Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
La llegada a la Asamblea Nacional del Contrato Ley sobre la explotación de la mina de cobre y otros metales en los distritos de Donoso y Omar Torrijos. Seguramente, marcará un antes y un después en nuestra historia, como lo fueron en su momento el Tratado a perpetuidad Hay-Bunau Varilla, el intento de Convenio Filós-Hines en 1947 y el Tratado del Canal Torrijos-Carter, de 1977.
En los respectivos acuerdos mencionados prevalece el concepto de soberanía, según las condiciones de los momentos históricos de cada uno, con la intervención de extranjeros y panameños en los dos primeros, divorciados de los sentimientos de conservar la independencia soberana.
En el Hay-Bunau Varilla, un aventurero que reclamaba sus bienes prácticamente nos entregó a la potencia más grande entonces. Luego, respetando las circunstancias, fue aprobado ese leonino tratado en 1904. Eran tiempos difíciles para los llamados próceres de la independencia de este país.
En 1947, se intentó imponer un convenio para extender el número y uso de bases militares a favor del poderoso Estado norteamericano, a pesar de que había terminado la guerra. Pero el estudiantado panameño y los ciudadanos expusieron su pecho y se logró anular semejante convenio, aupado por individuos que conspiraban de espaldas a su patria.
El Tratado Torrijos-Carter es un verdadero ejemplo de los resultados de una lucha generacional patriótica por rescatar la totalidad de nuestros derechos soberanos en todo el territorio nacional. Hasta los adversarios de ayer tienen que aceptar su triunfo y beneficios para Panamá.
Pero, en la actualidad, observamos a grupos de panameños enquistados en la cúpula de gobierno, entregados, sin vergüenza alguna, a los mandatos de una empresa transnacional, la First Quantum Minerals, representada por Minera Panamá, S.A., que continúa saqueando los recursos naturales.
La mencionada compañía ha sido apadrinada por la Presidencia y los ministros de Estado. Uno de esos ministros presentó el Contrato Ley en la Asamblea Nacional. De hecho, en esa comparecencia parecía más un delegado de la mina que un representante del gobierno. Por increíble que parezca, el ministro lleva el apellido de un ilustre connacional que contribuyó a la refacción de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Contrato Ley permite a la transnacional, entre otras prebendas, la capacidad para utilizar todas las tierras, aguas y espacio aéreo que necesite, con la complicidad del gobierno, y con la ridícula observación mediatizada de unos funcionarios (6), a quienes la empresa dará permiso para inspeccionar más de 14.000 hectáreas de extracción minera.
Los panameños de a pie y estudiosos reconocen que la transnacional continuará explotando las riquezas minerales, algo que viene haciendo a su antojo antes de que el contrato original fuese declarado inconstitucional en 2017.
Estaremos pendientes de quiénes serán los diputados que darán su voto a favor del Contrato Ley. En 1947, los diputados tuvieron que rechazar el Convenio Filós-Hines, para no caer en el juicio de la historia como unos vendepatrias.
El contrato minero está inundado de dobles discursos. Por un lado, ha sido utilizada la ilusoria mentira de repartir 375 millones de dólares anuales para solucionar problemas de las pensiones de los jubilados y beneficios económicos de los educadores. Todo ello permite a la transnacional gozar de un régimen impositivo “ad infinitum”, liberándola del pago de impuestos en diversos renglones. Las exoneraciones concedidas pagarían con creces el miserable pago anual tan cacareado.
Ese polémico contrato es cien veces menos perverso que el anterior, pero igualmente humillante. Se renta a Panamá por unos cuántos dólares más, como si fuéramos mendigos, mientras la empresa declara ganancias por mas de 3.000 millones de dólares anuales.
En la región central de Azuero, deben estar preparados. Si aprueban ese repudiado contrato minero, Cerro Quema estará en peligro.
¡NO AL CONTRATO MINERO!
