Por Victoriano Rodríguez Santos
Economista, educador, máster en Recursos Humanos
Cuando se requiere hacer comparaciones, es necesario remontarse a máximas, y cuál mejor que las matemáticas para que algunos abogados gubernamentales, economistas, contadores y otros profesionales comprendan al dedillo la magnitud de la información veraz, comparable y sustentable.
La población estimada de El Salvador, en el 2024, era de 6,4 millones de habitantes. Ese pequeño país centroamericano cuenta con un presupuesto para el 2026 de 10.555 millones de dólares. Es decir, 1,7 millones de dólares por habitante.
En 2024, Costa Rica poseía una población estimada de 5,3 millones de habitantes. Su presupuesto para el 2026 será de 12.800 millones de dólares, es decir 2,4 millones de dólares por habitante.
Con una población de unos 4,6 millones de habitantes, la República de Panamá tiene un presupuesto para el 2026 de 34.901 millones de dólares, lo cual muestra un gasto promedio de 7,8 millones de dólares por habitante.
Sin embargo, desde hace años, algo no cuadra en el presupuesto de la nación y en las finanzas públicas. Es difícil pensar que ante esa injusta realidad económica y social, los habitantes en este país respondan con indiferencia frente a los actos de corrupción que socavan las bases del Estado.
El miedo a la crítica jamás ha sido el norte de los panameños. Al revisar las cifras del presupuesto gubernamental, es necesario formular una pregunta ineludible: ¿dónde están las obras prometidas en las campañas electorales (escuelas, carreteras, modernos hospitales públicos) y las mejoras en los servicios básicos a favor de la población?
Obvio: no se sienten ni se ven, salvo el anuncio de un hospital para animales mientras los artífices de ese modelo dejan morir a los enfermos, debido a la falta de insumos, medicamentos y hasta de atención médica rápida y eficiente.
Téngase en cuenta que en Panamá los megaproyectos en el sector de la construcción son la fuente principal de la fuga de recursos, endeudamientos, sobreprecios y coimas, que pagarán las próximas generaciones.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acuñó la expresión de que ”el dinero alcanza cuando no se lo roban”, pero en Panamá la plata suele esfumarse en pocas manos, con el pretexto infame y ridículo de que ”la empresa privada es buena administradora”.
Antes de 1968, quienes tenían la oportunidad de estudiar y obtener una completa formación universitaria en matemáticas u otras ciencias, eran personas pudientes (empresarios, hacendados, políticos e hijos de profesionales). Ese mismo modelo selectivo y excluyente vuelve a regir la vida de la población, en contra de antiguas conquistas del movimiento popular.
A partir de 1968, bajo el gobierno del general Omar Torrijos “la tortilla se volteó”. Gracia a ello, muchas personas pobres tuvieron la oportunidad de ver una escalera, alcanzarla y escalar esa formación académica universitaria, pero al parecer, ahora, en el gobierno 100 por ciento empresarial, vuelve a reinar la desidia y el poco importa.
Hay que tener en cuenta que mañana, a causa de los malos manejos de la Cosa Pública y la corrupción, los viejos se convertirán en pordioseros y los menores de 50 años de edad podrían llegar a ser esclavos, no sólo del sistema económico, sino de quienes se han apropiado de los partidos políticos para tener acceso al poder e imponer sus reglas.
El futuro nacional luce incierto, mientras que presuntos empresarios o inversionistas a quienes la justicia no alcanza, son los dueños del gobierno y se jactan de manejar las riendas del Estado y administrar el ”chen chen” (dinero).
Ante un panorama de inequidad, abusos y entuertos, es necesario defender a la patria pirateada, adolorida e indefensa. No hacer nada para tratar de revertir esa situación onerosa implica ceder espacios vitales y sacrificar los valores éticos, la integridad y los derechos de la población.
Soy el hijo de Juana. ¡Dios te salve, Panamá!.
