Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
La lucha contra el crimen organizado no termina con la captura de sus integrantes, la incautación de drogas o el decomiso de bienes ilícitos. El verdadero éxito de una política de seguridad se mide por la capacidad del Estado para administrar esos activos con transparencia, transformarlos en recursos públicos y demostrar a la ciudadanía cuál ha sido su destino y el beneficio generado para el país.
Los medios de comunicación han documentado ampliamente que, entre 2009 y 2025, Panamá ejecutó importantes operaciones contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el crimen organizado durante las administraciones de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino. La cobertura periodística destacó investigaciones financieras, operativos antidrogas, cooperación internacional y reformas legales dirigidas a debilitar las estructuras económicas del delito. No obstante, más allá de las capturas y las incautaciones, persiste una interrogante de interés nacional: ¿qué ha ocurrido con los bienes y recursos recuperados por el Estado?
El examen de la información pública evidencia que los resultados continúan presentándose de manera dispersa. En algunos casos se reportan toneladas de droga incautadas; en otros, bienes aprehendidos, personas capturadas, empresas investigadas o reformas institucionales. Son escasos los informes que permitan conocer de forma integrada el valor económico de los bienes recuperados, la institución responsable de administrarlos, su destino final y el beneficio concreto generado para la sociedad.
Durante el gobierno de Ricardo Martinelli, las investigaciones se concentraron en redes vinculadas al lavado de dinero y en el fortalecimiento de la cooperación internacional. En la administración de Juan Carlos Varela continuaron los procesos por corrupción y lavado de activos, con énfasis en la judicialización y el intercambio de información con autoridades extranjeras. Posteriormente, el gobierno de Laurentino Cortizo priorizó el fortalecimiento del sistema nacional de prevención del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, consolidando reformas regulatorias que mejoraron la posición internacional del país.
En la administración del presidente José Raúl Mulino, la estrategia se ha orientado al combate de las pandillas, el narcotráfico y la recuperación de bienes vinculados al crimen organizado. Paralelamente, las subastas de bienes aprehendidos han generado ingresos para el Estado conforme al marco legal vigente, mientras que la Policía Nacional, el SENAN y el SENAFRONT han fortalecido las operaciones de interdicción, afectando la capacidad logística de las organizaciones criminales.
No obstante, el principal hallazgo de este análisis no radica únicamente en la cantidad de bienes asegurados o toneladas de droga decomisadas, sino en la necesidad de transparentar todo el ciclo de administración de esos activos. Es indispensable diferenciar entre bienes aprehendidos, bienes decomisados mediante sentencia, activos subastados, recursos efectivamente incorporados al Estado y bienes asignados para uso institucional. Sin esa trazabilidad resulta imposible evaluar el verdadero impacto económico y social de la persecución patrimonial del crimen organizado.
La experiencia internacional demuestra que la recuperación de activos constituye una de las herramientas más eficaces para debilitar las finanzas de las organizaciones criminales. Sin embargo, su verdadero valor se alcanza cuando esos recursos regresan a la sociedad mediante mecanismos transparentes, auditables y orientados al desarrollo nacional.
Por ello, Panamá tiene la oportunidad de crear un Sistema Nacional de Administración y Trazabilidad de Activos Decomisados, que registre cada bien desde su aprehensión hasta su destino final, incluyendo su valoración, estado procesal, administración y disposición. Este sistema fortalecería la coordinación interinstitucional, la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre los activos recuperados al crimen organizado.
Asimismo, resulta conveniente establecer un Fondo Nacional para la Prevención del Delito y el Desarrollo Comunitario, financiado con un porcentaje de los bienes decomisados mediante sentencia firme, para apoyar programas de prevención de la violencia, atención a víctimas, oportunidades para jóvenes en riesgo, investigación criminológica, fortalecimiento de la seguridad y desarrollo comunitario en las zonas más vulnerables.
Desde la perspectiva propuesta por FUBICUPA–OCAS, la persecución patrimonial no debe entenderse únicamente como una herramienta penal, sino como un instrumento de gobernanza preventiva capaz de transformar el patrimonio ilícito en inversión social verificable. Ese enfoque integra seguridad, transparencia, investigación científica y prevención, promoviendo que los recursos recuperados contribuyan a reducir los factores criminógenos y fortalecer la cohesión social.
La ciudadanía tiene derecho no solo a conocer cuántas toneladas de droga fueron incautadas o cuántos bienes fueron decomisados, sino también cuánto recuperó realmente el Estado, quién administró esos recursos, cómo fueron utilizados y qué beneficios produjeron para las comunidades. La transparencia en la administración de los activos del crimen organizado constituye un pilar de la gobernanza democrática, la lucha contra la corrupción y la confianza en las instituciones públicas.
En consecuencia, resulta oportuno reabrir el debate nacional sobre un marco jurídico moderno para la recuperación de activos, incluyendo la evaluación de una legislación sobre extinción de dominio que incorpore garantías de debido proceso, controles judiciales efectivos y mecanismos de transparencia.
La creación del Sistema Nacional de Administración y Trazabilidad de Activos Decomisados y del Fondo Nacional para la Prevención del Delito y el Desarrollo Comunitario permitiría transformar cada bien recuperado del crimen organizado en una oportunidad para fortalecer las instituciones, prevenir la violencia y promover el desarrollo social. Esa es la visión de FUBICUPA–OCAS: convertir los recursos del delito en patrimonio para la nación, haciendo que cada golpe a las finanzas del crimen organizado se traduzca en más seguridad, más oportunidades y una verdadera cultura de paz para todos los panameños.
¡Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica!
