Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Expertos de la Red Mundial de Derecho Ambiental (ELAW, por sus siglas en inglés) revelaron hallazgos críticos respecto al proyecto minero Cobre Panamá, lo que debería generar una inmediata movilización del gobierno panameño y sus equipos técnicos.
La advertencia fue formulada este viernes en una conferencia de prensa convocada esste viernes en la capital panameña por Joana Ábrego especialista en Derecho Ambiental Internacional del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), de Panamá.
Ábrego precisó que el informe relativo a la estabilidad física de la presa de instalación de manejo de relaves (TMF, por sus siglas en inglés) revela una preocupante amenaza de contaminación en este país, similar a la que desembocó en una catástrofe tras el colapsó de la presa de desechos mineros en Brumadinho, Brasil, en 2019.
Debido a ello, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Movimiento Panamá Vale más sin Minería, exigieron al Órgano Ejecutivo que deje de dilatar el cumplimiento de la ley y privilegie la seguridad de las comunidades y la preservación del ambiente.
Los expertos de FLAW detectaron que un informe preparado por un contratista externo de la empresa minera advirtió en mayo de 2024 que el riesgo de erosión interna de la presa norte de TMF debe abordarse con “máximo cuidado y urgencia”, ante la alta pluviosidad en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, donde esta asentado el proyecto cuprífero.
Un informe previo, realizado en febrero de este año, demostró que ninguno de los inclinómetros de la presa del TMF estaban operativos. El noveno informe presentado señaló que únicamente dos de cinco inclinómetros estaban funcionando.
Al respecto, Ábrego sostuvo que científicos canadienses y estadounidenses que llegaron a Panamá en una labor de inspección reconocieron que han sido violados en Panamá los protocolos que se exigen a las empresas de explotación mineral.
El biólogo Isaías Ramos, del CIAM, sostuvo que ha transcurrido más de un año sin que se de ningún seguimiento al manejo físico y químico en Cobre Panamá, desde que en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el gobierno panameño y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la multinacional First Quantum Minerals, con sede en Canadá.
Las organizaciones ambientalistas han exigido al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, que impida la reapertura de la mina y ejerza sus facultades legales en defensa de la población y la vida silvestre, antes de que las sustancias tóxicas se filtren al medio natural y alcancen el mar.
