científico permanente en aspectos como trazabilidad de productos agroquímicos en las aguas superficiales y subterráneas del territorio.
Es necesario advertir que la perdida de la calidad del agua anticipa el deterioro del gobierno y de sus flamantes instituciones ambientales, agropecuarias y de Salud. Por ello, es necesario exigir el cumplimiento del principio universal de que ”quien contamina paga” y exigir que sea creada una institución rectora de las aguas y de las cuencas hidrográficas de Panamá.
Buenas tardes, podrían referenciar de donde obtienen los datos estadísticos de acceso a agua potable?