Los intentos de grupos empresariales de reformar a la Caja de Seguro Social (CSS) se desprenden de una antigua receta que en Latinoamérica desencadena el enfrentamiento y la ruptura de la gobernabilidad. Esa concepción mezquina del control de recursos destinados al desarrollo humano es fruto de una lucha ideológica entre quienes proponen un Estado gestor y otro sometido.
Un repaso a las experiencias previas sobre la fórmula privatizadora aplicada en el ámbito hemisferio, permite reconocer el fracaso del modelo, al que se atribuye el aumento de la exclusión de millones de personas convertidas en mendigos de la Salud y protagonistas de la violencia en las calles. Colombia, Chile y Nicaragua son casos emblemáticos de la poderosa reacción de rechazo colectivo.
Bajo el argumento de que la CSS está “quebrada”, un elenco de la peor ralea busca convencer al gobierno del presidente Laurentino Cortizo de que los días de la institución están contados, a menos que sus servicios sean privatizados. En ese pronóstico apocalíptico, no hay referencia a los informes actuariales ni a las auditorias sobre la millonaria lesión patrimonial por cuotas impagas o retenidas.
Ciertamente, la institución ha sido blanco del despilfarro, los malos manejos administrativos y el drenaje de recursos por parte de una mafia de medicamentos ligada a multinacionales farmacéuticas, lo que a su vez ha repercutido en la precariedad en la atención de los pacientes hospitalizados y en la reprogramación de citas y cirugías. Todo ello conspira para desarticular y desbancar a la CSS.
Mientras la Organización Mundial del Trabajo (OIT) aboga por la vuelta a los sistemas solidarios de la seguridad social donde la privatización desarmó los programas de Salud y desmejoró la calidad de vida de los trabajadores, en Panamá hay grupos del capital financiero que intentan envolver al gobierno y aplicarle condiciones onerosas, como la fractura o dislocación institucional.
Es necesario abrir un período de amplia consulta con el movimiento social sobre el futuro de la CSS, porque una reforma arbitraria y desprovista de genuino interés colectivo provocaría un gravísimo desenlace y un desangramiento del país. No hay que ser un adivino para saber que, si a ello se suma la privatización de los servicios de agua, habría los elementos para una tormenta perfecta.
La población trabajadora repudia la impunidad y el saqueo de los recursos y beneficios económicos generados en las áreas canaleras. Por esa razón, ningún sector social comprometido con la causa soberana estaría dispuesto a compartir el costo de la privatización de la CSS, exprimida por los mismos que han propuesto endeudar al país e imponerle un dogal colonialista hecho a la medida.
