Por Julio Bermúdez Valdés
Periodista
La posibilidad de modificar la Constitución de la República se ha asomado a la vida política de la sociedad panameña en distintas etapas y episodios. Es cierto que son necesarias, el tema se agita hace muchos años, pero ¿hasta dónde su realización implica la solución de los problemas políticos, institucionales, económicos y sociales por los que transita el país? ¿Hasta dónde tiene esa connotación de urgencia que algunos parecen otorgarle?
La semana pasada ha surgido un movimiento que, para tales reformas, privilegia una “Constituyente Paralela”, en lo que más parece un esquema político con propósitos ulteriores. Es una propuesta que deja abierta la sospecha de un planteamiento inexacto, porque como ha dicho el dirigente panameñista, José Isabel Blandón Figueroa, se trata de un asunto político, y como tal, diría yo, podría ser una extraña contribución a la inestabilidad del país en base a sustentaciones de viejo cuño.
Un argumento trillado en este proceso es el de reformar la Constitución Militarista de 1972 ¿será cierto? De ser así, habría que preguntarse de qué sirvieron las reformas de 1983 y las que se han realizado posteriormente.
En boca del desaparecido constitucionalista César Quintero, la Carta Magna que surgió en esa fecha era “otra Constitución”, y no dudo que otros integrantes del equipo que reformó tal documento podrían argumentar lo mismo. Así que ¿de qué “constitución “militarista” se habla? ¿hasta cuándo van a alimentar criterios políticos en base a falsedades? ¿En que se fundamenta tal aseveración? si, por ejemplo, la reaparición de los partidos políticos fue fruto de las reformas de 1983, así como la desaparición de la Asamblea del Poder Popular y de la beligerancia de los representantes de corregimientos.
Una Constituyente Paralela existe hasta ahora como una propuesta para la reforma de la Constitución ¿han fallado otras vías? En el decenio que antecedió a la actual administración ninguno de los dos gobiernos accedió a entrar en materia, por ninguna vía. Como otras tareas de la sociedad panameña, que incluso figuró como tema de campaña, el asunto fue evadido.
Pero a inicios del actual gobierno, una de las primeras tareas que se propuso realizar fue las mencionadas reformas, esta vez mediante su discusión en dos periodos de sesiones regulares de la Asamblea Nacional, pero un violento movimiento rechazó tal posibilidad, y el proceso de detuvo, hasta ahora que se ha vuelto hablar en términos de “Constituyente paralela”.
Y se habla de eso en momentos en que el país comienza a dominar una de las crisis sanitarias más dramática que registra la historia; en que los esfuerzos oficiales registran un profundo desgaste; en que la relación Producto Interno Bruto/ Deuda publica tiene su manifestación más crítica, y que por lo mismo hace de la recuperación económica la tarea urgente del país.
Tal condición es la que hace sospechar del carácter oportunista de la propuesta de la Constituyente Paralela, de ser un intento por buscar réditos políticos, mediante la imposición de un discurso demagógico, porque si ha habido temas no tratados por la actual administración, se debe a la concentración de esfuerzos y recursos que exigió la pandemia el ultimo año.
Quien desconozca esos hechos solo parte de la mentira para empujar tesis poco consecuentes. Además, colectar las 500 mil firmas que requiere tal “Constituyente paralela” puede ser una tarea que se cumpla; es posible que quienes la promueven posean los recursos para llevar adelante tal empresa, pero su aparición en escena podría tener toda la intención de desviar el debate y los esfuerzos de la recuperación económica, y reemplazarlo por un estadio de discusión estéril.
Lo que la comunidad nacional debe considerar es que toda reforma no es mas que una lista de enunciados que posteriormente deben reglamentarse, y como cualquier reforma, para su aplicación lo que se requiere es voluntad política, no publicidad engañosa.
