Por David Carrasco
Tras el anuncio de reactivación del proyecto de instalación de una terminal de petróleo en Isla Boná, en el Golfo de Panamá, ambientalistas panameños instaron al presidente Juan Carlos Varela a firmar un decreto que salve a esa ínsula en peligro de ser devastada, antes de que el mandatario entregue la Presidencia a su sucesor en el cargo, Laurentino Cortizo, el 1 de julio.
La jurista Luisa Arauz, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), dijo a Bayano digital que grupos ecologistas observaron con sorpresa la acción de la Alcaldía de Taboga, que el 10 de mayo insertó en el portal oficial Panamá Compras una convocatoria pública relativa a la solicitud de arrendamiento parcial de la Isla Boná, a la que había retirado el respaldo el Consejo Económico Nacional (CENA), ante la presión ciudadana.
Arauz, quien ostenta un Diplomado en Gestión Integrada del Agua de Griffith University y una Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Melbourne, Australia, indicó que ello demuestra que Bona Pacific Corp, proponente del proyecto petrolero en la isla, no ha desistido de sus intenciones de llevar adelante la cuestionada iniciativa de combustibles.
“Ello quiere decir que la empresa está intentando nuevamente reiniciar el trámite. Hizo enmiendas al contrato, pero esas enmiendas fueron simplemente para aumentar el canon de arrendamiento, pero en nada cambia el proyecto, que es igual de nocivo a la propuesta inicial, debido a su impacto perjudicial”, acotó la activista al perseverar en sus denuncias.
Al respecto, la ambientalista manifestó que el presidente Varela aún no ha respondido a la propuesta redactada por organizaciones ecologistas para declarar a Isla Boná un área protegida. Añadió que la falta de interés en acoger ese planteamiento, revela que “el Órgano Ejecutivo no tiene la voluntad política de proteger a Isla Boná”, cuya fauna silvestre estaría en grave riesgo ambiental debido a las actividades industriales.
El lunes 15 de abril, el CIAM presentó una denuncia en el Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) por “daños ambientales” en Isla Bona, fundamentada en que la isla es un refugio natural de aves marinas. El argumento se sustenta en fotografías y videos que documentan la tala de árboles iniciada en 34.7 hectáreas de las 75 hectáreas de ese territorio insular, donde serían instalados ocho tanques de combustible para abastecer a buques de la generación “Neo Panamax” en tránsito por el Canal de Panamá.
Una propuesta conciliadora
En medio de la disputa generada por el desarrollo del negocio petrolero que genera inquietud en comunidades en áreas insulares y costeras del Golfo de Panamá, el biólogo Marino Héctor Guzmán, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), planteó la posibilidad de trasladar el proyecto Bona Pacific Corp a isla Taboguilla, que está más cerca del Canal de Panamá que Isla Boná. Sin embargo, la compañía petrolera se aferra a su planos e insiste en la primera opción.
Guzmán, quien busca una fórmula conciliadora, adujo que a diferencia de la riqueza biológica de Isla Buná, Taboguilla no compromete el futuro de las aves marinas. Sin embargo, el problema es que, en cualquiera de ambos casos, la aprobación de una terminal petrolera en esas áreas representaría puerta de entrada para nuevas actividades petroleras multinacionales que amenazarían el ecosistema marino costero del Golfo de Panamá.
Se estima que, en un eventual derrame de petrolero crudo en esa zona del Pacífico, las comunidades más afectadas serían las de Otoque y Punta Chame, pero el mayor costo del potencial impacto aún no ha sido cuantificado. Ese es, precisamente, uno de los puntos en los que se sustenta la demanda y el reto de los ecologistas en su emplazamiento directo al Órgano Ejecutivo, que guarda silencio ante las acciones de la Municipalidad de Taboga.
