La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) denunció un arbitrario manejo del Órgano Ejecutivo en la búsqueda de soluciones económicas, ante la crisis agravada por la pandemia de Coronavirus (Covid-19), que tiene repercusión en la pérdida de cientos de miles de empleos remunerados en este país.
A continuación, Bayano digital reproduce en este espacio el texto del comunicado de la FENASEP, para el cabal conocimiento de los lectores.
Con una marcada estrategia en contra de los empleados públicos, el gobierno nacional, que tiene bajo su administración a más de 300.000 funcionarios, no permitió durante las negociaciones, que sus organizaciones opinaran en la definición de las políticas de reapertura económica de empleos.
La llamada comisión tripartita, creada para estos fines, omitió en todo momento la participación de más de un tercio de la fuerza laboral del país, formada por los empleados tanto del gobierno central como de las instituciones descentralizadas que conforman FENASEP.
La comisión tripartita, no tomó en cuenta la demanda laboral en el sentido de que el cálculo del XIII mes deberá hacerse con base al salario real, y no a 550 balboas. Aunque sabemos que por la pandemia no es dado negociar sobre este tema, pero el escenario fue oportuno para buscar fechas futuras de advenimiento.
La comisión tripartita tampoco consideró la implementación en tiempo oportuno de la ley de carrera administrativa, utilizada al final de cada período gubernamental con fines políticos.
No tomó en consideración la necesidad de crear el Tribunal Administrativo de la Función Pública, ni, implementar la ley de sindicalización, que duerme desde hace años en el seno de la Asamblea Nacional.
En medio de la pandemia las cifras señalan que durante el período de julio 2019 a junio 2020 se ha producido la destitución de 30.910 empleados públicos, y que las planillas han aumentado en varios millones, a pesar también de la seria disminución en los ingresos fiscales.
En este aspecto, debemos sumar el incumplimiento del decreto # 466 que son los protocolos de salud en cada una de las dependencias públicas. Es necesario que el MINSA supervise esta situación a fin de evitar aumentos en los contagios, no solo en las oficinas públicas sino en cada una de las familias de los funcionarios.
Se está planteando un reglamento para ejercer y desarrollar el teletrabajo, como consecuencia de la necesidad de evitar aumentos en el contagio en las oficinas públicas, siendo necesario para ello que las organizaciones del funcionariado público integren la respectiva comisión de trabajo.
Todas estas consideraciones, analizadas por FENASEP, no pudieron ser presentadas en la comisión tripartita, que nació coja por falta de una completa y legítima representación del trabajador público, constituyéndose en una deuda moral y política que tiene el actual gobierno con esta importante representación de nuestra sociedad.
En consecuencia, FENASEP exige la conformación de una mesa bipartita con mediación externa que produzca acuerdos sobre los aspectos mencionados.
