Por Leopoldo Santamaría
Cuatro años después del fraude científico-sanitario del siglo XXI, rotulado “pandemia”, no obstante las graves repercusiones sobre salud pública, educación y economía, el tema no ha sido analizado formalmente y la administración actual ni siquiera se ha interesado en auditar el exorbitante presupuesto ejecutado para su manejo;.
Los medios de manipulación social han cumplido su papel. Así las cosas, es imposible evitar que los estrategas, cómplices y beneficiarios de la criminal estafa, repitan el guion. Les consta la conducta aldeana e irreflexiva. Hace poco, supe de un plan dirigido a lograr una Constituyente en el 2028; actualmente en fase de organización para informar y concientizar a la ciudadanía. En el 2027, expertos en Derecho Constitucional, redactarán un texto, que la AN aprobaría en el 2028 y regiría a partir del 2029.
Nadie, estando a la intemperie y empapado, necesita concientización sobre la lluvia. Las elecciones de 2024 sólo sirvieron para que el poder económico remplazara sus instrumentos. La tercera parte de los votantes se tragó dos grandes cuentos, “votar por mi es votar por la Constituyente originaria” y bajo este nuevo mandato “habrá chen-chen”.
La realidad es muy distinta. La Constituyente fue convertida en una fantasía, otro canto de sirena y el chen-chen (dinero)sólo se reservó para los cercanos al Palacio de las Farsas. La crisis es profunda, integral y generalizada,. La administración de justicia ha sido secuestrada y politizada. Todo es un fiasco.
De hecho, prevalece la impunidad, compañera inseparable de la corrupción. Los servicios públicos son un desastre; la criminalidad, la violencia y la inseguridad van en aumento; la pandilla de delincuentes, que catapultaron el endeudamiento, saquearon y despilfarraron los recursos públicos e hipotecaron el futuro de varias generaciones, goza del encubrimiento oficial. El hartazgo y la frustración no pueden ser más evidentes ni más generalizados.
En medio de ese escenario, la sola propuesta de una Constituyente, a cinco años plazo, cuya aprobación quedaría en manos de una institución, igualmente corrupta y desprestigiada, sería una burla flagrante. La legitimidad del poder público reside en la voluntad de la mayoría ciudadana. No es facultad privativa de expertos ni de notables, de ninguna clase.
¿Existirá alguna diferencia entre el rescate bancario y la afirmación: “lo que está en juego es salvar al sistema financiero”? La mayoría sabe que son dos caras de la misma moneda. De la incompetencia y complicidad pasamos a la soberbia y a la dramatización del autoritarismo, rumbo hacia la consolidación del Estado fallido, que implicar más desigualdad y secuelas sociales, porque prima la mediocridad, la improvisación y la demagogia. El proyecto 163 es prueba irrefutable; los técnicos ni siquiera lo pudieron sustentar. Sin embargo, el mandante insiste en imponerlo, alentando la confrontación.
Frente al riesgo inminente de un estallido social, la prudencia es apremiante, para auscultar la voluntad ciudadana. Lo racional es la vía pacífica, incluyendo la elección de un nuevo gobierno, de conformidad con el Artículo 189 de la Constitución vigente o la Constituyente por la dignidad, alternativa capaz de conferir legitimidad a la voluntad de la mayoría ciudadana.
