Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
La extensa serie de casos de corrupción ventilados en los juzgados de Panamá en los últimos años es un espejo que refleja, una y otra vez, la misma tragedia: gobiernos que llegan con promesas de transparencia y justicia, pero se convierten en administraciones caracterizadas por el saqueo, el despilfarro y la impunidad.
El manejo de la pandemia de Covid‑19 fue un ejemplo triste y doloroso de esa realidad. En el momento en que la nación más necesitaba unidad y honestidad, se multiplicaron las órdenes de compras fraudulentas de ventiladores, hospitales inconclusos y subsidios manipulados. El dinero destinado a salvar vidas se transformó en el botín de unos cuantos.
Cuando Panamá enfrenta nuevas emergencias derivadas de un potente terremoto y se proyectan en este país cuantiosos fondos para la atención a los damnificados, la sombra de la corrupción vuelve a perfilarse en el escenario nacional.
Los mismos mecanismos de clientelismo, sobreprecios y desvío de recursos amenazan con repetirse, como si los casos acumulados durante la pandemia no hubiesen dejado una enseñanza. Cada dólar que se roban los corruptos se necesita en una casa que no se reconstruye, un puente que no se levanta, un alimento que no llega a la mesa de los más necesitados.
La corrupción en este país no es un accidente aislado. Es un patrón histórico que se reproduce con cada nueva administración, debilitando la confianza ciudadana y erosionando la dignidad nacional. Los protagonistas cambian, los partidos políticos se alternan, pero el método es el mismo: aprovechar la tragedia de la comunidad para enriquecerse.
La mansedumbre de una parte de la población, como ha sido denunciado previamente, se convierte en terreno fértil para el abuso.
Hay que romper el ciclo. Por más promesas de visibilidad y control de los fondos destinados a los damnificados, más de 100 millones de dólares, no hay que permitir que puedan convertirse en otro capítulo de saqueo.
Es necesario exigir vigilancia, transparencia y sanciones penales ejemplares en los casos de peculado. El negro pasado de los escándalos que estallaron durante la pandemia de Covid-19 debe servir de advertencia y disuasión de los delitos.
Si no se puede transformar la indignación en acciones concretas, la población seguirá condenados a repetir la misma historia de gobiernos que prometen servir a la población pero que terminan sirviéndose del dolor de su pueblo.
A fin de no olvidar, se presenta, a continuación, un recordatorio de los escándalos registrados durante la pandemia en la administración de Laurentino Cortizo Cohen (2020–2024):
• Compra de ventiladores: (Muriba Company), B./5.2 millones. Sobreprecio: B./48,950 por unidad (precio real B./7,000) Empresa vinculada a familiares de sobrina del presidente. Contrato anulado. Investigación abierta.
• Hospital modular Covid-19: B/10 millones. Obras inconclusas, sobrecostos. Proyecto abandonado, aún sin condenas.
• Subsidios Digitales: (Vale Digital). B.9000.000. Patrimonio injustificado. Luis Oliva, exdirector de la AIG detenido. Proceso en curso.
• Descentralización paralela:. B.41.4 millones. Transferencias a juntas comunales controladas por diputados. 97 imputados; 41 casos abiertos.
• Auxilios económicos del IFARHU: Millones de dólares en becas discrecionales. Becas y subsidios otorgados a allegados políticos, funcionarios del IFARHU, allegados. Investigaciones preliminares.
• Continuación de fraudes en descentralización: B/40 millones. Diputados y alcaldes. Fiscalía Anticorrupción mantiene procesos.
